Después de un año, el gobierno Petro debería estar mostrando mejores resultados. O debería al menos darle a este tema la prioridad ética y humanitaria que amerita.

Evocación de un papá, amigo y maestro, recién fallecido. Esta es la carta de Paulo Ilich Bacca, subdirector de Dejusticia, a su padre.

El derecho progresista también puede ser, y lo ha sido, un arma de los movimientos sociales y de la gente contra el poder público y contra las élites.

Hoy, pleno 2023, resulta decepcionante que la estrategia internacional sea, una vez más, reciclar una estrategia del pasado. De una parte, los aliados para imaginar un mundo después de la prohibición no están en América Latina y sus gobiernos de izquierda, y si Petro genuinamente quiere ir más allá de afirmar el fracaso del modelo, debe entonces buscar por fuera de la región.

La implementación del Acuerdo en materia de acceso a la información poco tiene que ver con adelantar reformas normativas. Lo que necesitamos es un cambio en las prácticas y mentalidades públicas, entender que toda la información en poder de una entidad estatal es de naturaleza pública y que, en muy raras excepciones. se permite mantenerla reservada.

Tal vez valga la pena que Petro y su equipo conozcan y tomen en cuenta la experiencia de uno de los reformadores más exitosos del mundo en el siglo XX: el primer ministro inglés Clement Attlee.

Los países de Latinoamérica y el Caribe dieron un primer paso para avanzar hacia un pacto fiscal regional. Que, si se toma en serio, les permitirá a los estados obtener los recursos necesarios para impulsar el crecimiento y la inversión social, combatir la desigualdad y luchar contra el cambio climático.

La confianza en la justicia en Colombia debería ser como el hierro, pero en realidad es endeble, se resquebraja fácilmente y cuesta mucho repararla.

Podríamos estar entrando en un período de turbulencia política, lo cual exige grandeza y serenidad de los principales líderes y una robusta adhesión de parte de ellos y de la ciudadanía a los principios y las reglas esenciales del Estado de derecho.