Digitalidad justa: una investigación sobre tecnología y derechos humanos

¿Puede la tecnología ampliar derechos sin profundizar desigualdades? Esa es una de las preguntas centrales de Digitalidad justa: aproximaciones desde los derechos humanos, una nueva compilación investigativa que propone una mirada situada desde el Sur Global sobre los impactos de las tecnologías digitales en la vida pública, la justicia, la niñez y la democracia, y que estamos lanzando este año en el marco de la FILBo 2026.

En esta investigación apostamos a la  búsqueda de un mejor balance entre las oportunidades y los riesgos que representan las tecnologías digitales para los derechos humanos. Por un lado, estas tecnologías pueden ampliar la participación pública, facilitar el acceso a información, educación y salud, mejorar servicios del Estado y acercar herramientas a territorios históricamente excluidos. Pero, al mismo tiempo, su funcionamiento basado en el procesamiento masivo de datos afecta la privacidad, amplía brechas de acceso e influye sobre nuestras conductas.

Este panorama confirma la urgencia de contar con investigaciones que no se limiten a celebrar la innovación tecnológica, sino que examinen sus efectos concretos sobre los derechos. Para esta primera compilación, reunimos cuatro investigaciones que, aunque parten de problemas distintos, comparten la idea de cómo avanzar hacia una digitalidad que no debilite garantías, sino que atienda sus impactos concretos en la vida de las personas y en el funcionamiento de las instituciones.

El libro aborda la forma como la brecha digital afecta la participación de víctimas del conflicto armado ante instituciones de justicia transicional; el uso de inteligencia artificial por parte de servidores judiciales en Colombia; el perfilamiento de niños, niñas y adolescentes para dirigirles publicidad de productos ultraprocesados; y las respuestas judiciales frente a distintas formas de represión digital.

Brecha digital y participación de las víctimas en la justicia transicional

Este primer capítulo analiza cómo la brecha digital afecta la participación de víctimas del conflicto armado en el Urabá antioqueño ante la Jurisdicción Especial para la Paz y la Unidad de Búsqueda de Personas dadas por Desaparecidas (UBPD). El problema de fondo es que las herramientas digitales pueden facilitar el acceso a la información y acercar a las víctimas a instituciones que deben garantizar sus derechos, pero también pueden convertirse en una nueva barrera cuando no existen condiciones materiales, habilidades digitales, conectividad suficiente o dispositivos adecuados.

La participación de las víctimas no es un trámite cualquiera: está ligada al reconocimiento, la dignificación y la posibilidad de ser escuchadas dentro de procesos de justicia transicional.

Las recomendaciones del capítulo apuntan a no asumir que la digitalización, por sí sola, garantiza participación. Se propone combinar medidas institucionales y comunitarias como mejorar la conectividad, ofrecer apoyos materiales, adaptar las plataformas a los dispositivos reales que usan las víctimas, priorizar la presencialidad en casos sensibles y fortalecer el rol de jóvenes y liderazgos sociales. También se plantea la necesidad de una articulación entre la JEP, la UBPD, el MinTIC, el Ministerio de Educación y las autoridades locales, porque garantizar los derechos de las víctimas no puede esperar a que el país cierre por completo su brecha digital.

Inteligencia artificial en la justicia colombiana

El segundo capítulo estudia el uso de inteligencia artificial generativa por parte de servidores judiciales en Colombia. La IA puede ayudar a descongestionar despachos, mejorar la eficiencia y apoyar tareas administrativas o documentales, pero también puede generar riesgos graves para el debido proceso, la independencia judicial, la transparencia, la igualdad ante la ley y la calidad de las decisiones.

Insistimos en que esos riesgos no dependen solo de la tecnología, sino de quién la usa, con qué fines, bajo qué condiciones, con qué formación y con qué nivel de transparencia. 

Las recomendaciones se orientan a evitar tanto la idealización como el rechazo absoluto de la IA. El capítulo crea una tipología de servidores judiciales, según su uso de IA, y propone políticas con reglas claras de uso, mecanismos de rendición de cuentas, órganos de monitoreo independientes, formación técnica, espacios controlados de experimentación y transparencia sobre cuándo y cómo se usa la IA.

La innovación puede ser útil sólo si permanece bajo dirección y control humano, y si contribuye a una justicia tecnológicamente asistida, pero centrada en las personas. 

Perfilamiento de niñas, niños y adolescentes para vender ultraprocesados

El tercer capítulo se concentra en el creciente uso de datos personales de niños, niñas y adolescentes para construir perfiles digitales y dirigirles publicidad de productos ultraprocesados. Esto no solo plantea un riesgo para la privacidad y la protección de datos, sino también para derechos como la salud, la información, la educación, el desarrollo y el interés superior de la niñez. 

Planteamos que el consentimiento previo, expreso e informado de los representantes legales es apenas un primer paso y puede resultar insuficiente, por lo que abrimos la discusión sobre medidas que limiten o prohíban la publicidad digital de productos ultraprocesados dirigida a niñas, niños y adolescentes.

Represión digital y respuestas judiciales

El cuarto capítulo analiza cómo los tribunales en distintos países del mundo han respondido a casos de represión digital de la protesta y de voces críticas. Las tecnologías digitales, que alguna vez fueron vistas como herramientas democratizadoras para la movilización social, también han sido usadas por Estados y otros actores, como grandes empresas, para censurar, vigilar, perseguir usuarios, bloquear contenidos o cortar internet durante protestas. 

Estudiamos casos comparados para entender cuándo los jueces actúan como contrapoder frente a la represión digital y cuándo la legitiman. 

Las recomendaciones apuntan a fortalecer las condiciones que permiten al poder judicial limitar la represión digital. Entre ellas están la movilización legal de quienes demandan, la independencia judicial, el uso de estándares internacionales de derechos humanos, el encuadre constitucional de los casos y la interpretación amplia de derechos como la libertad de expresión, reunión, asociación y acceso a internet. 

La represión política y digital puede ser resistida y limitada cuando existen jueces capaces de leer los conflictos digitales desde una perspectiva democrática y garantista. 

Para profundizar en estos debates, descarga la publicación completa aquí: Digitalidad justa: aproximaciones desde los derechos humanos.