Presentamos una investigación sobre el acceso a la información ambiental para atender los puntos ciegos de la cadena cárnica

¿Qué tiene que ver el acceso a la información ambiental con la carne que comemos? Para entender el vínculo crítico entre la ganadería y la deforestación en la Amazonia, hay que repasar las opacidades y barreras que persisten en el acceso a información de carácter ambiental en Colombia. Aunque el país cuenta con un marco legal de transparencia y ha ratificado el Acuerdo de Escazú, el flujo de información sobre el origen del ganado sigue fragmentado. Esta desconexión impide que la ciudadanía ejerza su derecho a saber el origen de los productos que consume y permite que la carne vinculada a la deforestación siga circulando a pesar de las alertas técnicas. 

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Para ahondar en los marcos y en las obligaciones que pueden ofrecer rutas para avanzar en la transparencia de la cadena, desde Dejusticia y el Center for Climate Crime Analysis (CCA) presentamos la investigación “Deforestación y los puntos ciegos de la cadena cárnica: transparencia y trazabilidad”. Más allá de diagnosticar las barreras técnicas o políticas, ofrecemos algunas recomendaciones de política pública para garantizar el derecho al acceso a la información ambiental y afinar el actual sistema de monitoreo, que presenta graves vacíos de información geográfica y fallas de coordinación entre entidades claves como el ICA o el Invima. Insistimos, además, que el cumplimiento del Acuerdo de Escazú puede constituir una salida para superar los déficit de control y la publicidad que persisten en la cadena. 

Entre 2001 y 2023 la deforestación acumulada en la Amazonia colombiana alcanzó las 2.050.868 hectáreas, según el Ideam. Gran parte de esta deforestación se ha producido en áreas protegidas, incluyendo resguardos indígenas, con un repunte en 2024 que se concentró principalmente en los departamentos de la región amazónica de Meta, Caquetá, Guaviare y Putumayo.

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El principal factor de deforestación en la Amazonia colombiana es el establecimiento de pastizales, relacionado tanto con actividades ganaderas como con el acaparamiento de tierras u otras actividades agrícolas ilegales. Se ha calculado que hasta 2016, el 70% de la deforestación colombiana había sido causada por el sector ganadero. En 2020 y 2021, el Ideam informó que casi todos los puntos críticos estaban asociados con la ganadería extensiva. 

Enfatizamos en que la transparencia en la información, más que un aspecto técnico, es una condición habilitante para el ejercicio y la defensa de los derechos. Este derecho no se agota en la publicación pasiva de datos, sino que exige mecanismos claros, accesibles y comprensibles para la ciudadanía, con especial énfasis en poblaciones rurales y comunidades étnicas que dependen directamente de la tierra y los bosques.

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¿Cuáles son algunos de nuestros hallazgos?

1. Falla sistémica de transparencia: La persistencia de carne vinculada a la tala de bosques en los mercados responde a una falla estructural en el acceso a la información y el control de la cadena de suministro. La mayoría de la información proporcionada por las autoridades es inconsistente. Persisten datos faltantes o incompletos, duplicidad de registros, errores en formatos de coordenadas geográficas, inconsistencias en nombres de predios y veredas e identificación inconsistente de ganaderos.
2. Separación entre lo sanitario y lo ambiental: El sistema de trazabilidad actual fue diseñado exclusivamente para el control de enfermedades (como la fiebre aftosa), e ignora por completo los objetivos de protección ambiental y la ubicación del ganado respecto a zonas deforestadas.
3. Inutilidad de los datos oficiales para veeduría: Menos del 1% de los datos proporcionados por las autoridades (como el ICA) resultaron útiles para que actores independientes pudieran reconstruir los vínculos entre el ganado y la deforestación.
4. Vacíos críticos en las Guías de Movilización (GSMI): Estos documentos no exigen coordenadas geográficas, no individualizan a los animales (se emiten por lotes) y no registran el historial de movimientos, lo que permite el «lavado de ganado» proveniente de áreas protegidas.
5. Opacidad de la información en las plantas de beneficio: Los frigoríficos funcionan como «cajas negras» donde se pierde el rastro del origen del animal; aunque conocen el último predio de procedencia, omiten sus deberes de transparencia ambiental.
6. Sobreoperación de los frigoríficos: La investigación detectó plantas de sacrificio que operan muy por encima de su capacidad autorizada y que llegan, incluso, a niveles del 111%, 142% y hasta el 334%, lo que eleva el riesgo de procesar ganado ilegal.
7. Falta de articulación institucional e interoperabilidad: No existe un diccionario de datos unificado ni conexión entre los sistemas del ICA (trazabilidad), el INVIMA (plantas) y el IDEAM (deforestación), lo que impide un seguimiento efectivo.
8. Obligaciones de actores privados en el marco de Escazú: El Estado debe adoptar medidas para que las empresas privadas divulguen información sobre sus riesgos e impactos ambientales, pero Colombia carece de una reglamentación interna clara que operativice estas obligaciones para los particulares en la cadena de suministro. Al amparo de Escazú, esta información goza de un refuerzo en su protección legal de acceso. 
9. La información ganadera es información ambiental: Bajo los estándares del Acuerdo de Escazú, los datos de la cadena cárnica deben ser considerados de carácter ambiental y público, por lo que las entidades no deberían acudir a la protección de datos personales o al secreto comercial  para negarlos.
10. Concentración geográfica del riesgo: Los departamentos de Caquetá, Meta y Guaviare no solo tienen las tasas más altas de deforestación, sino que concentran el mayor flujo de ganado hacia plantas de beneficio en centros urbanos como Bogotá.

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Varias de nuestras recomendaciones de política pública

1. Obligaciones estatales y reformas institucionales

El Estado debe abandonar el enfoque meramente sanitario y transitar hacia uno que integre la protección ambiental en el control ganadero.

* Clarificación de competencias: Se recomienda impulsar acuerdos o decretos interinstitucionales para definir responsabilidades claras en materia de transparencia y control de la deforestación.

* Interoperabilidad forzosa: Es fundamental crear marcos normativos que obliguen a la interconexión de los sistemas de información del ICA (trazabilidad), el IDEAM (deforestación) e INVIMA (plantas de beneficio) a través de flujos de datos automatizados.

* Fortalecimiento del INVIMA: Se propone ampliar formalmente sus competencias para que pueda verificar el origen ambiental del ganado y negar certificaciones o cerrar plantas que procesen reses de áreas deforestadas de forma recurrente.

* Capacidad sancionatoria del ICA: Es necesario dotar al ICA de recursos humanos y tecnológicos (como software de análisis espacial) para ejercer efectivamente su función sancionatoria en materia de deforestación.

2. Componente de transparencia y calidad de la información

La transparencia debe dejar de ser un aspecto técnico para convertirse en una condición habilitante para la defensa de los derechos ambientales. Es urgente crear plataformas de consulta abierta, accesibles para la ciudadanía activa (comunidades locales, consumidores y sociedad civil en general) mediante las cuales puedan conocer el fenómeno, hacer análisis de información y participar de manera activa en el seguimiento y control de la problemática.

* De la reactividad a la transparencia activa: El Estado debe pasar de responder derechos de petición de forma aislada a la publicación sistemática, accesible y proactiva de la información en formatos abiertos.

* Creación de un geoportal de transparencia ganadera: Se recomienda diseñar una plataforma de código abierto que permita a la ciudadanía y consumidores realizar veeduría y seguimiento a la cadena de suministro.

* Estandarización de datos: Se debe crear un diccionario de datos oficial y unificado que elimine las inconsistencias actuales y permita el cruce de información entre entidades.

* Precisión geográfica e identificación individual: Se propone hacer obligatoria la delimitación de predios mediante polígonos y extender el Dispositivo de Identificación Nacional (DIN) para rastrear el historial completo de cada animal, para evitar así el lavado de ganado.

* Sistema de semáforo de riesgo: Diseñar una herramienta que categorice los predios según su nivel de riesgo de deforestación para que los nodos de control, como los frigoríficos, tomen decisiones informadas.

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3. Aplicación del Acuerdo de Escazú

El Acuerdo de Escazú ofrece estándares superiores que deben integrarse en la gestión de la cadena cárnica.

* Definición de información ambiental: Se debe clarificar normativamente que los datos de la cadena de suministro ganadera (ubicación, movilización y origen) son información ambiental bajo los términos del Acuerdo de Escazú.

* Información en manos de privados: Se urge a reglamentar las obligaciones para que las empresas privadas divulguen sus riesgos e impactos ambientales y climáticos, así como las cualidades ambientales de sus productos para evitar el greenwashing.

* Debida diligencia obligatoria: Implementar protocolos que obliguen a las plantas de beneficio a verificar el origen legal y ambiental del ganado, y establecer de esta manera la responsabilidad solidaria si procesan animales de áreas deforestadas.

* Enfoque diferencial: Garantizar que la información sea accesible y comprensible para poblaciones rurales y comunidades étnicas, proporcionando asistencia especializada para cerrar las brechas de acceso en territorios como la Amazonía.

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