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Menores afectados por aguas servidas en María La Baja: tutela contra alcantarillado vuelve a comenzar

En medio de la difícil situación en el municipio por el mal funcionamiento del alcantarillado, el Tribunal Superior de Cartagena anuló la tutela presentada por una madre de familia para exigir la protección del derecho a la salud de sus dos hijos menores de edad. Hoy, esta se encuentra a la espera del fallo en segunda instancia por segunda vez. Dejusticia intervino para pedir a las entidades responsables resolver el problema que desde hace meses afecta a cientos de personas.

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Columna

El espíritu nivelador

¿no debería ser la lucha por una mayor igualdad uno de los temas esenciales de nuestro debate electoral teniendo en cuenta que Colombia es uno de los países más desiguales del mundo?

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Columna

¿Vamos a dejar al zorro cuidando el gallinero?

El paradigma del libre mercado nos ha impuesto un imaginario de diversidad de opciones para alimentarnos. Sin embargo, la evidencia ha demostrado que hay una gran desproporción entre lo que deberíamos conocer y lo que en verdad conocemos sobre cada producto que consumimos.

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Columna

La urgencia de lo importante

Es tiempo de diseñar políticas efectivas para reducir los accidentes de tránsito en el mediano y largo plazo. Solo con un transporte público bien cimentado y barato se podrán aplicar restricciones eficientes y justas al transporte privado.

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Columna

¿Candelaria irá a la escuela? Barreras de acceso a la educación para la niñez migrante venezolana

Yamile y Candelaria son unas de las miles de personas venezolanas que están migrando a otros países del continente. Aunque no existen cifras exactas sobre la magnitud del éxodo venezolano y mucho menos de sus características demográficas, estudios calculan que para este año cerca del 15% de la población habrá dejado el país. ¿Cómo garantiza Colombia los derechos a la educación de los niños y niñas que han llegado?

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Columna

Cadena de errores

Aún no hay sentencias, pero lo que revelan las 77 construcciones levantadas sin licencia y detectadas por las autoridades con posterioridad al colapso, es la omisión del gobierno local en su papel de garante del cumplimiento de estándares de seguridad para las construcciones urbanísticas.

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