Opinión

El Concejo de Bogotá aprobó hace poco una medida que permite evitar el pico y placa pagando una suma de dinero de aproximadamente cuatro millones de pesos al año. En pocas palabras, la medida permite comprar una exoneración para no tener que obedecer.

“Vamos pueblo carajo, el pueblo no se rinde carajo” cantó por más de diez días la Cumbre Agraria, Étnica y Popular. 

El flaco debate sobre el actual paro campesino y étnico muestra que seguimos sin tomar en serio los movimientos sociales. El punto ciego no es solo del presidente Santos –“el tal paro no existe”, dijo en las marchas de 2013—, sino se extiende a los medios, el Estado y la academia.

La semana pasada, la Corte Constitucional declaró inconstitucional el modelo de administración de la rama judicial introducido en el “equilibrio de poderes”. La sentencia C-285 de 2016 desató una indignación de tirios y troyanos que llegaron a calificar a la Corte como “dictatorial” o a compararla con un emperador.

LA COMISIÓN INTERAMERICANA de Derechos Humanos (CIDH) ha sido fundamental para la lucha por la democracia en América Latina pues en muchos casos ha sido la única institución a la cual han podido recurrir las víctimas de atropellos, cuando no han encontrado respuesta en sus propios países, como los familiares de los desaparecidos de las dictaduras argentina o chilena, o de masacres en Colombia, o los perseguidos políticos en Venezuela, o los periodistas censurados en Ecuador. Y la CIDH ha jugado también un papel esencial en momentos cruciales, como la resistencia de los peruanos frente a la dictadura de Fujimori o la investigación sobre los estudiantes mexicanos desaparecidos de Ayotzinapa.

Hace un par de semanas la facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional homenajeó a un grupo de docentes por su trayectoria académica. Entre ellos estaba el sociólogo Miguel Ángel Beltrán, quien, como la opinión publica sabe, fue destituido por la Procuraduría, acusado de colaborar con las Farc y posteriormente condenado en segunda instancia por el Tribunal Superior de Bogotá.

La pregunta que hacen todos aquí en Salento (Quindío) es la misma que he oído en boca de alcaldes y líderes sociales de muchos municipios: ¿pueden los títulos mineros otorgados por el Gobierno Nacional pasar por encima de la decisión local de privilegiar otras actividades, como el turismo, la agricultura o la preservación de las fuentes de agua?

El jueves pasado, la Corte Constitucional realizó una audiencia pública sobre el proyecto de ley estatutaria que autorizaría un plebiscito para la refrendación de los acuerdos de paz.