En Colombia hay cada vez más jueces que se alejan de la visión formalista de la ley, buscando mejorar la condición humana y el Estado de derecho a través de inteligencia, equilibrio, rectitud, paciencia, persuasión y compromiso.

Dejusticia demandó ante la Corte Constitucional las nuevas normas que contiene la Ley 1801 del 2016 en relación con las protestas y manifestaciones, argumentando que son inconstitucionales.

La presidencia de Donald Trump crea riesgos y desafíos muy serios para los derechos humanos. Pero puede tener un inesperado efecto positivo: llevar al movimiento de derechos humanos a hacer transformaciones en su arquitectura y sus estrategias que eran indispensables incluso antes de Trump, y que ahora se han vuelto urgentes.

La semana pasada, la plenaria del Senado aprobó en segundo debate la propuesta de referendo de la senadora Viviane Morales, que pretende limitar la adopción solamente a las parejas heterosexuales, excluyendo las personas solteras (tanto heterosexuales como homosexuales) y las parejas del mismo sexo. Durante un triste debate, se hizo visible el ánimo discriminatorio de esta iniciativa.

La sentencia de la Corte sobre fast track era no sólo muy difícil; era un “caso trágico”, en el sentido del profesor Manuel Atienza, que son aquellos en donde no hay buena solución jurídica pues cualquier decisión sacrifica un valor importante.

La decisión de la Corte Constitucional sobre el Acto Legislativo para la Paz es a la vez reconfortante y preocupante.

Se acaba 2016 y no encuentro un mejor título para encapsularlo que el de una columna de Martín Caparrós: “el año en que chocamos con nosotros mismos”.

No creo, como afirman algunas feministas, que el género o el patriarcado son necesariamente las principales estructuras definidoras de la sociedad. Y todavía no creo que haya un lugar especial en el infierno para las mujeres que no votan por la candidata, incluso la histórica. Pero he llegado a creer que en este momento, ignoramos las cuestiones de género a nuestro propio riesgo. 

La Corte Constitucional deberá tomar la semana entrante una decisión crucial: si la refrendación por el Congreso del nuevo acuerdo de paz es o no suficiente para activar el llamado fast track.