DeJuSticia interviene a solicitud de la Corte a fin de presentar un concepto en relación con la noción del derecho a la reparación; el alcance de este concepto; las vías de acceso a este derecho; la reparación solicitada a través de acción de tutela; el alcance de la normatividad colombiana en materia de desplazamiento forzado y reparación integral, entre otros. Nuestro planteamiento general suscribe la idea de que en contextos como el que enmarca el desplazamiento forzado en Colombia es una obligación imperativa del Estado adoptar medidas para garantizar el derecho fundamental a la reparación de las víctimas del desplazamiento. El cumplimiento de esta obligación debe tener en cuenta que un número importante de víctimas se encontraba en condiciones de exclusión y discriminación evidentes antes de la ocurrencia de estas violaciones y, por ende, las medidas de reparación deben estar orientadas a la satisfacción de derechos de tal modo que no se devuelva a las víctimas a sus condiciones previas de exclusión, sino que se les permita acceder a una ciudadanía plena. Esto constituye a su vez una condición necesaria para un proceso de construcción democrática de Estado y sociedad que siente las bases para un proceso de reconciliación nacional. Al mismo tiempo, en la medida en que las violaciones han sido cometidas de manera sistemática y por ello han producido millones de víctimas titulares del derecho a la reparación, las medidas adoptadas por el Estado deberán comportar distintas vías de reclamación (judiciales y administrativas), y distintas medidas complementarias (restitución, satisfacción, rehabilitación). Estas vías y medidas deben estar articuladas en una política nacional que garantice coherencia tanto entre medidas de reparación, como con otras medidas de satisfacción de los derechos de las víctimas.