Necesitamos una política criminal con enfoque de género

“Hombre pequeñito, hombre pequeñito, Suelta a tu canario que quiere volar […] Estuve en tu jaula, hombre pequeñito, Hombre pequeñito que jaula me das.”

Reclamaba en sus versos Alfonsina Storni, nombrando de forma simbólica las múltiples prisiones destinadas desde entonces a las mujeres. Hoy esas prisiones se han vuelto cada vez más físicas: a finales de 2024 más de 700.000 mujeres y niñas se encontraban privadas de la libertad en instituciones penitenciarias de todo el mundo.

De acuerdo con la lista mundial de encarcelamiento femenino, el encarcelamiento de mujeres aumentó un 57% desde el año 2000. Un porcentaje mucho mayor al aumento del encarcelamiento de hombres, que sería del 22% para el mismo periodo. En Colombia la tasa de encarcelamiento femenino también ha aumentado, aunque con descensos en los últimos años: en el año 2000 la tasa era de 7.8 mujeres por cada 100.000 habitantes (3.141 mujeres en prisión), alcanzó su punto máximo en 2015 con una tasa de 16.6 (8.256 mujeres) y hoy se sitúa en 11.6 (6.057 mujeres privadas de la libertad).

Esta tendencia al aumento en el encarcelamiento femenino debería preocuparnos. No solo porque podría ser un síntoma de retroceso en nuestras libertades, especialmente en Estados con tintes autoritarios y represivos  —como en El Salvador donde la población de mujeres en prisión se ha multiplicado por siete —, sino también porque las principales causas de los delitos por los que más se condena a las mujeres están estrechamente vinculadas con desigualdades estructurales de género.

Tal como lo afirman Penal Reform International y otras organizaciones, las mujeres, sobrerrepresentadas entre la población empobrecida, están siendo impactadas excesivamente por la criminalización de la pobreza y muchas de ellas terminan en prisión por acciones vinculadas a la subsistencia de sus familias. Esto se ha evidenciado especialmente en ciertos delitos, como en los relacionados con drogas, donde las mujeres son mayormente condenadas (35%) que los hombres (19%) y en los que enfrentan con mayor probabilidad procesos penales, detenciones preventivas y penas más largas.

La Corte Interamericana de Derechos Humanos también ha sostenido que el encarcelamiento de las mujeres en la región está especialmente vinculado con sus reducidas oportunidades económicas, educativas y financieras: Según la ONU, ellas tienen 1,2% más probabilidades de vivir en pobreza extrema que los hombres, dedican 2,3% horas más al cuidado diario no remunerado y registran mayores tasas de desempleo. Estas condiciones de desigualdad estructural las convierten en blanco fácil de organizaciones criminales en las que suelen ocupar roles subordinados y obtener ingresos mínimos para su subsistencia.

Un estudio en Colombia confirma la estrecha relación entre la criminalidad femenina y la mayor vulnerabilidad socioeconómica de las mujeres. En el caso de los delitos relacionados con drogas —que constituyen la principal causa de condena de mujeres— la investigación evidenció que más del 80% de las encuestadas pertenecía a los estratos socioeconómicos más bajos (0, 1 y 2). Asimismo, en el 58% de los casos la jefatura del hogar la ejercía una mujer y el motivo principal que reportaron las encuestadas para cometer el delito fue la necesidad de obtener recursos para cubrir las necesidades del hogar.

Mi invitación en este 25N es entonces a que nos preguntemos hasta qué punto el aumento en la criminalización de las mujeres está relacionado con las desigualdades y violencias estructurales de las que aún somos víctimas. Esto, a su vez, debería llevarnos a exigir una política criminal con enfoque de género, que reconozca cómo las sobrecargas de cuidado y la feminización de la pobreza inciden en los delitos que cometemos. Lo que se debe reflejar en una respuesta penal diferenciada.

Colombia ha dado algunos pasos en esta dirección con la Ley 2292 de 2023, que permite sustituir la prisión por la prestación de servicios comunitarios a mujeres cabeza de familia que cometieron ciertos delitos en condición de marginalidad. Sin embargo, la aplicación de esta Ley ha sido limitada, en parte porque las decisiones judiciales continúan ancladas en miradas estrechas y propias de hombres pequeñitos: algunos jueces exigen que ellas lleven la responsabilidad del hogar de forma solitaria o que su condición de marginalidad sea cercana a la pobreza extrema para conceder el beneficio. De ahí que resuenen nuevamente los versos de Storni: “Tampoco te entiendo [hombre pequeñito], pero mientras tanto ábreme la jaula que quiero escapar.”