Litigios

El pasado 11 de septiembre Dejusticia presentó ante la Corte Constitucional una solicitud para que realice una audiencia pública en el caso del Decreto que reguló los territorio indígenas (Decreto 1953 de 2014).

La Red Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (Red-DESC),  y Dejusticia presentaron una intervención a favor de la abogada Julia Cabello, coordinadora ejecutiva de Tierraviva, que fue demandada por la Ministra Gladys Bareiro de Módica.

Por solicitud de Colombia Diversa y Dejusticia, la Corte Constitucional ordenó la realización de una audiencia pública el 30 de julio del 2015 a propósito de los casos de tutela de matrimonios de parejas del mismo sexo en revisión en ese tribunal. 

Intervinimos en la demanda de inconstitucionalidad contra la expresión «sino también cuando lo aqueja una enfermedad mental» del artículo 66 del Código de Infancia y Adolescencia que regula la manifestación del consentimiento de los padres para dar en adopción a un hijo o hija.

Dejusticia intervino en una demanda de inconstitucionalidad contra las normas que regulan el servicio militar. Para las demandantes, esas normas violan el derecho a la igualdad de las personas trans, porque les exige prestar el servicio militar y eso desconoce la identidad de género de estas personas.

Dejusticia junto con cuatro organizaciones expertas en derechos de las mujeres, interpuso una demanda que busca dar un paso para resolver el grave problema al que se enfrentan las víctimas de violencia sexual en Colombia.

Dejusticia demanó el Decreto 2691 de 2014 por vulnerar la autonomía de las entidades territoriales y la competencia de los municipios de regular los usos del suelo además de desconocer el importante estatus del medio ambiente en el ordenamiento jurídico nacional.

Camilo Sánchez, coordinador de investigaciones de justicia transicional, presentó un peritaje sobre programas de reparación administrativa y adecuación de la Ley de Víctimas y Restitución de Tierras a estándares internacionales, ante la CorteIDH, en el marco del caso “Yarce y otras contra Colombia”. 

Dejusticia intervino en el proceso de revisión de tutela por vulneración del derecho a la consulta previa de comunidades del pueblo indígena Nasa en el Putumayo como resultado de operaciones de erradicación de cultivos ilícitos mediante aspersión con glifosato.