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La “garantía social” de los derechos: hacia una cultura viva de respeto de los derechos humanos.

Hay afirmaciones que por su precisión llegan a convertirse en lugares comunes. Tal ocurre precisamente con la célebre frase del jurista alemán Claus Roxin cuando afirma (así, entre signos de exclamación) que “¡el derecho procesal penal es el sismógrafo de la constitución del Estado!” (Roxin 2000, 10). Esta afirmación expresa, con algo más de precisión, una idea que de todas formas ya había sido anunciada por Beccaria en relación a la proporcionalidad entre los delitos y las penas: “si hubiese una escala exacta y universal de las penas y de los delitos, tendríamos una probable y común medida de los grados de tiranía y de libertad, del fondo de humanidad o de malicia de las diversas naciones” (Beccaria 1990, 59). Según Beccaria, pues, los estados donde tal proporcionalidad exista serán estados libres y humanitarios; la desproporción, por el contrario, evidenciaría tiranía y malicia.

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¡Ave Javier!

En su última columna, el distinguido tratadista y abogado Javier Tamayo sigue empecinado en ofrecer interpretaciones erróneas de mi libro “El derecho de los jueces”. No me atrevería a polemizar con tan dilecto amigo y jurista si no fuera por el hecho que sus afirmaciones son, esta vez, francamente inaceptables. En esta oportunidad Javier me acusa de un grave pecado: el punto esencial consiste en afirmar que en Colombia existe una teoría, a la que él denomina “nuevo derecho” y que su núcleo básico consiste en sostener una marcada aversión por la ley.

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Verdad judicial y verdades extrajudiciales: la búsqueda de una complementariedad dinámica

El derecho a la verdad es de gran centralidad en la discusión sobre la manera como deben ser enfrentados los crímenes atroces perpetrados en el seno de un conflicto armado o de un régimen autoritario. En efecto, la verdad se erige como un derecho individual de las víctimas a conocer las condiciones de tiempo, modo y lugar en las que acaecieron los crímenes atroces, así como en un derecho colectivo de la sociedad a acceder a un relato histórico sobre las razones por las cuales sucedieron tales crímenes atroces . Pero además, la verdad aparece como la condición básica para que los demás derechos de las víctimas sean garantizados . Así, sólo si se conoce la verdad de tales crímenes podrán garantizarse los derechos a la justicia y a la reparación, en la medida en que se sabrá quiénes fueron los responsables de las atrocidades y a quiénes deben éstos reparar por concepto de ello.

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La “lucha de clases” en el derecho

Es posible que la interpretación constitucional más importante del último semestre sea producto, no de las altas Cortes, sino del presidente Uribe. La campaña presidencial fue su escenario y se trata de una macro lectura de la Constitución, del derecho y de la política que, por su importancia, merece ser debatida. Es sorprendente el papel central que esta idea ha ganado en el pensamiento del presidente Uribe aunque es reconocible a lo largo de su vida política.

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Experiencias exitosas de la lucha contra la impunidad

La impunidad es un fenómeno doblemente complejo. Por una parte tiene distintos significados y dimensiones. Por la otra, los factores que la ocasionan son múltiples y en la mayoría de las veces difíciles de identificar. En cuando a lo primero –los significados y dimensiones- es importante recordar que además de la impunidad penal -que tradicionalmente se asocia a la ausencia de individualización y determinación de responsabilidad de quien ha cometido un delito, y en consecuencia a la falta de castigo dentro de un proceso penal- es posible distinguir formas de impunidad civil, social, y una última, que es la que más desarrollo ha tenido en el último tiempo: la impunidad por violaciones a los derechos humanos, frente a la cual los derechos de las víctimas han adquirido gran relevancia.

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