La comunidad internacional deber\u00eda ejercer presi\u00f3n sobre Venezuela para que revoque el \u201cDecreto de Estado de Excepci\u00f3n y Emergencia Econ\u00f3mica\u201d que concedi\u00f3 al gobierno facultades para restringir derechos, suspender la cooperaci\u00f3n internacional para organizaciones de la sociedad civil \u2014incluidas aquellas dedicadas a proteger derechos humanos\u2014 y limitar las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional, se\u00f1alaron hoy 125 organizaciones de derechos humanos.<\/p>\n
Las organizaciones indicaron que estos poderes podr\u00edan ser usados para perjudicar gravemente el trabajo que desarrollan las organizaciones de la sociedad civil y para perseguir e intimidar a defensores y defensoras de derechos humanos, y se\u00f1alaron asimismo que las medidas son incompatibles con la obligaci\u00f3n internacional de Venezuela, como miembro del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, de \u201caplicar las normas m\u00e1s estrictas en la promoci\u00f3n y protecci\u00f3n de los derechos humanos\u201d. Las organizaciones instaron a los Estados a plantear estas consideraciones durante el pr\u00f3ximo per\u00edodo de sesiones del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, que tendr\u00e1 lugar en junio de 2016, y a los gobiernos de las Am\u00e9ricas a efectuar una evaluaci\u00f3n seria sobre la situaci\u00f3n de los derechos humanos en Venezuela ante \u00f3rganos competentes de la Organizaci\u00f3n de los Estados Americanos (OEA). Los sistemas de derechos humanos de la OEA y las Naciones Unidas deber\u00edan pedir a Venezuela que revoque el decreto sobre estado de excepci\u00f3n y emergencia econ\u00f3mica, expresaron las organizaciones.<\/p>\n
El 13 de mayo de 2016, el Presidente Nicol\u00e1s Maduro adopt\u00f3 un decreto de emergencia que declar\u00f3 el estado de excepci\u00f3n en el pa\u00eds durante 60 d\u00edas, y concedi\u00f3 a su gobierno la facultad de restringir derechos humanos. Venezuela atraviesa una grave crisis econ\u00f3mica, que ha redundado en severos desabastecimientos de medicamentos y otros art\u00edculos de primera necesidad, as\u00ed como en cortes en el suministro de energ\u00eda el\u00e9ctrica. El decreto indica que tiene como prop\u00f3sito abordar esta situaci\u00f3n.<\/p>\n
Sin embargo, el Presidente Maduro sostiene que las medidas de emergencia se adoptan en respuesta a diversos factores preocupantes, incluido un complot extranjero para desestabilizar a su gobierno. El decreto del 13 de mayo autoriza al presidente a \u201cdictar medidas y ejecutar planes de seguridad p\u00fablica que garanticen el sostenimiento del orden p\u00fablico ante acciones desestabilizadoras\u201d, as\u00ed como \u201cotras medidas de orden social, ambiental, econ\u00f3mico, pol\u00edtico y jur\u00eddico que estime convenientes\u201d.<\/p>\n
Anteriormente, el gobierno del Presidente Maduro ha respondido a supuestas conspiraciones de \u201cdesestabilizaci\u00f3n\u201d reprimiendo las expresiones de disenso y el derecho de libertad de reuni\u00f3n, incluso a trav\u00e9s de detenciones arbitrarias de opositores pol\u00edticos y de cr\u00edticos, as\u00ed como del debilitamiento de las garant\u00edas contra la tortura. Miembros de las fuerzas de seguridad han recurrido a la fuerza excesiva para dispersar manifestaciones contra el gobierno y, desde julio de 2015, han participado en operativos de seguridad en distintas regiones del pa\u00eds que estuvieron marcados por se\u00f1alamientos generalizados de abusos contra comunidades en sectores populares y de inmigrantes, como ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, desalojos sin garant\u00edas de debido proceso, destrucci\u00f3n de viviendas y deportaciones arbitrarias.<\/p>\n
Las organizaciones sostuvieron que el decreto no cumple con las normas internacionales que permiten la restricci\u00f3n de derechos en situaciones de estado de emergencia. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol\u00edticos estipula que los gobiernos podr\u00e1n \u201cderogar\u201d o suspender temporalmente algunas de sus obligaciones de derechos humanos declarando el estado de emergencia, pero \u00fanicamente ante emergencias p\u00fablicas que \u201cpongan en peligro la vida de la naci\u00f3n\u201d. Incluso en esos supuestos, los gobiernos solamente podr\u00e1n dejar en suspenso el cumplimiento de obligaciones de derechos humanos en la medida \u201cestrictamente limitada a las exigencias de la situaci\u00f3n\u201d. En cambio, el amplio decreto del Presidente Maduro podr\u00eda permitir que el gobierno contin\u00fae cercenando derechos fundamentales que ya son objeto de constantes embestidas en Venezuela, incluidos los derechos de libertad de asociaci\u00f3n, reuni\u00f3n y expresi\u00f3n.<\/p>\n
El decreto tambi\u00e9n ordena al Ministerio de Relaciones Exteriores suspender todos los convenios de cooperaci\u00f3n internacional que prevean financiamiento extranjero para personas u organizaciones, cuando \u201cse presuma\u201d su \u201cutilizaci\u00f3n con fines pol\u00edticos o de desestabilizaci\u00f3n de la Rep\u00fablica\u201d. En un pa\u00eds donde las autoridades han acusado sistem\u00e1ticamente a representantes de organizaciones de la sociedad civil, incluidos defensores y defensoras de derechos humanos, de desestabilizar la democracia venezolana, este decreto podr\u00eda, en la pr\u00e1ctica, obligar a importantes organizaciones no gubernamentales del pa\u00eds, que dependen del financiamiento exterior para trabajar de manera independiente, a cerrar sus puertas o reducir dr\u00e1sticamente su labor.<\/p>\n
Asimismo, el decreto de emergencia permite al presidente impedir que la Asamblea Nacional utilice sus facultades constitucionales para sancionar a funcionaros. La Constituci\u00f3n venezolana concede a la Asamblea Nacional facultades de control respecto del poder ejecutivo, incluida la facultad de las comisiones legislativas de citar a funcionarios para interpelarlos con respecto a sus pol\u00edticas y pr\u00e1cticas y \u2014en el caso del vicepresidente y los ministros\u2014 destituirlos a trav\u00e9s de un voto de falta de confianza. El decreto habilita al presidente a \u201cdecidir la suspensi\u00f3n temporal\u201d de mecanismos de rendici\u00f3n de cuentas de este tipo, si considera que podr\u00edan \u201cvulnerar la seguridad de la Naci\u00f3n\u201d u \u201cobstaculizar la continuidad de la implementaci\u00f3n de medidas econ\u00f3micas para la urgente reactivaci\u00f3n de la econom\u00eda nacional, el abastecimiento de bienes y servicios esenciales para el pueblo\u201d.<\/p>\n
La Constituci\u00f3n de Venezuela exige que la Asamblea Nacional apruebe los decretos mediante los cuales se dicta el estado de emergencia. La Asamblea Nacional rechaz\u00f3 el nuevo decreto de emergencia el 17 de mayo. No obstante, el Tribunal Supremo de Justicia dispuso en una sentencia de febrero de 2016 que el rechazo por la Asamblea Nacional de decretos que declaren el estado de excepci\u00f3n no \u201cafecta la legitimidad, validez, vigencia y eficacia jur\u00eddica de los mismos\u201d.<\/p>\n
Desde el copamiento pol\u00edtico del Tribunal Supremo por el gobierno en 2004, el poder judicial ha dejado de funcionar como rama independiente de gobierno, y ha validado sistem\u00e1ticamente pol\u00edticas y pr\u00e1cticas gubernamentales que incumplen normas internacionales de derechos humanos. La Asamblea Nacional, que durante gran parte de la \u00faltima d\u00e9cada estuvo bajo control oficialista, promulg\u00f3 reiteradamente \u201cleyes habilitantes\u201d que dieron al Presidente amplias facultades para legislar. La Asamblea Nacional volvi\u00f3 a copar al Tribunal<\/p>\n
Supremo con magistrados afines al gobierno m\u00e1s recientemente, en diciembre de 2015, para garantizar la continuidad de un tribunal adepto. Desde que en enero de 2016 asumi\u00f3 la nueva composici\u00f3n de la Asamblea Nacional, integrada ahora por mayor\u00eda opositora, el Tribunal Supremo ha dictado una serie de pronunciamientos que socavan seriamente su capacidad de legislar.<\/p>\n
La sesi\u00f3n de junio del Consejo de Derechos Humanos de la ONU es un momento oportuno y necesario para exigir a Venezuela que revoque este decreto arbitrario e innecesario.<\/p>\n