Dejusticia intervino en una demanda contra el artículo 9 de la ley de víctimas en la que se consideraba que la ley obligaba que reparación en sede judicial debía ser igual a la indemnización administrativa. Por nuestra parte, propusimos otra interpretación de la norma según la cual la ley obliga a que el juez tenga en cuenta las actuaciones en sede administrativa al momento de fijar la reparación integral, sin que esto signifique que debe repararse con los mismos montos de ella. Pues de lo contrario, la norma sería inconstitucional.

Dejusticia demandó la elección del Dr. Pedro Munar Cadena como magistrado del Consejo Superior de la Judicatura porque algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia violaron el artículo 126 de la Constitución al nombrar en un cargo público a quien previamente había intervenido en su designación. Esto es, el Dr. Munar fue elegido por los magistrados que él había elegido; y por lo tanto tenían prohibido designarlo en este nuevo cargo en virtud del artículo 126 constitucional. En nuestro escrito sustentamos por qué está conducta está prohibida por la Constitución y por qué debe declararse la nulidad de la elección.

Dejusticia, la Comisión Colombiana de Juristas, el Centro de Estudios Constitucionales PLURAL, la Corporación Viva la Ciudadanía y Foro por Colombia presentamos una demanda ante el Consejo de Estado para que se declare la nulidad de la elección del doctor Alejandro Ordóñez como Procurador General de la Nación.

Dejusticia demandó la elección del nuevo magistrado del Consejo Superior de la Judicatura porque algunos magistrados de la Corte Suprema de Justicia violaron el artículo 126 de la Constitución al nombrar en un cargo público a quien previamente había intervenido en su designación. En nuestro escrito sustentamos por que está conducta está prohibida por el artículo de la Constitución que busca erradicar el nepotismo y por qué debe declararse la nulidad de la elección.

La demanda solicita que se declare inconstitucional el artículo 44 de la ley 1551 de 2012 porque considera que la norma: i) constituyó territorios biodiversos en zonas donde debió haber hecho consulta previa a los pueblos indígenas que allí habitan, ii) viola el derecho de autogobierno del artículo 330 de la Constitución Política, iii) crea una nueva entidad territorial no contemplada en la Constitución, iv) desconoce la reserva de ley orgánica para este tipo de materias; y v) violó el principio de unidad de materia y de consecutividad.

En este escrito apoyamos la petición del demandante y nos concentraremos en dos cargos: el primero, demostrar que la creación de los nuevos territorios biodiversos y fronterizos exigía una consulta previa a los pueblos indígenas que allí habitan, y en tanto ésta no se hizo, la norma debe ser declarada inconstitucional; y segundo, expondremos que los nuevos territorios pretenden crear una entidad territorial similar al municipio, lo cual es inconstitucional, pues desconoce los tipos de entidades territoriales previstas en la Carta Política.

Dejusticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección del Superintendente de Salud por violación a la ley de cuotas, pues al momento de su nombramiento existía el deber en cabeza del Presidente de la República de nombrar una mujer y decidió nombrar un hombre. Con esto, el porcentaje de participación de mujeres en la dirección de las superintendencias es nulo. Es decir es del 0% mientras que debería ser mínimo de 30% de acuerdo con el mandato de la ley 581 de 2000.

Dejusticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección del director del Departamento Administrativo de Ciencia, Tecnología e Innovación – Colciencias- pues al momento de su nombramiento existía el deber en cabeza del Presidente de la República de nombrar una mujer y decidió nombrar un hombre. Con esto, el porcentaje de participación de mujeres en la dirección de los departamentos administrativos es inferior al mínimo legal, es decir que es de 16,6% mientras que debería ser mínimo de 30%.

La alianza Más información, más derechos de la que hace parte Dejusticia, presentó una intervención ante la Corte Constitucionalidad sobre el proyecto de ley de transparencia y acceso a la información pública.

Dejusticia presentó un amicus en el caso que estudia la Corte IDH, sobre la decisión de la Corte Suprema de Justicia de Costa Rica que prohíbe la fecundación in vitro. En nuestro escrito consideramos que la Convención Americana, interpretada a la luz de otros instrumentos de derecho internacional protege el derecho de acceder al más alto nivel de desarrollo científico para el ejercicio de su autonomía reproductiva y la posibilidad de formar familia, que fue afectado intensamente con la prohibición de Costa Rica