El Tribunal Superior de Riohacha acaba de recibir un informe de Dejusticia con información útil sobre la vulneración de los derechos humanos de los wayúu en La Guajira. El documento serviría para avanzar en la implementación del reciente fallo de la Corte Constitucional, que pide la protección de las niñas y niños indígenas.

Siete organizaciones latinoamericanas, entre ellas Dejusticia, intervinieron ante la Suprema Corte de Justicia mexicana para apoyar una demanda que busca proteger los derechos de los consumidores, pues solo el 2% de los mexicanos entiende los etiquetados de alimentos y bebidas. Sin embargo, el tribunal aplazó la discusión.

Mediante una tutela, la youtuber Kika Nieto alegó que el diario El Espectador y la periodista Mariángela Urbina habían vulnerado sus derechos a la intimidad, la honra y el buen nombre. Sin embargo, un juez determinó que el programa Las Igualadas estaba haciendo uso del derecho a la libertad de expresión.

Dejusticia había intervenido ante tribunal ecuatoriano que protegió los derechos de las comunidades indígenas de Molleturo y de la naturaleza frente a los intereses del gobierno ecuatoriano y la trasnacional china Ecuagoldmining.

La Comisión de Seguimiento a la Sentencia T-388 de 2013 , de la que hace parte Dejusticia, concluye que la violación masiva y generalizada de los derechos de las personas privadas de la libertad persiste, y que el Estado debería implementar una estrategia para reformar la política criminal y las prácticas inconstitucionales que presentan en las cárceles colombianas.

Ahora que la Corte Constitucional está revisando el proyecto, Dejusticia argumenta por qué algunas de sus normas deben ser moduladas o excluidas. Acceso del tribunal a información de terceros y juzgamiento de delitos sexuales, son algunos de los temas.

Ante la negativa de algunos legisladores de entregar información sobre sus bienes y rentas y su actividad económica privada, Dejusticia y el medio de comunicación Cuestión Pública presentaron una acción de tutela que busca la transparencia en la rama legislativa.

El Consorcio de canales, que autoriza la publicidad en los canales privados de televisión, apeló el fallo de tutela que lo obligó a emitir un mensaje educativo sobre los efectos negativos de la comida chatarra en la salud de menores realizado por la organización RedPapaz. Dejusticia intervino a favor de los derechos de esta ong y de los derechos de los consumidores.

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en el caso de la profesora Mónica Godoy, despedida hace un año de la Universidad de Ibagué por denunciar casos de acoso sexual en la institución contra trabajadoras y estudiantes. En la intervención se solicita el reintegro de la profesora y se insiste en la necesidad de que las universidades tomen medidas para prevenir, proteger y sancionar los actos de acoso contra los empleados y estudiantes.