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¿En un Estado de derecho, cuáles son los límites al poder del ejecutivo para enfrentar el terrorismo? ¿Puede un Estado, aun combatiendo el terrorismo, detener personas indefinidamente sin acceso a un abogado y sin la garantía de revisión judicial de las causas de su detención? La Corte Suprema de los Estados Unidos acaba de resolver estas preguntas en dos casos, Hamdi vs. Rumsfeld y Rasul vs. Bush. Las sentencias de la Corte muestran que la existencia de un Estado de derecho exige la configuración de unas garantías mínimas que no pueden ser limitadas aun en momentos extremos, como el actual, llamado de ‘lucha contra el terrorismo’. Estas decisiones son importantes dentro del contexto colombiano por dos razones. Por una parte, muestran cómo en un sistema democrático la división de poderes así como el sistema de frenos y contrapesos están diseñados para evitar los intentos de concentración de facultades en una de las ramas. En estos casos particulares, la rama judicial está vigilando que el poder ejecutivo no se atribuya poderes excesivos y de esta forma está garantizando el ejercicio eficaz de los derechos fundamentales. Por otra parte, las sentencias muestran que aun la lucha contra el terrorismo tiene unas limitaciones consagradas constitucionalmente que no pueden ser violadas.

Después del resultado del referendo revocatorio, la oposición debería reconocer la legitimidad del gobierno Chávez, escribe el constitucionalista Juan Fernando Jaramillo.

Danilo Rojas, investigador de DJS, explora las diversas excusas utilizadas para justificar la impunidad en los procesos de paz.

El constitucionalista Mauricio García Villegas analiza la reacción de los economistas a la reciente sentencia de la Corte Constitucional sobre el régimen de transición de pensiones y concluye que sólo valoran la seguridad jurídica cuando beneficia a los empresarios. Foro con los lectores.