Dejusticia participó en el debate que se adelanta en la Corte Constitucional para respaldar que no hay responsabilidad penal del periodista Luis Agustín González por las afirmaciones que expresó en contra de la política Leonor Serrano.

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional para solicitarle que declare inepta la demanda presentada contra el artículo 66 y 67 transitorios de la Constitución, que forman parte del llamado “marco jurídico para la paz”.

La Corte Constitucional nos invitó a dar nuestro concepto sobre la tensión que existe en este caso entre la libertad de expresión y creación artística, y los derechos a la intimidad y al buen nombre de los familiares, en el contexto de obras sobre discriminación racial.

Este documento presenta al Comité de Expertos de la OIT, en calidad de anexo de la reclamación presentada por el sindicato N°1 de Panificadores Mapuche de Santiago (Chile), una serie de argumentos que apoyan la solicitud del sindicato de que la OIT declaré; que el Estado chileno violo; el Convenio 169 “sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes” en el texto del Decreto Supremo 66 de 2013 que reguló; la implementación del derecho a la consulta previa, libre e informada.

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional para dar un concepto sobre un caso de tutela en el que a un joven que había accedido a un préstamo de estudios para personas con discapacidad se le negó la condonación del préstamo.

Dejusticia, junto al Programa de Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de Los Andes, la clínica jurídica de acciones de interés público de la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú y la Stanford International Human Rights and Conflict Resolution Clinic, presentó un amicus curie sobre la constitucionalidad de la directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios en Perú ( Directiva N° 03-2012/MC, aprobada por la Resolución Ministerial Nº 202-2012-MC expedida por el Ministerio de Cultura).

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en el proceso de la demanda contra algunas expresiones del marco jurídico para la paz, para señalar que a nuestro juicio, el acto demandado no sustituye un pilar constitucional, solo restringe ciertos principios constitucionales después de ponderarlos en el marco de un proceso de justicia transicional.

Más de cincuenta organizaciones sociales de todo el continente presentaron una carta a los gobiernos reunidos esta semana en Guatemala en la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos (OEA). En la misiva se reclama de modo urgente poner a la protección de los derechos humanos en el centro del debate sobre las políticas de drogas.

Dejusticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección del Superintendente de Vigilancia y Seguridad Privada por violación a la ley de cuotas, pues al momento de su nombramiento existía el deber en cabeza del Presidente de la República de nombrar una mujer y decidió nombrar un hombre.