Un pacto fiscal verde para América Latina y el Caribe

La denominada triple emergencia planetaria —la crisis del cambio climático, la pérdida de la biodiversidad y la contaminación— amenazan nuestro futuro. Al menos el 50% de las emisiones globales de gases de efecto invernadero (GEI) provienen de sólo 3 grandes emisores (China, Estados Unidos de América y la Unión Europea), mientras que el grupo de los países menos desarrollados sólo generaron el 0,56% de estas emisiones.

Esto también ocurre a nivel individual: las personas de más altos ingresos contribuyen desproporcionadamente más a la crisis que las personas de más bajos ingresos. 

La región enfrenta el imperativo de llevar a cabo una transición socio-ecológica que permita la reconciliación del bienestar social y económico con la protección ambiental. Lograr este cambio de paradigma requiere transformaciones estructurales, incluyendo la transición hacia matrices energéticas descarbonizadas y diversificadas, restauración de ecosistemas vitales y democratización de sistemas agroalimentarios para garantizar soberanía alimentaria.

Quien contamina, paga

La COP 28 es un escenario donde los países deberían asumir compromisos concretos y verificables de financiamiento. Los países desarrollados, habiendo basado su crecimiento en combustibles fósiles y prácticas extractivas, tienen la obligación de proveer decenas de billones de dólares en financiamiento hacia el Sur Global. Sumado a eso, regiones como América Latina y el Caribe requieren movilizar recursos para financiar la acción climática y la transición energética en forma justa y equitativa.

En este contexto, un grupo de organizaciones de la sociedad civil conformado por GI-ESCR, FIMA, AIDA, Gflag, Nuestra América Verde y Dejusticia, lanzaron el informe Impuestos verdes y progresivos para la transición socioecológica como un llamado urgente para que los Estados pasen de los discursos a los recursos.

Medidas fiscales, progresivas y verdes

1. Impuestos a la riqueza y al consumo intensivo en carbono de los más ricos:
   – Establecer un impuesto al patrimonio regional de quienes poseen fortunas superiores a más de USD1,000 millones.
   – Establecer un impuesto regional a los viajes en avión privado con una tarifa por km2.
   – Elevar impuestos a vehículos de alta gama que operen con combustibles fósiles.
2. Combate a la elusión, evasión fiscal y los flujos financieros ilícitos
   – Coordinar regionalmente para buscar incrementar el impuesto mínimo global del 15% al 25%.
   – Crear un Registro Regional de Activos para identificar quién posee y dónde se encuentra realmente la riqueza.
   – Apoyar regionalmente y con otros bloques del Sur Global una Convención Tributaria de Naciones Unidas.
3. Impuestos verdes a la energía y al carbono
   – Introducir impuestos al carbono en distintas modalidades
   – Eliminar privilegios tributarios al sector extractivo y subsidios a los combustibles fósiles, minimizando sus potenciales impactos regresivos.

Como parte de las peticiones urgentes para avanzar en la agenda hacia una transición justa y sostenible, 86 organizaciones y aliados de la sociedad civil suscribieron 10 peticiones que conforman un paquete de medidas de financiamiento orientadas a atender con urgencia las pérdidas y los daños, incrementar el financiamiento para la adaptación y alcanzar una #TransiciónJustaYa. 

Adjunto puedes descargar el informe sobre impuestos verdes y las 10 peticiones.