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Columna

Escazú y la minga

La aprobación del Acuerdo de Escazú sería además un mensaje poderoso a los líderes ambientales de que las amenazas en su contra importan al Congreso. Su rechazo significaría que esas muertes y amenazas, que son una de las razones de la minga, no conmueven ni interesan a los parlamentarios.

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Columna

El Gobierno y la minga

El Gobierno ve la marcha de los indígenas, y en general toda la protesta social, con una mezcla de displicencia y antipatía, y cuando se refieren a las masas inconformes que salen a las calles y las carreteras, solo se les ocurre decir que todo eso está orquestado por una criminalidad mafiosa o subversiva. Para ellos la protesta legítima no existe, como tampoco existe el conflicto armado.

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Sinrazones de la guerra y razones de la paz

Esta paz imperfecta está evidenciando que tiene razón frente a las sinrazones de quienes añoran la guerra. Y que es preferible una paz imperfecta, con la verdad y justicia posibles de la justicia transicional, a una guerra perfecta, con impunidad y llena de mentiras.

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Conoce la historia de Marcela

A los 9 años Marcela fue enviada a Medellín para ser empleada en la casa de unos conocidos que habían migrado de Bagadó, un municipio de personas afrodescendientes, a 40 kilómetros de la capital chocoana.  Ella salió de su casa porque sus padres ya no podían sostener a sus siete hijos, y el conflicto armado que se vivía en la zona, tenía atemorizadas y empobrecidas a varias familias del municipio, incluida la suya. 

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Objeciones del Fiscal ponen en riesgo a la población reclusa

El Coronavirus representa un grave riesgo para la población privada de la libertad, especialmente por el hacinamiento que afecta a la gran mayoría de establecimientos de reclusión en el país. Sin embargo, el Fiscal General de la Nación se ha opuesto a los proyectos de excarcelación del Ministerio de Justicia que buscan proteger a esta población, basado en argumentos errados o que carecen de sustento y que, por tanto, obstaculizan de manera injustificada las medidas de protección que el Estado debe adoptar.

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