Opinión

La sentencia de la Corte IDH es inequívoca: los más de 6.000 crímenes contra militantes de la UP, entre los cuales más de 3.000 fueron asesinatos y más de 500 desapariciones forzadas, no fueron acciones aisladas perpetradas por unas manzanas podridas o por algunos pocos grupos criminales.

​El gobierno actual creó la Gerencia para La Guajira en busca de una solución postergada por años para atender los problemas humanitarios y de salud en ese departamento. Pero hay un problema de fondo del que nadie habla y es urgente: las cifras oficiales tienen reparos y dejan en el limbo datos y vidas ​que no se toman en cuenta.

En la carta que envió Claudia López sobre el proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria que piensa presentar el Gobierno hay al menos cuatro inexactitudes. En esta columna, Rodrigo Uprimny invita a la alcaldesa de Bogotá a pensar en nuevas estrategias para enfrentar el problema carcelario.

Extrañaremos el rigor y la sobriedad de Jorge Enrique Espitia, este “investigador silencioso”, como atinadamente lo recuerda su colega y amigo Jorge Iván González.

La ausencia de una política sobre los derechos humanos y la generación de energía alimenta la creciente conflictividad en los territorios. Hasta que decidamos volver sobre nuestros pasos centrándonos en una transición justa, será difícil poner fin a todas las formas de violencia relacionadas con nuestra dependencia de los combustibles fósiles a cualquier precio.

Difícil encontrar una injusticia mayor: las poblaciones que ya se encuentran en una situación muy dura (los pobres y desheredados del mundo) son quienes más padecerán el cambio climático, a pesar de ser quienes menos lo han provocado.

Lilly Bleier de Ungar junto con muchos otros austriacos que en esos años huyeron del nazismo y emigraron a Colombia nos trajeron y nos legaron lo mejor de la Viena de entreguerras: su inmensa cultura, su espíritu innovador y esa capacidad de convivencia cosmopolita entre múltiples identidades culturales, religiosas y nacionales.

Estados Unidos ha implementado diferentes medidas para evitar el ingreso de personas migrantes y refugiadas a su territorio, entre ellos, extender su política migratoria hacia los países de América Latina.

la JEP tiene por delante dos grandes desafíos: tener en cuenta las preocupaciones de las víctimas frente a las Resoluciones de Conclusiones y comunicar de la manera más clara y amplia posible los avances de cada caso, sus implicaciones jurídicas y los pasos a seguir.