Las desigualdades que deberían estar en el centro del debate en estas elecciones presidenciales, y, sobre todo, en la agenda de quien sea elegido como nuestro próximo presidente.

Para seguir avanzando en la integración de las personas migrantes y refugiadas es necesario que el nuevo gobierno siga promoviendo la garantía de los derechos de esta población a través de la implementación de programas y políticas públicas.

Estas elecciones son una gran oportunidad para practicar las virtudes públicas. No tenemos que convertirnos en un club de amigos, sino asumirnos como una ciudadanía edificada sobre las virtudes públicas de la libertad, el reconocimiento por el otro y la solidaridad.

En este contexto, como ciudadanos, y sin importar cuál candidato apoyemos, debemos comprometernos al respeto de la voluntad democrática expresada en las elecciones, sin perjuicio de denunciar irregularidades. Y por eso debemos exigir del gobierno y de las autoridades electorales que maximicen la transparencia y brinden todas las garantías a la ciudadanía y a los movimientos y partidos políticos.

Para que los señores de la guerra salgan de los territorios necesitamos, además de seguridad, garantías para el ejercicio electoral. Fortalecer otros escenarios de participación que permitan enaltecer las voces de la paz, muchas de ellas silenciadas por las botas y los fusiles llevados por los mismos señores de la guerra.

Parece obvio, pero la brecha digital es un asunto de desigualdad. Desigualdad entre quienes quieren acceder a internet y los que no. Entre unos que pueden hacerlo y otros que no. Entre quienes saben cómo usar las tecnologías y otros que no.

Todo parece indicar que, para los comicios de este domingo, las urnas seguirán siendo un escenario cerrado para las poblaciones rurales dispersas que, además de soportar la guerra, deben hacer frente a la exclusión electoral.

El impuesto a las bebidas endulzadas no solo genera ingresos fiscales, sino que también permite mejorar la salud de las personas al disminuir su consumo, reduce los costos de salud a largo plazo y permite contar con un recaudo extra que se podría utilizar para financiar programas públicos e invertir en sectores económicos que lo requieren.

Desde febrero, la Defensoría del Pueblo ha alertado sobre el riesgo de violencia en estas elecciones y el reciente “paro armado” confirmó que ese peligro sí existe.