Dejusticia, como parte del Observatorio de Discriminación Racial se pronuncia sobre la demanda en contra de la “Ley del 21 de mayo de 1851 Sobre la libertad de esclavos”. En esta intervención expresa las razones por las cuales la Corte Constitucional no debe declararse inhibida para fallar, sino que por el contrario, debe ordenar al Congreso la creación de una política pública integral y colectiva para la población afrocolombiana.

El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia-interviene en el proceso para respaldar la demanda que pretende que se declare la inconstitucionalidad del cobro de derechos académicos en el nivel de básica primaria por parte de los establecimientos educativos
de carácter público.

El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –DeJuSticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo. La razón fundamental argumentada es la siguiente: la terna conformada por el gobierno nacional no respetó la ley de participación igualitaria de las mujeres (Ley 581 de 2000) que exige que en las ternas de candidatos para cargos como el de la Defensoría del Pueblo se incluya al menos una mujer. El 22 de octubre de 2009, luego de una acumulación procesal, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló el caso declarando la nulidad del acto por las razones indicadas en la demanda, constituyendo de este modo un precedente importante para el respeto de las reglas de acceso igualitario a los altos cargos del Estado. El 16 de agosto de 2008, el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y sociedad –DeJuSticia-, la Corporación Humanas Centro Regional de Derechos Humanos y Justicia de Género, la Red Nacional de Mujeres, y la Corporación Antígona para el Desarrollo Social, los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario, presentaron una acción electoral de nulidad contra el acto administrativo a través del cual, el 19 de agosto de 2008, la Cámara de Representantes eligió al doctor Volmar Pérez como Defensor del Pueblo. La razón fundamental argumentada es la siguiente: la terna conformada por el gobierno nacional no respetó la ley de participación igualitaria de las mujeres (Ley 581 de 2000) que exige que en las ternas de candidatos para cargos como el de la Defensoría del Pueblo se incluya al menos una mujer. El 22 de octubre de 2009, luego de una acumulación procesal, la Sección Quinta de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Consejo de Estado falló el caso declarando la nulidad del acto por las razones indicadas en la demanda, constituyendo de este modo un precedente importante para el respeto de las reglas de acceso igualitario a los altos cargos del Estado.

La intervención ciudadana se presenta en relación a la objeción de conciencia como una causal de exclusión permanente para prestar el servicio militar. El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia- presenta este escrito con la intención de coadyuvar la demanda a la inconstitucionalidad por omisión en que incurre el artículo 27 de la Ley 48 de 1993.

El centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia- interviene en el proceso con la finalidad de presentar algunas observaciones con respecto a los conceptos científicos solicitados por la Honorable Corte Constitucional, para verificar si existe alguna prueba empirica que demuestre afectación en los menores que crecen en hogares conformados por parejas del mismo sexo.

Sentencia del 28 de enero de 2009 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en donde se estudia el caso Ríos y otros vs. Venezuela.

En el presente Amicus Curiae, el centro de estudios de Derecho, Justicia y Sociedad -DeJusticia- intervine en el caso de referencia en relación a la discusión en torno a la violación de los artículos 13 y 1.1. de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y hace de igual manera referencia a los avances que sobre la materia se han desarrollado por parte de la Corte Constitucional colombiana.

El presente amicus curiae, desarrollado a partir de cinco casos concretos de violencia sexual perpetrada contra mujeres en el marco del conflicto armado peruano –cuyos nombres se mantendrán en reserva por cuestiones de seguridad–, pretende ser una contribución para superar los diversos obstáculos que afronta la
consecución de justicia en casos de violaciones a los derechos humanos.

En este documento se sostiene que de acuerdo con el derecho peruano
y los estándares internacionales en la materia, los hechos de violencia
sexual que dan origen al amicus, deben y pueden ser judicializados por el Estado. Para sustentar esta tesis se desarrollan varios argumentos jurídicos.

La acción de tutela fue interpuesta por el Observatorio de Discriminación Racial integrado por el Programa de Justicia Global de la Universidad de Los Andes, el Proceso de Comunidades Negras y el Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad (DeJuSticia) en contra de la Presidencia de la República, la Alcaldía Mayor de Bogotá y las tres discotecas.

Demanda de inconstitucionalidad contra el parágrafo 1 del artículo 15 de la ley 388 de 1997 y contra el artículo 40 de la ley 3 de 1991