La jurisdicción agraria es entonces una gran oportunidad para darle contenido a la reforma constitucional del 2023, que incorporó los derechos del campesinado y reconoció su dimensión ambiental.

Más o menos unas cien mil personas vivían en el valle de San Nicolás (oriente de Antioquia) a mediados del siglo pasado; hoy son más de 500 mil y se calcula que en 10 años habrá más de un millón.

Hubiera querido que la discusión de la reforma al Sistema Geneal de Participación hubiera sido más integral y más consensuada. Eso no ocurrió, y como parece que la reforma es imparable, ojalá se corrijan sus defectos y esta sea el punto de partida hacia una verdadera discusión sobre el reordenamiento territorial.

Avanzar hacia decisiones colectivas de renuncia a la persecución penal, respetar la selección de la Sala de Reconocimiento de los máximos responsables, aprovechar la experiencia acumulada en más de una década de mecanismos de justicia transicional y contar con el compromiso del gobierno de apoyar este componente del Acuerdo de Paz, puede trazar un camino más efectivo para alcanzar los objetivos de la JEP.

Los ataques a la independencia judicial deberían ser condenados por todos los que decimos defender la democracia. Pero no es así.

Soy consciente de que al dejar X pierdo algo, o mucho, no lo sé. Tengo la esperanza de que mi decisión arrastre a otros. Las redes funcionan como los bancos, que dependen de la confianza de sus cuentahabientes; por eso se quiebran cuando la gente los abandona, que es lo que yo espero que le pase a X.

Mi tesis es que el peor diseño constitucional es el presidencialismo, combinado con centralismo, débiles garantías de independencia judicial, ausencia de otros órganos autónomos y con un sistema electoral mayoritario.

El mercado de créditos de carbono funciona mal y vulnera los derechos de los pueblos indígenas. La Sentencia T-248 de 2024 y el Decreto 1275 de 2024 establecen que estos proyectos deben respetar la autonomía territorial, mientras se avanza en una regulación que permita proteger la justicia ambiental.

La Ley 2292 de 2023, diseñada para permitir que mujeres cabeza de familia cumplan su condena en libertad, tiene problemas para su implementación. Obstáculos judiciales y fallas logísticas limitan su alcance, afectando las oportunidades de muchas mujeres de reconstruir sus familias.