La intervención se refiere a tres aspectos de la ley de víctimas. El primero es la fijación del 1º de enero de 1985 como fecha a partir de la cual se reconocerían las víctimas a reparar por medio de esta ley. El segundo es la exclusión de las víctimas de delincuencia común. Finalmente, respaldamos la solicitud de inconstitucionalidad de la exclusión de las víctimas pertenecientes a los grupos armados ilegales, pues consideramos que esta no se fundamenta en ningún fin constitucional.

En abril de 2011, luego de haber pasado por un largo proceso de adopción y de que las autoridades colombianas lo consideraran un padre idóneo y le concedieran la adopción de dos niños colombianos, el señor Chandler Burr debió separarse de sus hijos adoptivos porque le comentó a una funcionaria del ICBF que era homosexual. Por ese solo hecho, el ICBF abrió un proceso administrativo de restablecimiento de derechos y separó a la familia Burr. DeJuSticia y Colombia Diversa asumieron la representación de la familia Burr, por considerar que este es un caso en el que los prejuicios y la discriminación en razón a la orientación sexual estaba vulnerando los derechos de los niños.

Presentamos una tutela que tuvo dos decisiones judiciales en contra de la familia Burr, pero en revisión ante la Corte Constitucional, esta decidió proteger el derecho al debido proceso y el derecho de los niños a ser escuchados y ser tenidos en cuenta. La sentencia de la Corte sostiene que la apertura del proceso administrativo que separó a la familia Burr no tenía justificación pues no había evidencia de que se estuviera vulnerando o amenazando los derechos de los niños.

A continuación se incluye una hoja informativa del caso en la que se resaltan los hechos relevantes del mismo, y otros documentos que pueden ser útiles para las personas que quieran comprender el drama humano que hay detrás del debate jurídico que actualmente hay en Colombia por cuenta de este caso.

DeJuSticia intervino ante la Corte Constitucional argumentando que la norma demandada, que hace parte de la Ley de Formalización del Empleo, debe interpretarse en el sentido de que toda vinculación de personal para realizar actividades misionales y permanentes en entidades públicas y privadas debe hacerse a través de contrato de trabajo, y no a través de cooperativas de trabajo asociado o de otras figuras que desconocen los derechos laborales, como los contratos de prestación de servicios. De acuerdo con esto, sostenemos que es razonable que la norma no entre a regir inmediatamente, sino hasta julio de 2013, pues de este modo se permite que todas las entidades adecuen sus plantas de personal a los nuevos requerimientos de la norma.

Dejusticia intervino para apoyar la demanda en contra de esta norma, en la cual se solicita su inexequibilidad bajo la idea de que la prohibición constitucional del porte y consumo de estupefacientes sustituye parcialmente la Constitución, en tanto introduce una excepción al modelo de autonomía personal. Para respaldar este argumento, la intervención se concentra en aportar a la doctrina constitucional sobre el juicio de sustitución, proponiendo la tesis de que el poder de reforma constitucional que ejerce el Congreso a través de actos legislativos es menor que el ejercido por el pueblo a través del referendo y la Asamblea Constituyente y que, por tal razón, tratándose de reformas mediante acto legislativo -como la de este caso-, el juicio de sustitución debe ser más amplio que el se aplica frente a reformas en la cuales interviene directamente el pueblo.

DeJuSticia y el Observatorio de Discriminación Racial, conformado por
el Proceso de Comunidades Negras (PCN), DeJuSticia y el Programa de
Justicia Global y Derechos Humanos de la Universidad de los Andes,
presentamos la siguiente intervención ante la Corte Constitucional en
un proceso de tutela adelantado por un estudiante de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas quien dice ser víctima de discriminación racial debido a las expresiones racistas de un docente durante su clase. En ella analizamos el alcance de los derechos que se encuentran en tensión: los derechos a la libertad de cátedra y de expresión, y el derecho a la igualdad, específicamente la prohibición de discriminación racial. Proponemos algunos criterios para determinar cuándo se puede calificar el discurso de un docente como discriminatorio. Concluimos que en el caso concreto hubo una violación del derecho a la igualdad y proponemos por tanto algunas medidas resarcitorias pertinentes.

Dejusticia intervino ante la Corte en el control de constitucionalidad del proyecto de ley estatutaria de reforma política, específicamente en el estudio de los artículos 2°, 28 y 47.
En nuestra opinión, el artículo 2, que amplía la prohibición de no pertenecer a más de dos movimientos o partidos políticos con personería jurídica al incluir los que no tienen personería jurídica, es constitucional por ser una medida razonable que no afecta el núcleo esencial del derecho político de afiliarse o retirarse de una organización política. Apoyamos también la constitucionalidad del artículo 28 referente a la cuota de participación política (los partidos o movimientos políticos deben incluir mínimo un 30% de cada sexo en la conformación de listas para corporaciones públicas) ya que es coherente con los deberes del Estado en materia de promoción de participación política de las mujeres, la realización efectiva de sus derechos, el cumplimiento de obligaciones internacionales, entre otras. Finalmente, solicitamos la inconstitucionalidad del artículo 47 que modifica la conformación del censo electoral por vicios en su trámite legislativo, porque incorpora un trato desigual e injustificado entre los votantes y abstencionistas de las elecciones pasadas, y porque atenta contra el concepto de censo electoral.

Dejusticia intervino para respaldar la protección de los derechos fundamentales de una mujer cuya voluntad de interrumpir su embarazo fue desatendida, pese a que su situación encajaba en una de los tres eventos de despenalización del aborto, a saber, la existencia de un riesgo para para la salud mental de la mujer. Dada la multiplicidad de faltas de los operadores del sistema de salud en el presente caso, las cuales evidencian las dificultades para dar un adecuado tratamiento a la causal de peligro para la salud mental de la mujer, proponemos a la Corte algunos criterios que deben ser tenidos en cuenta para no hacer nugatoria en la práctica la procedencia de la IVE en los casos que encajen en esta causal.

Dejusticia intervino en el incidente de nulidad promovido por el Ministerio del Interior y Justicia y la Empresa Muriel Mining Corporation en contra de la Sentencia T-769 de 2009, que ordenó suspender el proyecto de cobre y otros minerales Mandé Norte en territorios colectivos afrocolombianos e indígenas hasta que se realicé una consulta previa con todas las comunidades afectadas en la cual se tendrá que obtener el consentimiento libre, previo e informado. En esta intervención, Dejusticia argumenta que dicha sentencia no cambió el precedente jurisprudencial, como lo afirman los solicitantes, sino que precisó el alcance de la consulta previa en proyectos de gran escala que puedan causar un impacto profundo en comunidades indígenas o negras en situaciones de vulnerabilidad por presiones territoriales en el marco del conflicto armado relacionado con proyectos de extracción de recursos.

Colombia Diversa y Dejusticia presentamos esta demanda con el objeto de que se declare la inexequibilidad de la restricción del matrimonio civil a las parejas heterosexuales. Argumentamos que esa restricción viola los derechos a la igualdad, al reconocimiento de la personalidad jurídica, a la intimidad y al buen nombre, y al libre desarrollo de la personalidad de las personas homosexuales; sin que existe ninguna justificación constitucional para mantener la restricción.