De los impuestos a los derechos

Imaginemos por un momento una escuela pública en una zona rural, un hospital que atiende a cientos de personas cada día o un sistema de agua potable que llega a una comunidad donde antes las familias debían recorrer kilómetros para conseguir agua. Ahora imaginemos que esos servicios dejan de funcionar porque no hay recursos para mantenerlos.

Aunque pocas veces pensamos en ello, detrás de cada escuela, hospital, carretera o programa social están las políticas fiscales que indican de donde sale el dinero y cómo se gasta.

Sin embargo, cuando hablamos de derechos humanos rara vez pensamos en impuestos, presupuestos o deuda pública. Durante mucho tiempo se creyó que los derechos humanos pertenecían al mundo de las libertades, la justicia y la protección frente a los abusos del poder, mientras que los impuestos eran asuntos técnicos reservados para economistas y ministerios de hacienda.

Pero esa separación es, en buena medida, una ilusión.

Después de todo, “sin recursos, no hay derechos”. Garantizar el acceso a la salud, la educación, la vivienda, la protección social o incluso responder a los desafíos del cambio climático requiere inversión pública. En otras palabras, sin recursos suficientes los derechos corren el riesgo de quedarse en el papel.

Esta manera de entender la relación entre fiscalidad y derechos humanos no surgió de la noche a la mañana. Durante años, organizaciones de la sociedad civil de América Latina impulsaron la idea de que los impuestos, los presupuestos y la deuda pública debían analizarse a la luz de los derechos humanos. Uno de los esfuerzos más importantes ha sido la Iniciativa por los Principios de Derechos Humanos en la Política Fiscal, promovida por organizaciones como Dejusticia, ACIJ, CELS, Fundar, INESC y la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe.

El objetivo de esta iniciativa ha sido sencillo pero ambicioso: demostrar que las políticas económicas no pueden diseñarse al margen de las obligaciones de derechos humanos que los Estados han asumido. A partir de este trabajo colectivo se construyeron principios y directrices que buscan orientar la política fiscal hacia la igualdad, la transparencia, la participación ciudadana y la reducción de las desigualdades.

Esta idea ha ido ganando fuerza en distintas partes del mundo durante los últimos años. Cada vez más organizaciones, académicos e instituciones internacionales han comenzado a preguntarse cómo las decisiones sobre impuestos, gasto público o endeudamiento afectan la vida de las personas. Y en 2026 esa reflexión recibió un impulso importante en las Américas con la adopción de la Resolución 2/26 sobre Políticas Fiscales y Derechos Humanos por parte de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

La Resolución parte de la idea de que cuando un Estado decide quién contribuye al financiamiento de lo público y en qué se invierten esos recursos, también está definiendo qué tan accesible será la educación, quién podrá recibir atención médica o qué comunidades contarán con infraestructura y servicios básicos. En otras palabras, detrás de las decisiones fiscales se encuentran muchas de las condiciones que hacen posible —o limitan— el ejercicio de los derechos humanos.

Pensemos en un ejemplo. Cuando un país depende principalmente de impuestos al consumo, las familias con menores ingresos suelen terminar destinando una importante proporción de sus recursos escasos al pago de impuestos. En cambio, cuando quienes tienen mayores ingresos o riqueza contribuyen más al financiamiento de los gastos públicos, el sistema puede ayudar a reducir desigualdades y generar mayores oportunidades para quienes más lo necesitan.

Pero la discusión no termina en el recaudo. También importa cómo se utilizan esos recursos. Un presupuesto público puede ampliar la cobertura o mejorar la calidad educativa o fortalecer los sistemas de salud. Sin embargo, también puede priorizar gastos que beneficien a unos pocos sectores o grupos de interés. Por eso, hablar de política fiscal es también hablar de las prioridades de una sociedad.

En este contexto, la Resolución 2/26 representa un avance histórico. Más que crear obligaciones completamente nuevas, reúne trabajos como el de la Iniciativa de los principios de derechos humanos en política fiscal y fortalece estándares que se encontraban dispersos en distintos instrumentos internacionales.

La CIDH recuerda que los Estados tienen margen para definir sus políticas económicas, pero también señala que esas decisiones deben respetar principios fundamentales como la igualdad, la no discriminación, la progresividad y la movilización del máximo de recursos disponibles para garantizar derechos.

La resolución también insiste en algo que suele olvidarse, la política fiscal debe ser transparente y estar abierta a la participación ciudadana. Las decisiones sobre cómo se recauda y se gasta el dinero público afectan la vida de millones de personas y, por lo tanto, no deberían quedar únicamente en manos de expertos o autoridades gubernamentales.

Esta mirada permite entender mejor por qué la evasión fiscal, los beneficios tributarios injustificados o ciertas medidas de austeridad no son únicamente problemas económicos. También pueden traducirse en menos recursos para el bienestar social.

Al final, la gran contribución de organizaciones como Dejusticia, y de la Resolución 2/26 de la CIDH, consiste en recordarnos que la realización de los derechos humanos depende de las decisiones de política fiscal, una relación importante pero desatendida. 

Los impuestos no son solo números. El presupuesto no es simplemente una hoja de cálculo. Detrás de cada decisión fiscal hay personas que podrán —o no— acceder a una educación de calidad, a servicios de salud oportunos o a una vida digna.

Por eso, la justicia fiscal y la justicia social no son discusiones separadas. Son dos formas de hablar de la construcción de sociedades más equitativas y comprometidas con la garantía efectiva de los derechos humanos.