Esta columna defiende el valor de la realidad sin adjetivos, lo cual es, a su turno, una adjetivación; por eso parece contradictoria. Pero no lo es, porque no milita por eliminar los adjetivos, o por suprimir la relativización del mundo (algo imposible e indeseable), sino por reducir su intensidad.

Necesitamos entonces, no sólo indicadores de impunidad, sino también de desempeño de la Fiscalía y de la justicia en general que sean transparentes, sólidos, creíbles y medidos periódicamente.

Inquieta que no haya una condena inequívoca a la represión y que haya desaparecido cualquier referencia a la necesidad de una verificación internacional independiente de las actas, pues, reitero, no puede confiarse ni en el CNE ni en el Tribunal Supremo, que son instituciones totalmente cooptadas por Maduro.

Los países ricos, responsables del 92% de las emisiones de CO² por encima de los límites planetarios, perpetúan un mito de sostenibilidad mientras los más pobres sufren desproporcionadamente las consecuencias del cambio climático. La desigualdad ambiental es innegable.

En casi todos los procesos de selección de las altas cortes, se han desatendido las normas y directrices, nacionales e internacionales, que piden: transparencia, publicidad, participación ciudadana, idoneidad, objetividad, independencia, imparcialidad, igualdad y diversidad.

Colombia debe exigir que cesen las violaciones a los derechos humanos y que la publicación de las actas y el reconteo sean inmediatos y con verificación internacional para que sean creíbles y evitar un agravamiento de la violencia y represión.

En 1998, muchos vimos con ilusión la promesa de Hugo Chávez de construir una sociedad más justa y políticamente menos corrupta, pero la promesa terminó en una sociedad envenenada por un discurso oficial que trata a los opositores de fascistas.

El crimen en América Latina se convirtió en un negocio multifacético, a veces transnacional, a veces puramente local. En unos casos, se trata de la provisión de bienes legales pero a través de redes delincuenciales. En otros casos, son mercados totalmente ilícitos, como el narcotráfico.

El sistema tributario colombiano es criticado por su falta de progresividad y equidad, lo que perpetúa la desigualdad. La nueva reforma tributaria que persigue el Gobierno busca corregir esto, y para ello debería enfocarse en los principios constitucionales que garantizan la plena realización de los derechos humanos.