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Entrada

Ganadería, deforestación e institucionalidad: CONALDEF, el control y los derechos humanos

Elaboramos una investigación, de la que aquí presentamos un resumen, sobre el funcionamiento de la política pública, la política criminal, el contexto y capacidad de articulación institucional en relación con la prevención y control a la deforestación asociada con la ganadería. Encuentra aquí el resumen ejecutivo.

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Entrada

Cinco aprendizajes del diálogo territorial sobre desigualdad en el Caribe

En el primer trimestre del año se llevó a cabo el diálogo territorial sobre desigualdad en la región Caribe, organizado por Re-imaginemos, con el apoyo de la Universidad de Los Andes, El Espectador, Columbia University y el Observatorio Javeriano de las desigualdades. Desde Dejusticia estuvimos participando, acá compartimos algunas reflexiones del espacio.

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Columna

Fiscalía, selección y politización

El caso de la selección de fiscal sintetiza bien lo que ha funcionado mal con los sistemas de selección que estableció la Constitución Política de 1991. Alejar el fantasma de la politización de la selección de altos cargos del Estado es urgente y debería ser una prioridad para el país y para la propia Corte.

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Columna

La tiranía de la mediocridad

Justo esta semana políticos inescrupulosos de Antioquia se volvieron a tomar la Universidad de Medellín (ya se la habían tomado), y el alcalde Fico nombró a un secretario de cultura que confesó que no tiene ni idea de cultura.

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Columna

Petro y las instituciones

Petro tiene razón en criticar los sesgos en su contra de la procuradora y del fiscal general. También tiene razón en sus reparos a las demoras de la Corte Suprema en reemplazar a Barbosa. Pero eso no justifica su desestabilizador trino del pasado 2 de febrero.

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Publicación

Esfuerzos irracionales: Investigación penal del homicidio y otros delitos complejos

Los registros cuantitativos de la Fiscalía General de la Nación revelan que los esfuerzos de investigación son utilizados de manera irracional. La ausencia de una política de priorización estratégica —en contrapartida de una priorización escondida al arbitrio de los funcionarios que tramitan casos— impide que los esfuerzos de la política criminal se destinen a investigar lo más importante.

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Publicación

Respuestas estatales a los usuarios de sustancias psicoactivas en Uruguay: entre la alternativa y la profundización de la guerra contra las drogas

los principales destinatarios de la legislación sobre drogas ilegales y los afectados por las prácticas institucionales referidas son mayoritariamente jóvenes y, más específicamente, los principales destinatarios de las medidas estatales de mayor intensidad punitiva son jóvenes de bajo nivel educativo.

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Artículo de Litigio

Salud: Afrodescendientes

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 1 al 30 de la Ley 691 de 2001, mediante la cual se reglamenta la participación de los Grupos Étnicos en el Sistema General de Seguridad Social en Colombia, por violación del preámbulo y de los artículos 1, 2, 7, 11, 12, 13, 48, 49, 70, 85, 93, 330 (parágrafo), 55 transitorio de la Constitución Política.

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Artículo de Litigio

Ley de Justicia y Paz

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 2, 4, 47 48, 49, 71 y 72 de la ley 975 de 2005

Sentencia proferida por la Corte Constitucional en donde se manifiesta sobre la demanda instaurada.

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Artículo de Litigio

Demanda en bloque contra normas discriminatorias contra parejas del mismo sexo

La demanda se presenta contra una serie de normas que excluyen de su ámbito de aplicación a las parejas homosexuales y sus miembros, vulnerando con ello, en todos los casos, el preámbulo y los artículos 1, 13 y 16 de la Constitución Política, y en algunos casos los artículos 2, 12, 13, 15, 16, 18, 24, 29, 40, 48, 49, 51, 58, 64, 66, 93, 95, 100, 123, 126, 209, 229, 250 numerales 6 y 7 de la Constitución Política.

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Artículo de Litigio

Derechos de las Comunidades Negras

El Consejo Comunitario de las Islas del Rosario presentó una acción de tutela en contra del INCODER, la cual fue negada por los jueces de primera y segunda instancia. En dicha acción, los tutelantes argumentaron que el Estado colombiano les ha vulnerado sus derechos fundamentales de petición y al debido proceso, así como los derechos de la comunidad a la consulta previa, a la existencia, a la integridad cultural y a la autonomía.

En la T-610 de 2012 la Corte Constitucional tuteló los derechos de petición, debido proceso adminisitrativo y propiedad colectiva de la comunidad de la Suprema y del Tribunal. En la misma providencia ordenó al INCODER resolver de fondo la solicitud de titulación colectiva, que mientras se expida la decisión se suspenda la celebración de nuevos contratos de usufructo y solicita a la Personería del Pueblo Regional Bolívar y a la Procuraduría General de la Nación apoyar, acompañar y vigilar el pleno cumplimiento de lo determinado en el fallo.

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Artículo de Litigio

Código Electoral

Acción pública de inconstitucionalidad contra los artículos 10 y 102 en su totalidad, y parcialmente contra los artículos 12, 26, 32, 40, 47, 75, 79, 85, 101, 149 y 157 del Decreto 2241 de 1986 (Código Electoral Colombiano).

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Artículo de Litigio

Salud: Parejas del mismo sexo

Intervención ciudadana en el proceso de constitucionalidad No. D-6749
Actores: Magda Carolina López García y Jaime Faiyeth Rodríguez Ruiz
Norma demandada: artículo 163 de la ley 100 de 1993

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Artículo de Litigio

Límites a la libertad de Expresión: la Unión Patriótica

Amicus curiae en el proceso de tutela con No. de radicación T-1391105.
Actor: Iván Cepeda Castro.
Acción de tutela contra el doctor Fabio Echeverri Correa, gerente de la campaña de reelección del presidente-candidato Álvaro Uribe Vélez, por violación de los derechos fundamentales a la honra y al buen nombre, a la integridad física y a la vida.

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Artículo de Litigio

Régimen patrimonial: Parejas del mismo sexo

Intervención ciudadana en el proceso No. D-362.
Actores: Marcela Sánchez, Luz María Mercado, Alejandra Azuero
y Daniel Bonilla.
Normas demandadas: artículo 1 de la ley 54 de 1990 y artículo 2 de la ley 54 de 1990 modificado por la ley 979 de 2005.

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