Con la selección de este Caso, la Corte podría generar un precedente para prevenir y sancionar la violencia sexual que viven las mujeres en entidades privadas.

Solicitamos que se cree un procedimiento para que niños y niñas trans puedan cambiar integralmente sus documentos según su identidad de género.

Analizamos las probables consecuencias que esta decisión pudo tener para las veintinueve personas venezolanas expulsadas, en particular las barreras de acceso a derechos de las personas sin estatus migratorio regular en Colombia.

Este proceso debe garantizar que, en casos de traslapes, no se vulneren los derechos de las comunidades campesinas y afro.

Expusimos las razones por las que el acceso al agua y las medidas para su satisfacción deben ser priorizadas para atender a las poblaciones más vulnerables.

Con el fin de entregar nuestras valoraciones, radicamos un informe ante el Tribunal Administrativo de Cundinamarca donde analizamos la propuesta de modelo de etiquetado frontal presentado por el Gobierno Nacional.

Argumentamos que es necesaria, entre otras medidas, la suspensión inmediata del profesor denunciado mientras se adelantan los procesos disciplinarios y judiciales de este caso.

En nuestra intervención argumentamos lo perjudicial que ha sido la figura de prescripción de baldíos y cómo ha llevado a que particulares acumulen tierras que deberían destinarse a campesinos.

La Corte declaró inexequible la expresión del Decreto 441 que excluía a estas personas.