El decretazo: inconstitucional e innecesario
Dejusticia Junio 8, 2025
El Gobierno de Colombia argumenta que las irregularidades de la votación para aprobar la consulta popular fueron tan grandes que esta no produce ningún efecto jurídico. | EFE
El Gobierno de Colombia debería hacer lo posible para que salga bien la reforma laboral en la plenaria del Senado, lo cual haría innecesaria la consulta popular.
El Gobierno de Colombia debería hacer lo posible para que salga bien la reforma laboral en la plenaria del Senado, lo cual haría innecesaria la consulta popular.
El debate entre quienes apoyan el llamado “decretazo” de Petro para convocar la consulta popular, a pesar de la votación en contra del Senado, y quienes nos oponemos a esa convocatoria puede parecer un enfrentamiento entre leguleyos que favorecemos el statu quo y demócratas que defienden el cambio y la soberanía popular. Sin embargo, la cosa es más compleja.
Lee el pronunciamiento de Dejusticia sobre los errores jurídicos de convocar a la consulta popular mediante decreto
Es posible que un buen número de quienes se oponen al decretazo no lo hagan en defensa de la juridicidad sino porque no les gusta que el pueblo decida o porque están en contra de la reforma laboral. Sin embargo, muchos de quienes nos oponemos al decretazo estamos a favor de la reforma laboral y apoyamos la participación ciudadana. Nuestra oposición se debe a otra razón: creemos que es claramente inconstitucional y que tiene efectos muy graves para nuestra precaria democracia.
En un artículo más detallado en La Silla Vacía muestro que la sustentación del Gobierno de su decretazo es inaceptable. La razón es la siguiente: es una tesis discutible, pero con algún sustento, aquella de que si pasa un mes desde la presentación de la consulta popular al Senado y esta cámara no se ha pronunciado, entonces el presidente puede convocar autónomamente la consulta popular. Por eso, si efectivamente el Senado no se hubiera pronunciado, estaríamos en una discusión difícil por cuanto existen ambigüedades en la regulación legal de este punto. Pero eso no fue lo que pasó: el Senado votó en contra de la CP el 14 de mayo y no existe ninguna duda de que el presidente no puede convocar una consulta popular si el concepto del Senado es desfavorable, como efectivamente lo fue.
En otra columna de Rodrigo Uprimny: Benedetti, Miranda y consulta popular
Por consiguiente, mientras no haya una decisión judicial anulando la votación del 14 de mayo, o el Senado decida reconsiderarla, la votación existe, produce efectos jurídicos y tiene que ser respetada por el Gobierno.
El argumento de Eduardo Montealegre de que el presidente puede declarar la inexistencia o nulidad de esa votación es, no sólo inaceptable, sino gravísimo, porque desconoce la separación de poderes y, de prosperar, implicaría un peligroso precedente. Esa tesis habilitaría en Colombia la visión de Carl Schmitt, el jurista ideólogo del nazismo, según la cual el defensor de la Constitución no debería ser el tribunal constitucional, como es la tradición colombiana y lo planteó Hans Kelsen, sino el presidente. Esto es muy peligroso pues abriría las puertas a que mañana cualquier presidente, de derecha o de izquierda, pueda declarar nula o inexistente una sentencia judicial o una ley y se abstenga de cumplirlas. Es el comienzo del fin del Estado social de derecho.
Lo más triste, especialmente para quienes estamos a favor de la reforma laboral, es que este decretazo de Petro, que enrarece aún más el caldeado ambiente político, es absolutamente innecesario, pues el Gobierno tiene mejores alternativas en el marco constitucional. Debería hacer lo posible para que salga bien la reforma laboral en la plenaria del Senado, lo cual haría innecesaria la consulta popular. Y si la reforma se hunde en el Senado, Petro podría entonces presentar, con mayor legitimidad, una nueva consulta popular.
