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Columna

Policía del género

Es ingenuo pensar que por el hecho de que los decretos mencionaran el respeto a la autodeterminación de las personas y la aplicación del principio de buena fe, se protegería de cualquier tipo de violencia a personas trans y aquellas que no se autoidentifican ni como hombres ni como mujeres, también conocidas como personas no binarias.

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Entrada

Falacias para penalizar el aborto

Una mujer busca que ninguna otra mujer en Colombia pueda abortar y argumenta que de esta forma se reducirían los delitos sexuales. No solo eso, sino que da cifras para “comprobar” su hipótesis. ¿Qué tan ciertas son sus conclusiones?

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Artículo de Litigio

Amicus curiae en tutela sobre garantía del derecho a salud mental de víctimas del desplazamiento forzado

Dejusticia respalda las pretensiones de la acción de tutela dirigidas a que se garantice el derecho a la salud de cuatro mujeres que no han recibido una atención integral frente a las graves afecciones psíquicas y emocionales que se desataron a raíz de su condición de desplazadas por la violencia del conflicto armado. En respaldo de la tutela, Dejusticia argumenta que la vulneración de los derechos en este caso concreto se debe a una falla estructural de la política pública sobre desplazamiento forzado, en la medida en que no existen los mecanismos necesarios para asegurar a las víctimas una atención psicosocial integral, oportuna, adecuada y permanente.

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Artículo de Litigio

Acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo

El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –DeJuSticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo. La razón fundamental argumentada es la siguiente: la terna conformada por el gobierno nacional no respetó la ley de participación igualitaria de las mujeres (Ley 581 de 2000) que exige que en las ternas de candidatos para cargos como el de la Defensoría del Pueblo se incluya al menos una mujer. El 22 de octubre de 2009, luego de una acumulación procesal, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló el caso declarando la nulidad del acto por las razones indicadas en la demanda, constituyendo de este modo un precedente importante para el respeto de las reglas de acceso igualitario a los altos cargos del Estado. El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –DeJuSticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo. La razón fundamental argumentada es la siguiente: la terna conformada por el gobierno nacional no respetó la ley de participación igualitaria de las mujeres (Ley 581 de 2000) que exige que en las ternas de candidatos para cargos como el de la Defensoría del Pueblo se incluya al menos una mujer. El 22 de octubre de 2009, luego de una acumulación procesal, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló el caso declarando la nulidad del acto por las razones indicadas en la demanda, constituyendo de este modo un precedente importante para el respeto de las reglas de acceso igualitario a los altos cargos del Estado.

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Artículo de Litigio

Corte Suprema de Justicia sanciona discotecas de Bogotá por discriminación racial

La acción de tutela fue interpuesta por el Observatorio de Discriminación Racial integrado por el Programa de Justicia Global de la Universidad de Los Andes, el Proceso de Comunidades Negras y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) en contra de la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las tres discotecas.

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Artículo de Litigio

Salud: Afrodescendientes

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 al 30 de la Ley 691 de 2001, mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, por violación del preámbulo y de los artículos 1, 2, 7, 11, 12, 13, 48, 49, 70, 85, 93, 330 (parágrafo), 55 transitorio de la Constitución Política.

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Artículo de Litigio

Derechos de las Comunidades Negras

El Consejo Comunitario de las Islas del Rosario presentó una acción de tutela en contra del INCODER, la cual fue negada por los jueces de primera y segunda instancia. En dicha acción, los tutelantes argumentaron que el Estado colombiano les ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, así como los derechos de la comunidad a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y a la autonomía.

En la T-610 de 2012 la Corte Constitucional tuteló los derechos de petición, debido proceso adminisitrativo y propiedad colectiva de la comunidad de la Suprema y del Tribunal. En la misma providencia ordenó al INCODER resolver de fondo la solicitud de titulación colectiva, que mientras se expida la decisión se suspenda la celebración de nuevos contratos de usufructo y solicita a la Personería del Pueblo Regional Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el fallo.

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Artículo de Litigio

Aborto

Dejusticia intervino en Nicaragua, México y Colombia en la legalización del aborto en estos países.

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