El texto del PND promete un avance nunca antes visto en materia socioambiental, pero también exige el mayor cuidado para disminuir la conflictividad y estabilizar las finanzas públicas a fin de lograr una mejora profunda en la calidad de vida de las personas y el cuidado de la naturaleza.

Esperamos que las instituciones como el ICBF y la Fiscalía encaminen sus acciones hacia diálogos más comprensivos de los propios análisis, propuestas y dinámicas del pueblo y las mujeres Nükak.

El wayuu llega a Colombia a buscar refugio, pero se encuentra con un muro que le impide acceder a servicios sociales y derechos básicos: el Estado colombiano no ha reconocido en la práctica la binacionalidad del pueblo wayuu.

Hemos vuelto a hablar de cancelación tras las nuevas denuncias de acoso y violación hechas contra Víctor de Currea Lugo, quien finalmente desistió de su nombramiento como embajador ante los Emiratos Árabes. De Currea dijo en una entrevista que era la víctima de una cacería de brujas.

Para promover un cambio estructural en las prácticas que generan el gran deterioro ambiental en nuestro país, diferentes propuestas para modificar o crear leyes, e incluso la Constitución Política, buscan dicho reconocimiento de derechos.

Los wayuu han reclamado el reconocimiento de su binacionalidad apelando al vínculo jurídico y político que los une con Colombia y Venezuela y que debería traducirse en plena garantía de derechos y ciudadanía en los dos países.

La sentencia de la Corte IDH es inequívoca: los más de 6.000 crímenes contra militantes de la UP, entre los cuales más de 3.000 fueron asesinatos y más de 500 desapariciones forzadas, no fueron acciones aisladas perpetradas por unas manzanas podridas o por algunos pocos grupos criminales.

​El gobierno actual creó la Gerencia para La Guajira en busca de una solución postergada por años para atender los problemas humanitarios y de salud en ese departamento. Pero hay un problema de fondo del que nadie habla y es urgente: las cifras oficiales tienen reparos y dejan en el limbo datos y vidas ​que no se toman en cuenta.

En la carta que envió Claudia López sobre el proyecto de reforma a la política criminal y penitenciaria que piensa presentar el Gobierno hay al menos cuatro inexactitudes. En esta columna, Rodrigo Uprimny invita a la alcaldesa de Bogotá a pensar en nuevas estrategias para enfrentar el problema carcelario.