Opinión

El jueves pasado, en Oslo, se dio inicio a la negociación entre el Gobierno y las Farc. El primero en hablar fue el vocero del Gobierno, Humberto de la Calle.

A cada grupo político le gusta hablar de lo que sabe. La izquierda habla de derechos sociales, de participación política y de derechos humanos, entre otras cosas. A la derecha, en cambio, le encanta hablar de seguridad, de moral, de cultura, de negocios, etc.

Nicolás Boileau, un escritor francés del siglo XVII, decía que todo protestante era un papa cuando tenía la Biblia en sus manos. Esa frase refleja bien el ideal luterano de liberar a los creyentes de las jerarquías eclesiásticas y de reducir la experiencia religiosa a Dios, a las escrituras y a la gracia.

Una de las prácticas más odiosas de los regímenes autoritarios es la de castigar a alguien por el simple hecho de pertenecer a un grupo social que el régimen considera peligroso. Los estudiantes en las dictaduras militares, los homosexuales en las teocracias islámicas o los negros en el Apartheid, son solo los ejemplos más visibles. Esta práctica está fundada en una ideología que se conoce como peligrosismo penal, proscrita desde los inicios del siglo XIX, pero que estamos lejos de haber desterrado de las democracias occidentales, como bien lo muestra la composición social de la poblaciones carcelarias. Aquí quiero hablar de un tipo de peligrosismo del que se habla poco, pero que no solo persiste sino que progresa. Me refiero a la manera discriminatoria como los países tratan a los inmigrantes cuando entran y salen de sus fronteras. Los colombianos padecemos, como pocos, ese mal trato y, sin embargo, repito, hablamos poco de él; como si se tratara de una fatalidad contra la cual no podemos hacer nada.

Fernando Savater dijo alguna vez que las guerras se alimentan ante todo de palabras y que, por eso, echar más palabras a la guerra es como echar más leña al fuego.

En su última columna, “la ley del embudo”, Salud Hernández dice que quienes critican al procurador son fundamentalistas religiosos que defienden un modelo sagrado de sociedad. Hernández los acusa de cometer el mismo pecado que estos denuncian (la intolerancia) pero sin oír sus argumentos.

Se ha desatado una fuerte polémica por cuenta de una decisión de la Corte Constitucional que obliga a la Procuraduría a rectificar informaciones médicas falsas e interpretaciones judiciales soslayadas en relación con el tema del aborto.

Se habla mucho de los amigos y de los enemigos de la paz, como si fueran dos grupos claramente diferenciados. Sin embargo, las negociaciones con la subversión desencadenan un debate mucho más complejo.

En Colombia no hay una sino dos guerras: la primera se libra contra la subversión y la segunda contra las drogas ilícitas. Los promotores de esas dos guerras, aunque se empeñan en seguir peleando, han fracasado.