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Columna

Abusos judiciales y Estado de derecho

En las décadas que llevo leyendo y analizando decisiones judiciales, he encontrado pocas que sean tan arbitarias como el auto del pasado martes de la magistrada  Nelly Villamizar del Tribunal de Cundinamarca, que pretendió prohibir el paro nacional.

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Duque escoge a su juez

Que un tinterillo haga leguleyadas para que su caso quede en un juzgado amigable es hasta comprensible, pero que un expresidente recurra a esa artimaña es inaceptable. Peor aún que lo haga el presidente en ejercicio, pues es una ruptura del Estado de derecho que no creo que ningún juez vaya a validar.

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Columna

Sin verdad, sin justicia, sin confianza

Restaurar la confianza en las instituciones, especialmente en la Policía Nacional, debería ser la prioridad número uno en materia de seguridad hoy en Colombia. Mantener en la impunidad las violaciones a derechos cometidas por miembros de la entidad, mientras se estigmatiza la protesta y se respalda a quienes agreden a la ciudadanía sólo lo va a empeorar.

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Columna

La puerta del magistrado Bernal

El magistrado Carlos Bernal llegó a la Corte Constitucional para defender una agenda cristiana que supedita la Constitución al Antiguo Testamento, renunció a su cargo después de tres años para salir a litigar con EPM, y desconoce sus propios principios, saliendo por la misma puerta que antes condenaba.

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Columna

Estado chico, infierno grande

Las decisiones tomadas por el Gobierno en la última reforma tributaria han dejado al Estado sin los recursos públicos necesarios para asegurar el mínimo vital de millones de hogares que dependen de la economía informal y que tienen un gran riesgo de quedarse sin ingresos durante el periodo de la cuarentena impuesta desde el pasado 25 de marzo.

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Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 responde a la Corte Constitucional sobre hacinamiento en estaciones de policía y URIs

Debido a la grave situación de hacinamiento y de derechos fundamentales que enfrentan los centros de detención transitoria del país (estaciones de policía y URIs), la Corte Constitucional solicitó a la Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 contestar a unas preguntas sobre cómo resolver la crisis. La Comisión concluyó que desmontar los aumentos punitivos y reformar la legislación penal es necesario para superar la crisis.

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¿Puede un espejo resolver la crisis carcelaria?

La actual crisis carcelaria cumple ya 4 años de haber sido declarada y, aunque existe un consenso en que la solución yace en una reforma a la política criminal que reduzca el uso de la prisión, esta todavía no se ha reformado. ¿Cómo puede Colombia construir una política criminal respetuosa de los derechos humanos y que, a su vez, pueda reducir el delito?

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Por una política criminal basada en la evidencia

Una política pública no evaluada produce graves efectos en una democracia, pues impide a la ciudadanía juzgar sus resultados y a los tomadores de decisión corregir sus errores. Hoy, Colombia necesita evaluar su política criminal para superar la crisis carcelaria, pues hasta ahora sus esfuerzos no están respaldados por una evaluación adecuada.

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Política criminal: una estrategia sin visión de conjunto

La política criminal debería ser una respuesta adecuada a las injusticias que se expresan en la comisión del delito. Sin embargo, en la actualidad, es una colcha de retazos, tejida al vaivén del discurso punitivista de la coyuntura. Se requieren reformas, es cierto, pero para hacerlas debe verse al sistema penal como un conjunto.

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Ni elitista ni populista. Apuntes sobre política criminal reactiva en Colombia

La respuesta punitiva a cualquier evento de coyuntura ha llevado a que la política criminal colombiana sea incoherente y desproporcionada, sin que haya un efecto disuasivo real sobre la comisión de nuevas conductas delictivas. La superación de una política criminal populista pasa por una verdadera inclusión ciudadana bajo condiciones de deliberación argumentada.

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La distorsión del castigo

En una democracia robusta, la facultad para castigar que tiene un Estado debe aplicarse en proporción al daño causado. En Colombia las repetidas reformas a la política criminal hacen precisamente lo opuesto, castigando excesivamente conductas que no son tan nocivas.

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