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La desaparición forzada es una atroz invención latinoamericana de la cual el subcontinente no debería sentirse orgulloso. Esta práctica encuentra sus antecedentes en el terror del régimen Nazi, y en particular en el decreto secreto de «noche y niebla», expedido en 1941 por el mariscal Keitel, según el cual todos los opositores del régimen debían ser desaparecidos sin dejar rastro alguno y sin suministrar ninguna información a sus familiares, con el objeto de sumirlos en la incertidumbre absoluta sobre el paradero de la víctima. Desde sus orígenes, la desaparición forzada ha sido un crimen caracterizado por la situación dramática de muerte presunta sin fecha ni hora de la víctima, por la desesperación en la que sume a sus seres cercanos en razón de la incertidumbre sobre su situación, y por la anónima identidad de sus victimarios. Pero además de su atrocidad, la práctica de la desaparición forzada se caracteriza por revestir una complejidad jurídica enorme. En efecto, la existencia de esta práctica ha suscitado difíciles retos para el derecho, que se refieren tanto a los obstáculos impuestos al reconocimiento de la desaparición forzada como crimen, como a las dificultades que existen para asegurar eficazmente su investigación y sanción, la protección de los derechos de sus víctimas, y su prevención.