El nuevo C\u00f3digo de Procedimiento Penal, aprobado este a\u00f1o y que desarrolla la reforma constitucional a la Fiscal\u00eda de finales de 2002, pretende introducir cambios dr\u00e1sticos en la justicia. Sus promotores lo defienden como un paso decisivo para lograr un proceso penal eficiente y garantista. Pero no todo el mundo est\u00e1 de acuerdo. Algunos creen que el c\u00f3digo realmente no va a implicar verdaderos cambios y que se va a quedar en letra muerta, como tantas otras reformas. Otros, a\u00fan m\u00e1s cr\u00edticos, pronostican el desastre, porque la reforma ser\u00eda muy mala o el sistema judicial no estar\u00eda preparado para semejante desaf\u00edo. <\/p>\n
\u00bfQui\u00e9n tiene raz\u00f3n? No es f\u00e1cil decirlo, porque la reforma es profunda; es imposible analizarla en pocas l\u00edneas. Y adem\u00e1s es pol\u00e9mica porque parece bien orientada, pero tiene limitaciones y riesgos, y su puesta en marcha no ser\u00e1 nada f\u00e1cil. <\/p>\n
La reforma busca corregir dos graves defectos del actual proceso penal: el excesivo poder de los fiscales y la falta de publicidad de los procesos. <\/p>\n
Hoy los fiscales tienen facultades propias de los jueces, y por ello pueden, sin necesidad de la autorizaci\u00f3n de un juez independiente, capturar, detener, interceptar comunicaciones o allanar viviendas. Este esquema institucional es desafortunado, porque la funci\u00f3n investigativa supone elaborar hip\u00f3tesis de culpabilidad sobre los sospechosos, para poder orientar las pesquisas, lo cual es incompatible con la funci\u00f3n judicial, que requiere precisamente todo lo contrario: tener imparcialidad y abstenerse de prejuzgar. <\/p>\n
La concentraci\u00f3n de funciones investigativas y judiciales en la Fiscal\u00eda la han convertido entonces en juez y parte, lo cual ha tenido efectos negativos para la eficacia de la investigaci\u00f3n, pero tambi\u00e9n ha sido riesgoso para las garant\u00edas procesales y los derechos ciudadanos. <\/p>\n
Era pues necesario avanzar hacia un sistema acusatorio m\u00e1s claro, en el cual los fiscales estuvieran desprovistos de funciones judiciales. De esa manera, los fiscales, centrados en su labor investigativa, deber\u00edan ser m\u00e1s eficientes. Y los derechos ciudadanos estar\u00edan mejor protegidos, pues la labor de los fiscales estar\u00eda controlada por jueces independientes. <\/p>\n
La reforma marcha en esa direcci\u00f3n pues limita las funciones judiciales de los fiscales y crea los jueces de garant\u00edas, que controlan las decisiones de los fiscales que puedan afectar derechos fundamentales. Por ejemplo, salvo casos de urgencia, los fiscales no podr\u00e1n capturar sino que requerir\u00e1n la autorizaci\u00f3n del juez de garant\u00edas. <\/p>\n
El segundo defecto profundo del sistema penal colombiano ha sido el peso excesivo de la investigaci\u00f3n escrita, que ha hecho pr\u00e1cticamente irrelevante la audiencia oral. Esto es grave, pues la publicidad es esencial para asegurar la imparcialidad y la veracidad de los juicios. Y es que si las pruebas son practicadas y debatidas oralmente, y en forma concentrada, entonces es m\u00e1s f\u00e1cil que los ciudadanos sepan lo que pas\u00f3 y si la decisi\u00f3n del juez fue justa o no. Pero si un proceso penal es escrito, y est\u00e1 incorporado en extensos expedientes, en donde las pruebas est\u00e1n dispersas, entonces resulta muy dif\u00edcil para la opini\u00f3n p\u00fablica controlar la labor de los fiscales y de los jueces. \u00bfC\u00f3mo pueden un periodista o un ciudadano, con un expediente de 40.000 folios, saber si lo que sentenci\u00f3 un juez penal era o no justo? <\/p>\n
La reforma pretende corregir ese defecto pues exige que las principales decisiones judiciales sean tomadas en audiencias, esto es, en debates orales entre los fiscales y los abogados ante los jueces, y a los cuales, como regla general, puede asistir cualquier persona. As\u00ed, la discusi\u00f3n acerca de la validez o no de una detenci\u00f3n ya no se har\u00e1 a trav\u00e9s de escritos que jueces y abogados dirigir\u00e1n al juez, para que \u00e9ste los resuelva con otro escrito. Seg\u00fan el c\u00f3digo, tendr\u00e1 que realizarse en una audiencia oral y p\u00fablica ante el juez de garant\u00edas y en ella se tomar\u00e1 la decisi\u00f3n. <\/p>\n
Igualmente importante, el juicio mismo tendr\u00e1 que ser oral y p\u00fablico, y en \u00e9l se practicar\u00e1n, ante los ojos de todos, las pruebas que puedan servir de sustento para las decisiones de condena o absoluci\u00f3n de los procesados. <\/p>\n
Todo esto adem\u00e1s deber\u00eda contribuir, seg\u00fan los defensores de la reforma, a reducir la morosidad y la congesti\u00f3n de la justicia penal, pues no habr\u00eda el papeleo, muchas veces innecesario, de los procesos escritos; los juicios orales ser\u00edan entonces m\u00e1s r\u00e1pidos y eficaces. <\/p>\n
Una reforma limitada y con riesgos <\/p>\n
La reforma puede entonces implicar importantes avances; pero tiene l\u00edmites pues mantiene la posibilidad de que la Fiscal\u00eda aut\u00f3nomamente adelante registros, allanamientos de viviendas e interceptaciones de comunicaciones. Es cierto que esas medidas est\u00e1n sometidas a un control posterior por el juez de garant\u00edas. Sin embargo, eso no parece suficiente; hubiera sido deseable que la reforma hubiera establecido que tambi\u00e9n los allanamientos y las interceptaciones requirieran una autorizaci\u00f3n previa del juez de garant\u00edas, salvo en situaciones de urgencia, tal y como sucede en Estados Unidos o en Italia, pues estas medidas son lesivas de los derechos a la intimidad y a la inviolabilidad del domicilio y de las comunicaciones. <\/p>\n
Todav\u00eda hay camino por andar, sobre todo si se tiene en cuenta que el c\u00f3digo no regul\u00f3 en forma estricta sino bastante laxa las atribuciones constitucionales que tiene la Fiscal\u00eda para tomar decisiones restrictivas de derechos fundamentales. <\/p>\n
La reforma tiene igualmente riesgos. En especial, ciertos cr\u00edticos consideran que puede agudizar la desigualdad de las personas ante la ley. La raz\u00f3n es la siguiente: si el fiscal se especializa en la funci\u00f3n acusadora, tiene pocos incentivos institucionales para investigar a favor del procesado. Si el procesado no tiene asesor\u00eda jur\u00eddica altamente cualificada, pues hay un desbalance que hace que los sectores de pocos recursos sean los especialmente criminalizados. <\/p>\n
Por ejemplo, en Estados Unidos, la mayor\u00eda de los que son condenados a muerte son negros o latinos. Y esto sucede no porque la gran mayor\u00eda de los que cometen delitos sancionados con esa terrible pena sean negros o latinos, sino esencialmente porque los miembros de estos grupos sociales suelen carecer de buena asesor\u00eda legal, y entonces finalmente tienen m\u00e1s probabilidades de ser condenados a muerte que una persona pudiente que hubiera incurrido en el mismo delito. <\/p>\n
Estos riegos de discriminaci\u00f3n se acent\u00faan si se tiene en cuenta que el c\u00f3digo promueve las negociaciones entre la Fiscal\u00eda y la defensa, con el fin de que lleguen a acuerdos de culpabilidad y no haya juicio. Esto puede ser v\u00e1lido en ciertos casos, pero puede tambi\u00e9n conducir a presiones indebidas de la Fiscal\u00eda contra el imputado para lograr un acuerdo y que \u00e9ste renuncie a las garant\u00edas que le brinda el juicio oral. Estas presiones pueden tener mayor impacto en los procesados que no cuentan con adecuada asesor\u00eda legal. Por ello es imprescindible fortalecer considerablemente la defensor\u00eda p\u00fablica. <\/p>\n
La dif\u00edcil puesta en marcha <\/p>\n
La reforma es finalmente dif\u00edcil de poner en marcha porque enfrenta obst\u00e1culos de diversa \u00edndole, debido a que implica un cambio profundo de las din\u00e1micas judiciales. <\/p>\n
Existen dificultades log\u00edsticas obvias, pues es necesario adaptar salas adecuadas para realizar las audiencias. Y eso no es tan f\u00e1cil. Tambi\u00e9n son necesarias tareas complejas de direcci\u00f3n y coordinaci\u00f3n, para de asegurar que a las audiencias asistan todos los part\u00edcipes, como los peritos, los testigos, los fiscales y los abogados. Y eso es a\u00fan m\u00e1s dif\u00edcil. Pero si no se hace, los procesos se dilatar\u00edan indefinidamente. <\/p>\n
Pero tal vez la mayor dificultad reside en el cambio cultural que supone e implica una reforma de esta naturaleza, porque transforma los roles de los jueces, los fiscales y los abogados. No es lo mismo que un juez deba decidir sobre una medida de aseguramiento, como la detenci\u00f3n preventiva, con base en el examen de un expediente que examina en la soledad de su despacho, a que deba aprobarla o negarla, en forma oral, en una audiencia p\u00fablica. <\/p>\n
Estos problemas de implementaci\u00f3n no son menores. All\u00ed se juega mucho del futuro de la reforma. Por ejemplo, en otros pa\u00edses de Am\u00e9rica Latina, como Argentina, Chile o Paraguay, se han intentado reformas semejantes. Pero los resultados son muy dis\u00edmiles, como lo han mostrado diversas investigaciones del Ceja (Centro de Estudios Judiciales para las Am\u00e9ricas). Ciertos casos, como Chile, parecen exitosos, mientras que en otros pa\u00edses, los resultados son hasta ahora desalentadores. Seg\u00fan esos estudios, estas diferencias de resultados se explican en gran medida por una diversa calidad de las estrategias de puesta en obra de la reforma. <\/p>\n
En Colombia ha habido conciencia de esas dificultades, y por ello se opt\u00f3 por una implementaci\u00f3n gradual de la reforma. A partir del primero de enero pr\u00f3ximo comenzar\u00e1 a regir en Bogot\u00e1 y en la zona cafetera. En los a\u00f1os siguientes deber\u00e1 extenderse a otras regiones hasta abarcar todo el pa\u00eds en 2008. <\/p>\n
Esta gradualidad no deja de suscitar interrogantes en t\u00e9rminos de igualdad, pues coexistir\u00e1n dos procesos penales, seg\u00fan las zonas. Pero parec\u00eda razonable, con el fin de permitir una correcci\u00f3n, sin tantos traumatismos, de los errores que se van detectando. Sin embargo, si ese era el objetivo, hubiera sido mejor hacer como en Chile, y dejar a Bogot\u00e1 y a las otras grandes ciudades para el final, mientras se gana experiencia en la implementaci\u00f3n de la reforma en localidades menos complejas. <\/p>\n
Los meses que vienen, cuando la reforma empiece a aplicarse, son entonces vitales. La evaluaci\u00f3n de sus resultados es imprescindible, para introducir a tiempo los ajustes que sean necesarios. Y entonces veremos si sus promotores o sus cr\u00edticos ten\u00edan o no raz\u00f3n, pues sabremos si esta reforma permite avanzar a un proceso penal eficaz y garantista, o por el contrario representa una nueva frustraci\u00f3n para los colombianos. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
The criminal trial reform seeks more efficient means of investigation, clearer judgments, more independent judges and more protected guarantees. <\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25320","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n