La Corte Constitucional atendió al llamado de más de 90 familias del pueblo raizal y de organizaciones de derechos humanos de revisar la tutela para la protección de los derechos fundamentales de Providencia.

La oferta y publicidad de productos no saludables en las escuelas está asociada a los malos hábitos de consumo que inciden en el sobrepeso y la obesidad infantil.

Argumentamos a la Corte que la Universidad Distrital, la Personería de Bogotá, la Fiscalía y la Procuraduría han omitido sus responsabilidades para prevenir y sancionar la violencia de género.

Argumentamos ante la Corte Constitucional que es necesario compensar los retrasos causados por la pandemia. De lo contrario se estarían vulnerando los derechos de las víctimas y se estaría incumpliendo el Acuerdo de paz.

También le pedimos a la Corte Suprema que ordene suspender la asistencia militar, la disolución por la fuerza de las manifestaciones, el uso de armas de fuego y la actuación del ESMAD.

Junto a 22 organizaciones de derechos humanos, le solicitamos al organismo documentar en terreno las denuncias de víctimas y procesos organizativos afectados por expresiones violentas y uso desproporcionado de la fuerza en el marco del paro nacional.

Le pedimos a la Corte Constitucional que declare inconstitucional el artículo 247 del nuevo Código Electoral, que establece como reservada toda la información en manos de la Registraduría Nacional.

Pedimos ordenar a la ANLA arreglar los errores que tuvo su audiencia pública para que la gente pueda tener acceso a la información del programa de aspersiones de manera previa y en lenguaje accesible, e influir efectivamente en la decisión final que se adopte.

Le pedimos al Consejo de Estado rechazar la solicitud de terminar el proceso contra el director del Dapre.