Aunque reconocemos que la medida no es suficiente para proteger estos ecosistemas, consideramos que es un precedente positivo hacia la garantía de derechos de generaciones futuras.

El pasado 1 de abril, el investigador de Dejusticia se dirigió a la Cámara de Representantes para aportar al debate de las objeciones gubernamentales al proyecto de ley estatutaria de la JEP.

Hace un año la Corte declaró a la Amazonía colombiana sujeto de derechos y ordenó, a través de la sentencia 4360 de 2018, que se aplicaran mecanismos para frenar la deforestación. Sin embargo, las acciones del gobierno han sido mínimas, mientras las amenazas al bosque aumentan.

El 13 de noviembre de 2018, la acción de tutela fue seleccionada para revisión por la Corte Constitucional. Ahora está en las manos del alto tribunal revisar el caso, confirmar esas decisiones y garantizar que no se afecten los derechos ya concedidos.

En una intervención ante el Alto Tribunal, Dejusticia presentó sus argumentos sobre por qué esta acción es inconveniente.

Las organizaciones presentaron un documento que busca proteger los derechos de un menor de 8 meses de nacido, de padres migrantes, quien no ha sido inscrito en el Sistema General de Seguridad Social en Salud y a quien no se le ha aplicado la encuesta del SISBEN pese a ser colombiano.

Sabemos que las objeciones del presidente Iván Duque a la Ley de Procedimiento de la JEP pretenden realizar cambios constitucionales. Por eso, consideramos necesario que la Corte Constitucional se pronuncie.

Al decidir una demanda que fue presentada por Dejusticia y la CCJ, la Corte resolvió definitivamente las dudas que motivaron las objeciones del Presidente Duque frente a la extradición y aclaró que el nuevo tribunal tiene plena competencia para juzgar casos de Fuerza Pública.

En el recurso ahondaremos en los argumentos según los cuales, dadas las circunstancias especiales del caso, la acción no había caducado al momento de interponerse.