Opinión

La elección de Alberto Rojas como magistrado de la Corte Constitucional me hizo recordar el 1º de diciembre de 1993. Ese día tuvo lugar la elección, en el Congreso, de los primeros jueces permanentes de la Corte Constitucional.

Supongamos que el procurador Ordóñez gana las próximas elecciones presidenciales (los dioses no lo permitan) y que lo hace con un programa de gobierno que promete restaurar la moral, la tradición y la familia. Supongamos que, en desarrollo de ese programa, Ordóñez prohíbe el consumo de alcohol. Muchas cosas cambiarían: cerrarían las fábricas de licores y se acabarían las importaciones de whisky; las rumbas se harían sin trago, etc. ¡Ah!, y claro, muchos violarían la norma, con lo cual prosperarían los mercados negros.

Eduardo Posada Carbó no está de acuerdo con mi columna de hace un par de semanas sobre el actual proceso de paz, en donde hablo de la precariedad de los consensos y de los mitos fundacionales en la historia de Colombia.

Cada año escribo una columna parecida sobre la situación lamentable que vive la Universidad Nacional. Aquí va la de este año.

Colombia es un país dividido por la geografía, por la historia y por las ideologías. Aquí los grandes consensos y los proyectos de sociedad han escaseado tanto como la nieve.

El Presidente Santos sostuvo esta semana que las llamadas “ollas” urbanas (tal vez sea mejor escribir “hoyas”, en el sentido de sepulturas) son fábricas del crimen y ordenó desmantelarlas en veinte ciudades del país. Pero el tema es más complejo y no se puede entender por fuera de la llamada guerra contra las drogas.

La crisis de Chipre (esa pequeña isla del Mediterráneo que esta semana cerró los bancos luego de las restricciones impuestas por la famosa Troika) me hizo acordar de los piratas del siglo XVII.

Hace por lo menos 30 años que la izquierda viene hablando mal de las multinacionales.

Francia no es lo que uno diría un bastión del catolicismo. Más bien es lo contrario. Allí la Iglesia católica ha tenido muchos dolores de cabeza, empezando por la promulgación, al inicio de la Revolución francesa, de la llamada “Constitución civil del clero”, que obligaba a sacerdotes y obispos a jurar fidelidad al pueblo revolucionario.