The links between economic power and conflict: a major challenge for the Truth Commission

What was the relationship of complicity between economic sectors and armed groups in the conflict like? In our “Increasing Accountability” report, we reconstruct and reveal new data on this phenomenon, and offer some recommendations to the Truth Commission to address it.

Hay una parte del conflicto colombiano que no ha sido contada ni juzgada: los vínculos entre el poder económico y los actores armados. Hace doce años, cuando empezó el proceso de Justicia y Paz con los paramilitares desmovilizados, se abrió una oportunidad para que Colombia empezara a reconstruir ese capítulo, pero aun falta mucho. En las confesiones de los comandantes paramilitares salieron a relucir nombres de empresas y empresarios que, en algunos casos, fueron remitidos a la Fiscalía para iniciar una investigación. Sin embargo, casi ningún caso ha ido más allá de la etapa preliminar y muy pocos han avanzado a la etapa de juicio penal.

Hoy, con la implementación del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y la guerrilla de las Farc, el país tiene una nueva oportunidad. Y la Comisión del Esclarecimiento de la Verdad será clave para ese propósito, no sólo porque tiene el papel de reconstruir la verdad sino porque tiene la capacidad de proponer políticas de reparación, justicia y no repetición.

Las experiencias de otros países han mostrado que las comisiones de la verdad pueden jugar un papel esencial en sacar a la luz hechos que han pasado silenciosos e impunes en los conflictos. En este caso, estamos en mora de saber cuál fue el rol que jugó la complicidad de los empresarios en la perpetración de graves violaciones de derechos humanos en el conflicto armado. Creemos que este es un fenómeno complejo que debe abordarse de manera planificada.

Por eso, en el informe Cuentas claras: El papel de la Comisión de la Verdad en la develación de la responsabilidad de empresas en el conflicto armado colombiano, que acabamos de publicar, no sólo hacemos una reconstrucción de cómo nació y se expandió la “paraeconomía”, sino que le entregamos a la Comisión de la Verdad una serie de recomendaciones para abordar esta problemática.

Desde hace dos años investigadores Dejusticia y un grupo de académicos del Centro de Estudios Latinoamericanos y el Departamento de Sociología de la Universidad de Oxford (Reino Unido) y Andhes (Argentina), estamos trabajando en analizar y organizar parte de la información que existe en el país para responder a esa pregunta. Los datos que procesamos hacen parte de una gran base de datos de la Universidad de Oxford llamada la Corporate Accountability and Transitional Justice Database (CATJ), que incluye 1.204 actores económicos que actúan en 62 países. Las violaciones registradas van desde el holocausto nazi (1933-1945) hasta el año 2013.

¿Qué encontramos en Colombia? Un total de 439 casos de complicidad empresarial mencionados en 35 sentencias de Justicia y Paz de primera instancia, dictadas por los tribunales colombianos hasta el 2015. En el 31% de los casos se le ordenó a la Fiscalía iniciar una investigación oficial pero solo en el 10% de esos casos se inició la acción judicial.

Sabemos que esos vínculos no fueron producto de la evolución del conflicto, sino que existen desde el mismo origen del paramilitarismo. En los años 80, quienes crearon los grupos paramilitares de Puerto Boyacá eran empresarios defendiendo sus negocios, como cuenta la periodista María Teresa Ronderos en su libro Guerras Recicladas. Según Ronderos, la financiación de estos primeros grupos provino de multinacionales como la Texas Petroleum Company, ganaderos y comerciantes de la región. Y su expansión también tuvo relación directa con el binomio empresarios-grupos armados.

Este fue, precisamente, el principal modus operandi de esa relación: la complicidad por vías indirectas. Aquí entran varias modalidades: la financiación de los grupos armados para que les prestaran servicios de seguridad privada (el más común), o el apoyo en otras actividades como proporcionarles listas de sindicalistas o líderes sociales para que los paramilitares reprimieran la protesta social. El 82% de los casos que analizamos estaban relacionados con este tipo de complicidad.

La relación entre empresarios y conflicto se concentró en los sectores de la agricultura (38% de los casos), el comercio (24%) y la explotación de recursos naturales (10%). Y si se hace un “zoom” a esas cifras encontramos que una cuarta parte de esos casos involucran específicamente a ganaderos, un 10% a negocios de cultivos agrícolas (principalmente banano y palma de aceite) y un 3% minería.

Otros hallazgos: el 76% de los casos registrados ocurrieron en seis regiones del noroccidente del país: Antioquia (19%), Córdoba (13%), Norte de Santander (8%), Sucre (7%), Urabá (18%) y Valle del Cauca (11%). Y estos fueron los bloques más mencionados por articular sus actuaciones con actores económicos: el Elmer Cárdenas que actuaba en el Urabá Antioqueño (26% de los casos), el Pacífico (el 11%), el Catatumbo (9%) y el Montes de María (7%).

Con estas pistas de cómo nació y se consolidó este involucramiento, entregamos en el informe “Cuentas Claras” una guía que busca impulsar el trabajo de la Comisión de Verdad para que pueda revelar una verdad amplia y completa. Sabemos que la reconstrucción de esa parte de nuestra historia requiere un trabajo planificado, estratégico y sensible, para que esta oportunidad no se convierta en un laberinto. Estas son algunas de nuestras recomendaciones para la Comisión de la Verdad:

-Incluir de manera expresa el tema de complicidad empresarial en graves violaciones de los derechos humanos dentro de la concreción del mandato de la Comisión.

-Construir un concepto propio de complicidad empresarial.

-Establecer un grupo multidisciplinario sobre complicidad empresarial.

-Definir audiencias temáticas y zonales que permitan develar situaciones de complicidad empresarial.

-Crear incentivos para fomentar la participación de agentes económicos en el envío de información y brindar testimonios.

-Incluir en el Informe Final un capítulo específico sobre el rol de la complicidad empresarial en el conflicto armado.

Foto: Archivo El Espectador