Sin categorizar

Las políticas de gratuidad en el acceso a la educación primaria, como la impulsada recientemente por la actual administración distrital de Bogotá, no han sido un tema pacífico. Algunos sectores respaldan estas políticas pues las consideran un paso muy importante en la democratización del acceso a la educación. Por el contrario, otros las critican calificándolas como populistas, pues desconocerían las restricciones fiscales, lo que conducirá a una educación publica de mala calidad: pero además, según los críticos, dichas políticas son inequitativas pues no existen razones para dejar de cobrarle derechos académicos a quien tiene capacidad de pago. Estas discusiones muestran que la gratuidad en la educación es un tema complejo que puede ser abordado desde diversos puntos de análisis -democrático, normativo, económico, social, entre otros-, en cada uno de las cuales existen posiciones encontradas. Este documento no pretende abordar todos los matices de esta discusión sino que se centra en la dimensión jurídica y normativa del problema de la gratuidad de la educación básica. Mi propósito principal será, entonces, presentar el sustento normativo que justifica la tesis de que el Estado Colombiano tiene la obligación de garantizar una educación primaria gratuita para todos.

Existe un cierto acuerdo doctrinario en que una de las consecuencias importantes del principio de progresividad en materia de derechos sociales es la llamada prohibición de retroceso o principio de no regresividad. Sin embargo, a pesar de su aparente simplicidad, la prohibición de retroceso plantea interrogantes complejos, pues no es claro cuál es su alcance.