Dejusticia: 20 años y un cúmulo de pequeñas cosas que labran su historia

¿Qué cabe en una caja? Depende de qué tan grande sea. Si fuera una pequeña, íntima, de esas que guardamos en un rincón de la casa,  es posible que encontremos algunas fotos, negativos, rollos sin revelar, recortes de periódico,  cartas y postales; pequeñas cosas que retienen una infinidad de recuerdos. Pero en una caja también caben grandes proyectos. Cierto día, en diciembre de 2004, Ángela, la esposa de Mauricio García Villegas, le entregó una a Rodrigo Uprimny y le dijo: “Aquí te entrego a DJS”. El porqué de esas siglas lo explicaremos más adelante; por ahora, lo importante es que Dejusticia cabía en una caja de cartón.

La entrega ocurrió en medio de una reunión en la casa de Catalina Botero, una de las otras seis personas que, con Rodrigo y Mauricio, fundaron Dejusticia. Para entonces, el gobierno de Álvaro Uribe ya movía fichas para lograr la reelección, mientras en paralelo avanzaba la desmovilización de grupos paramilitares. Las organizaciones de la sociedad civil, por su parte, enfrentaban estigmatización y amenazas, incluso desde el gobierno, bajo la excusa de la “mano firme”. Es a partir de ese momento político y social, tras el traspaso de la caja, que Dejusticia comenzó a escribir su historia. 

Dos décadas después —aunque Gardel diga que 20 años no es nada— Dejusticia ya no cabe en una caja. La caja se multiplicó, se volvió un archivo y es hoy una institución que ha crecido, ha aprendido y se ha fortalecido. En esta celebración quisimos volver sobre nuestros orígenes y explicar cómo hemos cambiado. Para eso contamos esta historia, que es una muestra de que Dejusticia, bajo una lógica anfibia, mutó y adaptó sus formas de trabajo sin perder de vista el horizonte que la vio nacer.

DJS del derecho (no de la música)

En 2003, un grupo de ocho profesores de la Universidad Nacional de Colombia y la Universidad de los Andes, la mayoría de ellos vinculados con la Corte Constitucional y su jurisprudencia, se reunió porque tenía un propósito común: poner el derecho al servicio de la justicia social. Como recuerda Rodrigo Uprimny, estaban “agobiados” en las universidades: las burocracias académicas y las limitaciones presupuestales les impedían investigar con libertad, publicar con agilidad e intervenir con impacto en el debate público.

Mauricio García Villegas agrega que tenían una visión diversa del derecho, no tan positivista como la de los abogados tradicionales, sino con un enfoque social y político. Rodrigo, Mauricio, Catalina Botero, Danilo Rojas, Juan Jaramillo, Diego López, Helena Alviar y César Rodríguez compartían el compromiso con los ideales de la Constitución de 1991 y la defensa de los derechos humanos.

Tras meses de reuniones en casas particulares, firmaron los estatutos que empezaron a dar forma al Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad. De ahí provienen la D, la J y la S que acompañaron la identidad de la organización en sus primeros años. Rodrigo subraya que varios aspectos estaban claros: querían incidir en la opinión pública, buscaban ser un centro que equilibrara investigación y activismo, y no deseaban encasillarse en orillas políticas, aunque su énfasis en ideas progresistas y la defensa de comunidades vulnerables los orientara en una dirección.

En las reuniones preliminares, según Gabriela —viuda de Juan Jaramillo—, su esposo aportaba su meticulosidad característica al encargarse de los ‘peros’. “Le gustaba mucho hacer listas de pros y contras antes de tomar decisiones serias”. Esa cautela no era falta de entusiasmo, sino la expresión de su compromiso por crear un espacio que reuniera independencia, respeto y solidez académica combinadas con acciones prácticas en un ambiente laboral justo y amigable.

Los primeros años de Dejusticia, recuerda Mauricio, fueron autogestionados y precarios; los pocos recursos salían de sus propios bolsillos. El primer financiamiento sustancial llegó poco después, tras una reunión con Martín Abregú, de la Fundación Ford, en el restaurante Armadillo, en Bogotá. “Martín nos dijo que creía que podríamos ocupar un lugar muy importante en el espacio colombiano, porque nuestra naturaleza era la de una organización con rigor académico que surgía en un momento de polarización por el gobierno de Álvaro Uribe, y que no estaba alineada a un lado ni a otro”, recuerda Rodrigo.

La primera sede y el nombre definitivo

Los registros oficiales indican que Dejusticia inició operaciones formales en 2005, con la misión de defender los derechos humanos y ayudar a construir una ciudadanía más incluyente en Colombia y la región. Para ello, lo primero era comenzar a habitar un espacio. Gracias a los fondos de la Fundación Ford se pudo financiar el alquiler de la primera sede: un pequeño apartamento en Chapinero, en la carrera 4 con calle 67, que hoy ya no existe.

Diana Guzmán, actual directora, que ingresó a Dejusticia el 1 de marzo de 2006, dibuja el plano de esa primera sede: una sala-comedor que servía como cubículo colectivo, una cocina al fondo y tres habitaciones convertidas en oficinas: una para Rodrigo Uprimny como director, otra compartida por César Rodríguez y Mauricio García, y otra para Flor Elba Castro, la gerente. El equipo era mínimo: María Paula Saffon, Diana Guarnizo, Diana Rodríguez y algunos pasantes. Yaneth Vargas llevaba la secretaría, y contrataban servicio de aseo de manera ocasional. Esa era la “nómina”.

La línea de trabajo ya estaba asentada: no se trataba de documentar violaciones a los derechos desde la denuncia tradicional —esa labor la realizaban otras organizaciones— sino de aportar investigación comparada, análisis jurídico-político y propuestas de política pública. En la práctica, las primeras líneas de trabajo se articularon en torno a cinco temas: justicia transicional, sistema judicial, derechos sociales, Estado de derecho y libertades. 

Aunque el litigio no era un objetivo inicial, Dejusticia participó en dos luchas comunitarias que precedieron la creación de un área específica para trabajar la incidencia en tribunales: la defensa del derecho de las radios comunitarias en ciudades capitales y la titulación colectiva del territorio del Consejo Comunitario de las Islas del Rosario. Ambas luchas las ganaron.

Rodrigo explica esto como un ciclo: investigación que desemboca en documentos de política pública, litigio y, más adelante, formación y comunicación. Esos componentes se retroalimentaban y daban sentido a una identidad institucional híbrida: un centro académico con clara vocación de incidencia. Nina Chaparro —quien se incorporó después— sintetiza el método: “Es como jugar billar a tres bandas, porque se trata de integrar el litigio estratégico, la investigación y el trabajo con comunidades afectadas, y las comunicaciones para asegurar que una sentencia no se quede en papel”.

Con esa lógica, era importante que el nombre y el logo fueran fáciles de recordar. Buscar DJS en Internet arrojaba resultados sobre disc jockeys, lo cual le restaba seriedad a la organización. Por eso, a partir de la D, la J y la S, pensaron opciones para un nombre definitivo; aunque el sobrenombre DJS se conservó internamente, el centro finalmente adoptó un rótulo definitivo: Dejusticia.

Un lugar propio y una organización en expansión

Con el paso de los años, el apartamento en Chapinero se quedó corto porque Dejusticia ya no era una organización de 12 personas. El trabajo y las líneas de acción se expandían, así como la necesidad de aumentar el equipo. Gracias a la llegada de financiadores, entre ellos la Embajada de Holanda y Open Society, en diciembre de 2008 Dejusticia se instaló en una casa esquinera del barrio La Soledad, que se convirtió en la sede definitiva. En esos años, desde columnas en medios de comunicación —y más adelante con una intervención ante la Corte Constitucional— los socios ya señalaban la inconveniencia de una segunda reelección de Álvaro Uribe.

Aunque crecía progresivamente, el espíritu de trabajo aún era friends and family, como lo describe Vivian Newman. Diana Guarnizo y Paola Molano recuerdan debates en pasillos, almuerzos y cafés que funcionaban como espacios para cimentar ideas. También hubo momentos de diversión, como la vez en que Nina le ganó un torneo de ping-pong a Rodrigo. No son anécdotas pasajeras: señalan un modo de trabajo íntimo en el que la informalidad y la cercanía impulsaban creatividad y producción conjunta.

Las nuevas fuentes de financiación permitieron abrir otras líneas de investigación: política de drogas, no discriminación, igualdad y pueblos étnicos. A la par, la apuesta fue consolidar un área administrativa fuerte: políticas internas, contratos de trabajo (evitar depender masivamente de contratistas) y procesos claros para prevenir malas prácticas y sostener el crecimiento.

La profesionalización trajo especializaciones. William Morales, que llegó en 2007, vio cómo roles “todo en uno” se desglosaron en equipos de talento humano, finanzas, comunicaciones y gestión de proyectos. La organización también se abrió a disciplinas distintas del derecho: llegaron profesionales de ciencias sociales y economía, porque, como subraya Paola Molano, “las herramientas jurídicas sirven para hacer, pero no necesariamente para entender”.

El legado de Juan Jaramillo

Cuando la enfermedad golpeó a Juan Jaramillo, Dejusticia fue su refugio emocional. Gabriela cuenta cómo la organización le dio fuerzas durante su lucha: “La ilusión de volver a su oficina, rodeado del cariño, le regaló más vida que cualquier quimioterapia. Al enfermarse, Juan pudo imaginar un futuro digno por la perspectiva de trabajar en Dejusticia”.

Juan fue y será una figura importante para la organización. Su estilo —informal, preguntón, lleno de carcajadas— impregnó la cultura dejusticiera. Diana Guzmán lo recuerda como uno de los profesores que inspiraron a muchas generaciones de estudiantes a hacerse nuevas preguntas y a ser rigurosos pero sin pretensiones. Mauricio subraya la cercanía personal: lo describe como un gran amigo y parte fundamental de la base académica y humana sobre la que se construyó la organización.

Más allá de la profunda amistad que los unía, Rodrigo destaca su apertura al debate y su disposición a pensar decisiones en colectivo. También su enfoque hacia investigaciones relacionadas con los derechos políticos y electorales, y su cercanía con el trabajo de organizaciones sociales y campesinas. Por su gran legado, una de las salas de la sede de Dejusticia lleva su nombre.

Fortalecer la gobernanza y abrir las puertas de la casa

Cuando Dejusticia superó los 30 trabajadores y el espacio quedó corto, en junio de 2013 fue posible ampliar la sede en La Soledad. Con una institucionalidad más sólida y unas líneas temáticas en expansión, la organización entró en una fase de mayor visibilidad. Hacía tiempo que había dejado de caber en una pequeña caja y continuaba en crecimiento, pero eso trajo cambios sustanciales: los almuerzos o cafés colectivos donde se discutían proyectos quedaron en el pasado, y las relaciones, tanto hacia adentro como hacia afuera, requerían ahora de más gerencia.

Durante el aniversario de la primera década de Dejusticia, Rodrigo Uprimny dejó la dirección para integrar el Comité DESC de Naciones Unidas. Su lugar lo asumió César Rodríguez, otro de los fundadores. En esos años, por la expansión de la organización, comenzaron a asomarse debates internos sobre la gobernanza institucional. Hacer las cosas bien exigía reglas claras, y eso podía cambiar el espíritu íntimo de los orígenes. Como recuerda Vivian Newman, ya no se trataba de un «cada cual va por su lado» sino que se debía actuar mejor para coordinar energías dispersas.

Rodrigo, Diana Guzmán, Mauricio y Vivian coinciden en que estos años fueron un periodo en el que llegaron importantes proyectos y se avanzó en la internacionalización del trabajo de Dejusticia. Pero a la vez, esta ambiciosa expansión dejó en evidencia la urgencia de institucionalizar, crear protocolos y establecer reglas más estrictas de rendición de cuentas y transparencia para evitar el desborde de la organización.

Puede decirse que entre 2015 y 2019 —este último el año en que César renunció a la dirección y, simultáneamente, otros socios fundadores se retiraron—, «la organización se sacudió internamente, pero eso dejó como resultado una gobernanza y formas de trabajo más consolidadas», dice Rodrigo. Un proceso crucial para lograr coordinar mejor a un equipo que había pasado de 30 a más de 80 personas.

Paralelamente, y como prueba de su resiliencia en tiempos de turbulencia, Dejusticia mantuvo su capacidad de incidir con fuerza en la esfera pública. En este mismo periodo, la organización obtuvo un triunfo emblemático en 2016: tras tres años de litigio, el Consejo de Estado declaró nulo el nombramiento del procurador Alejandro Ordóñez por conflictos de interés. Este caso, liderado junto a otras organizaciones, demostró que incluso en momentos de reacomodo institucional, la organización sostenía su defensa por la democracia con la misma contundencia de siempre.

También en 2016, gracias a un nuevo financiador, Dejusticia pudo adecuar nuevos espacios, contiguos a las oficinas que ya tenía. Más que para cubículos o archivos, cuenta Yaneth Vargas, fueron pensados para ofrecer cursos y talleres. Sus salones y auditorios tienen una orientación hacia el encuentro, como una casa para los eventos y las actividades de formación, para poder hacer lanzamientos, reuniones y conversatorios sin recurrir a alquileres externos. Desde entonces, podríamos decir que la organización consolidó un espacio físico de puertas abiertas para los aliados y las comunidades que rodean el trabajo diario de Dejusticia.

Una pandemia y un premio inesperado

Tras la salida de César Rodríguez, la dirección quedó en manos de Vivian Newman, quien tuvo que afrontar los años de la pandemia de Covid-19. En ese momento, Dejusticia tuvo que adaptar sus métodos de trabajo con rapidez. Como el resto del país y del mundo, pasó a la virtualidad y el equipo administrativo aprendió a trabajar sin estar en las oficinas. La transición demostró que muchas tareas podían sostenerse de forma remota sin perder rigor.

El trabajo de campo se restringió por la emergencia, lo que llevó a reorientar la investigación hacia el escritorio. Esto obligó a repensar metodologías, priorizar análisis comparados y explorar nuevas formas de incidencia virtual. La organización aprendió a producir insumos relevantes aun sin la presencialidad que había marcado sus inicios.

Si el crecimiento exponencial ya representaba riesgos para el modelo de debates y diálogos presenciales, la pandemia terminó por erosionar la dinámica de pasillos, almuerzos y celebraciones. Pero la virtualidad también ofreció ventajas: horarios más flexibles y la posibilidad de convocar a más aliados a través de plataformas digitales.

Aun así, en medio de la emergencia, ocurrió una anécdota curiosa. Vivian recibió un correo en caracteres orientales que no comprendía. Al traducirlo, descubrió que anunciaba que Dejusticia había ganado el Tang Prize. Al principio lo ignoró, con la sospecha de que era spam, pero ante la insistencia del remitente, pidió al encargado de seguridad digital —un brasileño desconfiado— que lo verificara.

El análisis arrojó entre un 50 % y un 65 % de probabilidad de que fuera cierto, y Vivian se arriesgó a responder. Aunque la comunicación fue difícil por la diferencia horaria y el idioma, el premio resultó ser real. Lo habían recibido en otros años figuras como Albie Sachs, Louise Arbour o Jane Goodall. Así que, pese a la virtualidad, Vivian organizó una celebración con una cerveza virtual por Zoom: un momento de magia en medio de la pandemia.

Telar de obsequio por el Premio Tang, elaborado a mano por las Tejedoras de Mampuján, en los que se relatan algunos hitos de la historia de Dejusticia.

La Dejusticia post-pandemia y su presente

Tras 20 años, recordar la Dejusticia inicial despierta cierta nostalgia por la forma en que brotaba el trabajo y la investigación en sus comienzos. Pero, como señala Diana Guzmán, también hay un profundo orgullo por la expansión, consolidación y equilibrio actual de la organización. Así como crecieron los espacios y la sede se fue agrandando, en una especie de línea paralela fue aumentando el compromiso, sobre todo en un contexto regional marcado por gobiernos con retrocesos democráticos y el auge del autoritarismo. Un llamado a redoblar esfuerzos por defender los derechos humanos.

Frente a los retos de sostenibilidad, Vivian destaca la prudencia aprendida: diversificación de fondos y cultura de ahorro, métodos clave que prepararon a la organización para periodos de «vacas flacas». Subraya, además, la solidaridad institucional: evitar competir con organizaciones pequeñas y fomentar alianzas, becas y programas que fortalezcan redes regionales. Para eso, indica Nina, son esenciales iniciativas como el Programa de Fortalecimiento Enlaza, liderado por Dejusticia.

Rodrigo enfatiza que el camino es y será la combinación distintiva que marca a Dejusticia: investigación rigurosa, litigio estratégico y trabajo cercano con comunidades. Una tríada que, sumada a la defensa de la autonomía y al cultivo de la pluralidad interna, son los escudos que permitirán a la organización enfrentar riesgos futuros y mantener su relevancia en la opinión pública.

Dejusticia ha sido reconocida por cinco años consecutivos, según Cifras y Conceptos, como la ONG más relevante a nivel nacional. Cuenta con 12 líneas de investigación, una escuela de formación, una editorial y una robusta red de aliados. Incluso comparte oficina con Transparencia por Colombia, una organización amiga.

Al mirar en retrospectiva, Gabriela expresa un sentimiento compartido: “es un poco como ver crecer a los hijos: alegría y orgullo por lo logrado, y expectativa por lo próximo”. Su mayor anhelo, confiesa, habría sido “ver a Juan disfrutar lo que hoy es Dejusticia, ver en qué se convirtió el sueño de amigos”.

Como en la canción que dice que uno siempre vuelve a los viejos sitios donde amó la vida, Dejusticia también es eso: irse para luego regresar con lo aprendido a una casa que siempre tendrá las puertas abiertas. De eso pueden dar fe muchas investigadoras e investigadores que se han marchado para seguir formándose y han regresado para vivir nuevas etapas en esta misión.

Ya Dejusticia no cabe en una caja de oficina ni en un apartamento de 70 metros cuadrados. Son consecuencias inevitables del crecimiento y el paso del tiempo. Pero los ideales, las pequeñas cosas de las que nació, siguen intactos. La caja con la que arrancó esta historia no se perdió, sino que se abrió y se desbordó. Lo que empezó como un objeto íntimo terminó multiplicándose en documentos, expedientes de litigio, archivos digitales, fotografías y cuadernos de campo. Ese archivo vivo conserva memorias, orienta estrategias, permite rendir cuentas y sostiene la continuidad entre las generaciones que han pasado por la organización.

Para que no nos devore el tiempo, como dice la canción que acompaña algunos pasajes de esta crónica, tenemos que ser fieles a eso que se pensó entre 2003 y 2005, y que hoy persiste, para mantenernos como una organización centinela de los derechos que nos permitan habitar un país y una región en la que quepamos todas y todos en paz.