Ensuring the confusion

El Consejo de Estado sería entonces para Ordóñez un títere del Gobierno y de las Farc, a pesar de lo cual dice (sin sonrojarse por sus obvias contradicciones) que respeta a ese tribunal y que es un defensor de las instituciones, cuando sus declaraciones generan un manto de sospecha sobre las altas cortes. Sus afirmaciones buscan igualmente crear la impresión de que las cinco organizaciones de la sociedad civil que demandamos su reelección tuvimos motivos turbios pues estaríamos haciéndole mandados al Gobierno o, peor aún, a las Farc.

Nada de eso es cierto. La demanda fue presentada en enero de 2013, cuando la negociación con las Farc apenas había sido anunciada, por lo que es absurdo atribuirle el propósito de deshacerse de una resistencia del procurador a la paz que éste no había siquiera expresado. La finalidad de los demandantes fue otra: evitar el nepotismo y defender la trasparencia en el nombramiento de los altos cargos del Estado pues consideramos que para hacerse reelegir el procurador había incurrido en graves ilegalidades.

El asunto es sencillo. El artículo 126 de la Constitución, para evitar el nepotismo y los carruseles de favores, prohíbe que un funcionario nombre a familiares muy cercanos, como esposas, hermanos o hasta primos, de los “servidores públicos competentes para intervenir en su designación”. El procurador nombró o mantuvo en cargos de libre nombramiento a familiares cercanos de magistrados de la Corte Suprema y luego, sabiendo de esos nombramientos, buscó que este tribunal lo ternara para ser reelegido, como finalmente sucedió. El procurador violó entonces el artículo 126 para hacerse reelegir y fueron esas ilegalidades las que provocaron la anulación de su reelección por el Consejo de Estado. Y si la sentencia fue tardía fue por sus maniobras dilatorias. Así de simple.

El procurador busca hoy aparecer como una víctima de la persecución política del Gobierno y las Farc, que se habrían empeñado en sacarlo por sus críticas al proceso de paz, con lo cual se posiciona para una campaña por el No en el plebiscito y para una futura candidatura presidencial.

Es una estrategia astuta del procurador pues distrae sobre las verdaderas razones de la anulación de su reelección y busca sacarle ventajas políticas a su derrota judicial. Pero no es creíble pues su incoherencia es obvia: a pesar de que pretenda aparecer como adalid de la moral pública y defensor de la Constitución, la realidad es que el procurador violó la Constitución para hacerse reelegir y toma actitudes y hace declaraciones en función de sus intereses, sin importarle su efecto sobre la legitimidad de las instituciones