Nunca he entendido por qué la solidaridad y la compasión igualitaria que inspiran a la izquierda suelen agotarse cuando las víctimas no son personas sino animales.

La división tradicional del trabajo y la asignación de papeles en las comunidades rurales han hecho que históricamente las mujeres tengan poco o nulo acceso a la propiedad de la tierra.

A veces los cambios cruciales se hacen sin tanta bulla. Mientras el resto del país debatía los vericuetos de la reforma al equilibrio de poderes, el Gobierno les cumplía a los pueblos indígenas una deuda de más de dos décadas: la promesa de la Constitución de 1991 de reconocerles el derecho de administrar sus territorios y organizar sus asuntos con mayor autonomía. Sin mayor ceremonia, un decreto identificado con un número olvidable (1953) dio el pasado 7 de octubre un paso memorable hacia la restauración de los derechos plenos de ciudadanía de los pueblos indígenas.

El ébola fue descubierto en 1976 y desde entonces ha habido una veintena de brotes, siempre de gran letalidad.

Revisando la prensa de esta semana me detuve en la lectura de cuatro noticias aisladas, cada una ocurrida en diferentes partes del mundo.

A octubre de 2013 existían 9.703 títulos mineros vigentes en toda Colombia repartidos entre 5.797 personas naturales o jurídicas

Si el debate sobre el “Supertribunal” que juzgaría a los magistrados y altos funcionarios es tan vehemente, es porque condensa algunos de los problemas más complejos de ingeniería constitucional.

Para hacer de la transparencia una realidad se necesita no sólo voluntad política por parte el gobierno sino presión y apersonamiento por parte de la ciudadanía.

El trámite infortunado de la reforma a la justicia hace dos años deja una lección fundamental: si un proyecto de reforma pretende cambiar muchas partes de la Constitución pero carece de un claro propósito unificador, la situación es institucionalmente muy riesgosa, al menos por las siguientes tres razones.