La Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA), el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DEJUSTICIA), el Instituto Socioambiental (ISA), la Associação Indígena Yudjá Mïratu da Volta Grande do Xingu (AYMÏX) y el Conselho Indigenista Missionário (CIMI) presentaron ante el Supremo Tribunal Federal de Brasil escrito que demuestra la ilegalidad del permiso que el Congreso dio a la represa Belo Monte.

Dejusticia, junto al Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, la clínica jurídica de acciones de interés público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Stanford International Human Rights and Conflict Resolution Clinic, presentó un amicus curie sobre la constitucionalidad de la directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios en Perú ( Directiva N° 03-2012/MC, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 202-2012-MC expedida por el Ministerio de Cultura).

Más de cincuenta organizaciones sociales de todo el continente presentaron una carta a los gobiernos reunidos esta semana en Guatemala en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la misiva se reclama de modo urgente poner a la protección de los derechos humanos en el centro del debate sobre las políticas de drogas.

Dejusticia presentó un amicus en el caso que estudia la Corte IDH, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que prohíbe la fecundación in vitro. En nuestro escrito consideramos que la Convención Americana, interpretada a la luz de otros instrumentos de derecho internacional protege el derecho de acceder al más alto nivel de desarrollo científico para el ejercicio de su autonomía reproductiva y la posibilidad de formar familia, que fue afectado intensamente con la prohibición de Costa Rica

DeJuSticia presentó un amicus en un caso de tutela interpuesta por una organización de mujeres en contra de la Fiscalía General de la Nación, alegando la vulneración de los derechos de acceso a la justicia y debido proceso de una niña presuntamente abusada por su padre. En el escrito presentado, DeJuSticia apoya las pretensiones de las tutelantes. Para esto, desarrolla el argumento según el cual, en el nuevo Sistema Penal Acusatorio la imputación no es una mera potestad del Fiscal, sino que, bajo ciertas condiciones, en virtud de la prevalencia del principio de legalidad en la investigación penal, se convierte en un deber. Esto ocurre cuando se reúnen los elementos materiales probatorios que permitan contar con pruebas admisibles que sean suficientes para satisfacer los estándares probatorios que existen para este tipo de procesos y suponer que el imputado es autor de la conducta punible investigada. El documento no se incluye, con el fin de preservar la intimidad de la víctima menor de edad.

La acción de tutela fue interpuesta por el Observatorio de Discriminación Racial integrado por el Programa de Justicia Global de la Universidad de Los Andes, el Proceso de Comunidades Negras y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) en contra de la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las tres discotecas.

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 15 de la ley 388 de 1997 y contra el artículo 40 de la ley 3 de 1991