Recta final del gobierno de Gustavo Petro y Francia Márquez: nuestro balance

El gobierno del presidente Gustavo Petro y la vicepresidenta Francia Márquez cumple su tercer año en un escenario en el que ambas figuras parecen estar distanciadas, de acuerdo a los análisis hechos por la opinión pública, organizaciones y medios de comunicación. Además, desde el 7 de agosto de 2022 se han producido 58 cambios en los 19 ministerios de Colombia, reflejo de un gabinete poco estable. 

En cuanto a la ejecución y sus políticas, hay resultados  mixtos. Por un lado, la pobreza monetaria alcanzó su nivel más bajo desde 2012 (31,8 %) y la economía creció 1,7 % en 2024, lo que el gobierno celebra como una mejora en el bienestar social. Sin embargo, persisten desafíos: las violencias territoriales siguen en niveles altos, y sobre ello alertó la Defensoría, pues se registró un preocupante panorama de violencia durante los primeros cuatro meses de 2025. De hecho, Indepaz reporta 38 masacres en lo corrido del año, mientras las finanzas públicas enfrentan desajustes importantes, como la recaudación de impuestos de 2025, que, a mediados de año, alcanzó apenas el 38,5 % de la meta anual, con 11,4 billones de pesos de déficit. 

Para hacer un balance en este tercer año de gobierno, nuestras líneas de investigación hicieron un examen de algunas acciones, inacciones y omisiones claves. Los resultados de nuestro análisis están clasificados en tres colores: en rojo, aquellos temas en los que creemos que hay retrocesos o donde la situación ha empeorado; en amarillo, aquellas metas o promesas que se han estancado; y en verde, lo que consideramos que es un avance y debe seguir marchando.

Justicia transicional

Rojo: En 2024 se agravaron las afectaciones a la población civil derivadas del conflicto. Según el CICR, aumentaron los ataques con artefactos explosivos (+89 %), los confinamientos colectivos (+102 %) y los desplazamientos forzados (+34 %) en comparación con 2023. Además, se registraron al menos 252 casos de desaparición forzada en ese año. Estas cifras muestran que la violencia persiste y que la impunidad continúa permitiendo graves violaciones a los derechos humanos.

Amarillo: La promesa de entregar el Museo de la Memoria de las víctimas quedó incumplida. Aunque estaba programado para 2022 y volvió a anunciarse en 2024, al momento no se ha inaugurado. La demora prolongada en esta infraestructura simbólica refleja la falta de voluntad para cumplir con la promesa que desde hace 10 años se hizo a las víctimas de tener un lugar para conmemorarlas y preservar la memoria.

Verde: Se aceleró el pago de indemnizaciones a víctimas. Mientras en 2023 se indemnizó a 143.602 personas, en 2024 la cifra subió a 285.537. Este notable aumento en las indemnizaciones representa un avance en la reparación material para miles de familias afectadas. No obstante, no hay información sobre las otras medidas de reparación que constituyen la reparación integral.

Justicia fiscal

Rojo: Aunque el gobierno presentó un ambicioso Plan Nacional de Desarrollo enfocado en la inversión social,  la ejecución ha estado muy por debajo de lo prometido.  Por ejemplo, en 2024, solo se ejecutó el 57% de los $90,6 billones destinados a inversión. Esto representa 20 puntos por debajo del promedio histórico (77%).  Es el peor nivel de ejecución desde 2002, cuando fue del 56%. 

Amarillo: La evasión y elusión fiscal siguen siendo uno de los mayores obstáculos para la justicia tributaria en Colombia. Aunque se anunciaron medidas para combatirlas, su aplicación ha sido débil y sin resultados contundentes. Según estimaciones de la DIAN, el país pierde entre 80 y 100 billones de pesos al año por esta causa, una cifra que supera ampliamente el presupuesto de sectores clave como salud o educación.

Verde: Colombia se destacó en la escena internacional por promover la justicia tributaria. Desde 2023 apoyó la creación de la Plataforma Tributaria de América Latina y el Caribe (PTLAC) y participa activamente en la Convención Marco de la ONU contra la evasión fiscal. Estos esfuerzos muestran un compromiso gubernamental con la cooperación internacional para combatir la corrupción fiscal y la planificación tributaria agresiva.

Sistema judicial

Rojo: El gobierno ha ejercido su poder nominador en detrimento de principios como la publicidad, la transparencia, la independencia y la equidad de género. Por ejemplo, el presidente Petro ternó como magistrado para la Corte Constitucional a un amigo personal, Héctor Carvajal, quien resultó elegido por encima de dos mujeres más idóneas e independientes. Situaciones así erosionan la confianza en la imparcialidad de la justicia.

Amarillo: Aunque el gobierno está trabajando en un CONPES de humanización del sistema penitenciario, muchos de los problemas estructurales que subyacen a la crisis carcelaria están relacionados con una reforma legal de fondo que el gobierno intentó llevar a cabo en 2023, pero que después de su trámite fallido ante el Congreso no ha vuelto a radicar. Por otro lado, en medio de un hacinamiento carcelario que alcanza casi el 30% y después de 10 años de la declaratoria del estado de cosas inconstitucional en prisiones, el gobierno no ha presentado avances significativos en la solución de la crisis ni ha cumplido la promesa de tener prisiones más humanas.

Verde: El impulso de programas como ‘Colonias Agrícolas’ y la Ley 2446 de 2025, que establece la política pública de cárceles productivas, representa un avance hacia una política criminal  centrada en la resocialización y la restauración del tejido social. 

Regionalización

Rojo: Aumentó la violencia contra liderazgos territoriales. Según la Misión de Observación Electoral, entre enero y abril de 2025 se registraron 128 casos de agresiones a líderes sociales y políticos, solo una ligera baja respecto a 2021 (152 casos). Pese a esa pequeña caída, la proporción de atentados y homicidios letales sobre este grupo subió del 37,5 % al 42 % en dicho periodo. Además, la tasa de homicidios aumentó en varias ciudades entre 2023 y 2024 (solo Medellín registró una baja), lo que contrasta con el enfoque de “seguridad humana” anunciado en el Plan Nacional de Desarrollo. Estos datos configuran un retroceso en las condiciones de seguridad de los territorios.

Amarillo: Avanza lentamente la redistribución territorial de recursos. En febrero de 2025 se sancionó el Acto Legislativo 018 de 2024 para elevar gradualmente del 26 % al 39,5 % del presupuesto nacional al gasto territorial, pero aún no se reglamenta ni se clarifican competencias locales. Sin un reordenamiento institucional que defina funciones entre niveles de gobierno, la medida corre el riesgo de quedar como un mero ajuste contable sin impacto real en la autonomía regional.

Verde: No se identificaron avances.

Política de drogas

Rojo: Se retomó la fumigación con glifosato. Tras una suspensión, el gobierno anunció en 2024 el Plan Estratégico de Erradicación con Glifosato (PECAT) para combatir los cultivos ilícitos, lo que contradice compromisos anteriores de no usar esta sustancia. Además, sigue pendiente la regulación del cannabis de uso adulto y el desarrollo de usos alternativos de la hoja de coca, asuntos prometidos pero aún sin normas aprobadas.

Amarillo: Está estancada la implementación de la Ley de Servicio de Utilidad Pública. La norma para mujeres privadas de la libertad (Ley 2292 de 2023) no se ha traducido en un beneficio claro: hasta la fecha hay solo 172 decisiones favorables. Ahora bien, es complejo evaluar si este número es un avance significativo a dos años de la adopción de la ley, debido a que no se conoce a ciencia cierta el universo de las posibles beneficiarias ni tampoco el universo completo de solicitudes presentadas vs. las solicitudes negadas.

Verde: Colombia ha ganado liderazgo en foros internacionales de drogas. Entre 2023 y 2025 ha impulsado la adopción de una resolución en la ONU para crear un panel de expertos que revise de manera independiente los tratados sobre drogas. Este rol proactivo refuerza la voz del país en debates globales sobre políticas de drogas.

Internacional

Rojo: Se evidenció una alta rotación en Cancillería en un momento crítico. Varios cancilleres han cambiado en un periodo breve justo cuando Colombia preside espacios regionales clave y contrae compromisos internacionales; esa inestabilidad puede poner en riesgo la ejecución de acuerdos pendientes. Además, sigue sin solucionarse el problema de los pasaportes, lo que genera incertidumbre a la ciudadanía.

Amarillo: Después de la exitosa organización de la COP16, han surgido demoras en la preparación de eventos internacionales próximos. Se registran atrasos logísticos y falta de claridad en la agenda de la V Cumbre Amazónica o del Foro Mundial sobre Migraciones y Desarrollo, a pocos meses e incluso días de su realización. Además, preocupa la falta de planificación en la Cumbre CELAC-Unión Europea programada para noviembre en Santa Marta.

Verde: Colombia ha ganado protagonismo en el escenario internacional con posiciones valientes como la condena a los crímenes internacionales cometidos por Israel en Gaza y la promoción de acciones conjuntas con otros Estados a través del Grupo de La Haya. También ha logrado llegar a espacios claves como el Consejo de Seguridad y el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas o la Secretaría General Adjunta de la OEA.

Justicia ambiental

Rojo: No se ha detenido la violencia contra líderes ambientales. Colombia sigue siendo, según Global Witness, el país con más asesinatos de defensores ambientales.

Amarillo: La reducción de la deforestación y la implementación del Acuerdo de Escazú siguen pendientes. Hubo una reducción de la tasa de deforestación hasta 2023, pero en 2024 se evidenció una nueva alza en las cifras, al parecer, resultado del fraccionamiento y ruptura de las negociaciones con las disidencias. Para lo que se lleva del 2025, no hay claridad respecto a los datos. El gobierno anunció una nueva reducción y la Procuraduría señaló un incremento de más de 80.000 hectáreas deforestadas. Por otro lado, aunque se aprobó internamente el Acuerdo de Escazú para la protección ambiental y transparencia climática, hasta ahora el gobierno no ha presentado una ruta de implementación clara. La falta de un plan unificado impide coordinar las acciones entre entidades y frena la consolidación de estos compromisos ambientales.

Verde: La visibilización y posicionamiento que el gobierno Petro ha dado a la agenda ambiental y amazónica en Colombia y su relación con el mundo. Además de organizar la COP16, se consolidó la creación del Fondo Cali para la biodiversidad y se prepara la Cumbre de Presidentes Amazónicos. Estas iniciativas ponen a Colombia en el centro de debates globales sobre el medio ambiente, reconociendo la importancia estratégica del país en estos temas.

Transparencia

Rojo: En los últimos tres años, el Gobierno de Gustavo Petro, junto con integrantes de comisiones poderosas del Congreso, ha recurrido a la opacidad y la centralización presupuestal, cometiendo presuntas conductas delictivas, lo que atenta contra la moralidad administrativa y el patrimonio público. Se señalan tres casos: 

1. Financiamiento de la campaña del Pacto Histórico. Nicolás Petro, hijo del presidente, está acusado de enriquecimiento ilícito y lavado de activos por la obtención de recursos para la campaña presidencial. Estas acusaciones han suscitado dudas sobre la legalidad de los fondos y llevaron al Consejo Nacional Electoral a abrir una investigación por posibles excedencias en los topes de gastos, lo que podría afectar el derecho colectivo de participación ciudadana en el poder político.
2. Corrupción en la UNGRD. Camiones cisterna para La Guajira con sobrecostos y contratos con empresas fantasma, implicando presuntos sobornos a altos funcionarios y congresistas, vulneró el acceso al agua potable, la eficiencia de los servicios públicos y la seguridad ante riesgos de desastres.
3. Cartel de los cupos indicativos en Invías. La Corte Suprema investiga a 28 congresistas por la adjudicación irregular de contratos de obra pública, violando la prestación eficiente de servicios y la libre competencia económica.

Estos episodios de corrupción sistémica erosionan la confianza institucional y agravan la crisis fiscal.

Justicia económica

Rojo: No se avanza en datos clave de nutrición y salud pública. La Encuesta Nacional de Situación Nutricional (ENSIN), esencial para diseñar políticas de alimentación, lleva 10 años sin ser actualizada. No tenerla representa un vacío estadístico para Colombia y no permite tomar decisiones basadas en la evidencia. Además, persiste la falta de regulación en la venta y publicidad de alimentos ultraprocesados en colegios, medida recomendada por la OMS. Estos vacíos representan retrocesos en la prevención de enfermedades crónicas no transmisibles y en el derecho a la salud alimentaria.

Amarillo: Las medidas en favor de salud pública sufren fallas en su ejecución. Aunque existen el impuesto saludable y el etiquetado frontal de advertencia a alimentos ultraprocesados, su aplicación no ha sido integral. Se han documentado deficiencias en la vigilancia y en la conexión de estas medidas con otras políticas (por ejemplo, garantizar acceso a alimentos saludables). En consecuencia, su potencial impacto queda limitado.

Verde: Se consagró el derecho a la alimentación en la Constitución. Las reformas a los artículos 45, 65 y 66 constitucionales elevan la seguridad alimentaria a derecho fundamental. Esto proporciona una base legal más sólida para futuras políticas de salud pública y reconoce explícitamente la importancia de la nutrición en el marco de los derechos sociales.

Género

Rojo: Persisten contradicciones en el enfoque de género. Por un lado, se han dado avances discursivos simbólicos, pero también han proliferado declaraciones controvertidas por parte del presidente o ministros que podrían considerarse misóginas. Además, en el último año se nombraron funcionarios con agendas anti-derechos (por ejemplo, el pastor Saade). Estos hechos han generado preocupación en movimientos de mujeres y colectivos LGBTI+ sobre el verdadero compromiso del gobierno con la igualdad.

Amarillo: No se avanzó en la agenda de cuidado. A pesar de los discursos a favor de una mayor redistribución de responsabilidades domésticas y comunitarias, que han recaído históricamente en las mujeres, los cambios concretos se vieron afectados por la reestructuración del Ministerio de la Igualdad. En la práctica, las iniciativas para fortalecer el cuidado no han logrado arraigarse debido a la inestabilidad institucional.

Verde: Se mantuvo la paridad de género en el gabinete. Aunque hubo cambios ministeriales, el gobierno ha continuado con presencia igualitaria de mujeres y hombres en los altos cargos. Se destaca la presentación de la terna de mujeres para el cargo de la Defensoría del Pueblo, lo que permitió la escogencia de la primera Defensora en 35 años de existencia de la institución. 

Justicia étnico-racial

Rojo: No se identificaron retrocesos.

Amarillo: La implementación del Capítulo Étnico del Acuerdo de Paz sigue rezagada. De los indicadores pactados para pueblos indígenas, afrodescendientes y demás comunidades étnicas, solo el 21 % están cumplidos y el 38 % no muestra ningún avance. Informes de la ONU alertan que no se han cumplido compromisos esenciales (por ejemplo, sobre tierras) y que se han eliminado indicadores clave del seguimiento. Esta situación dificulta la rendición de cuentas y pone en riesgo la veracidad de los compromisos asumidos.

Verde: Se creó un nuevo instrumento de autonomía indígena. El 5 de mayo de 2025 se expidió el Decreto 488/2025, que pone en funcionamiento, tras 34 años, las Entidades Territoriales Indígenas (ETI). Este decreto define competencias (ordenamiento territorial, educación, salud, agua, saneamiento, etc.) y procedimientos claros para que los pueblos indígenas gestionen recursos públicos (participaciones y regalías) de manera autónoma. Es un paso histórico hacia el reconocimiento político y cultural de estos pueblos.