Dejusticia, en alianza con la Misión de Observación Electoral (MOE), presentó una demanda de nulidad electoral contra la elección de Gregorio Eljach Pacheco como Secretario General del Senado. La demanda formula dos cargos: primero, la votación de la elección debió ser pública y nominal y no secreta, como efectivamente se hizo, y segundo, Gregorio Eljach no obtuvo el número de votos suficientes que exige la regla de mayoría definida por la Constitución.

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional respaldando la petición de la tutela presentada por Mónica Roa y otras mujeres contra funcionarios de la Procuraduría General de la Nación por vulnerar su derecho a la información y en consecuencia, sus derechos sexuales y reproductivos, entre otros. Sostenemos que los funcionarios de la Procuraduría tienen un deber de suministrar información veraz e imparcial de forma proactiva pues ésta es fundamental para el ejercicio de los derechos de toda la ciudadanía. En virtud de sus funciones públicas tienen un deber reforzado que exige una rectificación inmediata cuando por cualquier medio se enteran que han emitido información errada. En el caso concreto, demostrada la inexactitud de algunas afirmaciones hechas por los accionados, solicitamos que las corrijan para garantizar el derecho a recibir información veraz.

DeJuSticia, Sisma Mujer y la Red Nacional de Mujeres demandamos la elección de los Ministros de Vivienda, Interior y Transporte porque con su nombramiento el Presidente Santos incumplió la ley 581 de 2000 que obliga que al menos 30% de los Ministerios sean dirigidos por mujeres.

DeJuSticia presentó una demanda contra el Acto Legislativo No. 01 de 2011 que dice que no habrá conflicto de intereses cuando los Congresistas tramiten actos legislativos. Argumentamos que al expedir esta reforma el Congreso incurrió en un vicio de competencia en cuanto alteró un elemento esencial del principio democrático según el cual los congresistas deben actuar siempre en procura del interés general y no de sus intereses privados. Así mismo consideramos que en este caso el examen de la Corte debe ser más estricto porque es una reforma hecha por Congresistas para eliminar sus deberes, cambiar su régimen sancionatorio y eliminar garantías constitucionales en el trámite de reformas a la Constitución.

DeJusticia intervino ante la Corte Constitucional con ocasión de una demanda contra la ley de víctimas. Apoyamos tres cargos de la demanda: el primero, para que se incluya en varios artículos de la ley la causal de «abandono forzado»; el segundo, para que se declare inconstitucional la sanción a las víctimas que a través de vías de hecho, ocupen los predios de los que esperan restitución; y el tercero, para que se declare inconstitucional la presunción que trae la ley para la parte opositora.

En otro cargo, diferimos de los demandantes sobre el Registro de Tierras Despojadas y Abandonas Forzosamente, pues estimamos que éste sí debe ser requisito de procedibilidad para presentar la acción de restitución.

DeJuSticia respaldó la demanda de inconstitucionalidad que buscaba que la expresión “con ocasión del conflicto armado” de la ley de víctimas se entendiera en su sentido amplio. La intervención expone algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para identificar cuándo puede considerarse que una infracción ocurre en el marco del conflicto armado.

DeJuSticia y la Fundación para la Libertad de Prensa -FLIP- presentamos algunos estándares que deben aplicarse para proteger los derechos que frecuentemente se ven amenazados con las actividades de inteligencia y, al mismo tiempo, asegurar la efectividad de las mismas. La intervención expone objeciones y cargos contra diferentes apartados de la ley en relación con: i) la caracterización de las actividades de inteligencia y la delimitación de las competencias que se asignan; ii) el alcance de la reserva legal y la clasificación de documentos públicos; iii). el control a los organismos de inteligencia; iv) los métodos propuestos para recolectar información; y v) la creación de nuevos tipos penales que enfrentan el ejercicio de derechos fundamentales y la reserva de información de secreta.

Dejusticia respaldó la declaratoria de inconstitucionalidad de los artículos 60, 61 y 62del PND porque contienen medidas que favorecen la concentración de la tierra y que constituyen un retroceso en la garantía del derecho de los trabajadores agrarios de acceder progresivamente a la propiedad de la tierra.

En la Sentencia C-644 del 2012, de agosto 23, la Corte declaró inexequibles los artículos 60, 61 y 62 del Plan Nacional de Desarrollo pues los considera una medida regresiva que propicia la concentración de la tierra y genera un retroceso en los deberes del Estado de promover el acceso progresivo a la tierra por parte de los trabajadores agrarios. Con este fallo la Corte adoptó el argumento propuesto por DeJuSticia.

Dejusticia intervino ante la Corte Constitucional en una tutela que analizaba si un Laboratorio Clínico había discriminado a un hombre homosexual al rechazarlo como donante de sangre. La razón de esta exclusión se encuentra en la normatividad que regula los bancos de sangre, la cual impide la donación a los hombres que hayan tenido relaciones sexuales masculinas en el período de 15 años donen sangre, como medida para evitar la recepción de sangre infectada con VIH/SIDA. Argumentamos que en este caso efectivamente hubo un trato discriminatorio, ya que se confundieron la conductas riesgosas frente al VIH (causas reales de contagio) con la pertenencia a una población, siendo este último criterio erróneamente utilizado para rechazar las donaciones de los hombres homosexuales.