En medio de las carreras para firmar el TLC cuanto antes, tanto el equipo negociador del gobierno como los juiciosos analistas que han seguido el tema han pasado por alto una pregunta elemental: \u00bfes constitucional el TLC? La pausa al final de la s\u00e9ptima ronda de negociaciones, celebrada en d\u00edas pasados en Cartagena, deja un momento para pensar en este punto esencial. <\/p>\n
Como la sola menci\u00f3n de la Constituci\u00f3n provoca la cr\u00edtica autom\u00e1tica de algunos economistas que acusan de “burrisconsultos” -la expresi\u00f3n es de Rudolf Hommes- a quienes osamos objetar la sapiencia matem\u00e1tica de los mercados con la torpeza artesanal del derecho y los derechos, hay que comenzar por justificar la pertinencia del interrogante. La raz\u00f3n pr\u00e1ctica, que deber\u00eda importarles sobre todo a los defensores m\u00e1s entusiastas del TLC, es que si el acuerdo es firmado por el gobierno, ir\u00eda directamente al Congreso para ser aprobado o rechazado y, en caso de ser aprobado all\u00ed, pasar\u00eda a revisi\u00f3n de la Corte Constitucional. Y tanto el Congreso como, sobre todo, la Corte tienen que examinar con lupa las obligaciones adquiridas por el pa\u00eds en virtud del TLC, para decidir si violan derechos o normas constitucionales fundamentales. Basta recordar el fallo famoso de la Corte, de 1993, que declar\u00f3 inconstitucional buena parte de la ley que aprob\u00f3 el Concordato -que es un tratado internacional como el TLC, pero con la Santa Sede- por violar normas elementales de la Constituci\u00f3n de 1991 sobre la libertad de cultos y el divorcio. Si el Congreso rechaza el TLC o la Corte declara inconstitucional alguna de sus cl\u00e1usulas, al gobierno no le quedar\u00eda otro remedio que volver a la mesa de negociaci\u00f3n para hacer los ajustes necesarios antes de ratificar el tratado. \u00bfNo ser\u00eda m\u00e1s f\u00e1cil, entonces, asegurarse desde ya de que el contenido de un eventual TLC cumpla con la Constituci\u00f3n? <\/p>\n
Pero como esta raz\u00f3n de pol\u00edtica y derecho internos probablemente no convenza todav\u00eda a los defensores de un TLC incondicional -ya veo venir la cr\u00edtica de que esto s\u00f3lo pasa en Colombia, pa\u00eds de santanderistas-, s\u00f3lo hay que mirar alrededor para encontrar otros ejemplos de controversias sobre la constitucionalidad de tratados de libre comercio. Para la muestra dos botones, tra\u00eddos ambos del mundo anglosaj\u00f3n, supuestamente inoculado por la historia contra el virus santanderista. El primero viene del mismo Estados Unidos. La aprobaci\u00f3n del Nafta por el Congreso estadounidense, en 1993, no s\u00f3lo fue precedida de un debate p\u00fablico intenso, sino que dio lugar a uno de los duelos acad\u00e9micos y jur\u00eddicos m\u00e1s memorables de los \u00faltimos a\u00f1os. El objeto de la disputa no era otro que la pregunta: \u00bfes constitucional el Nafta?, y los contrincantes eran los pesos pesados del derecho constitucional estadounidense. Bruce Ackerman, de Yale, en la esquina de los defensores de la constitucionalidad del tratado, y Laurence Tribe, de Harvard, del lado de los detractores del Nafta, se enfrentaron en tinglados acad\u00e9micos y jur\u00eddicos hasta que, en 1999, un juez dirimi\u00f3 la disputa al decidir que el tratado era constitucional. <\/p>\n
El segundo ejemplo acaba de suceder en Australia, durante la culminaci\u00f3n de un TLC con Estados Unidos similar al que estamos negociando. Como lo han hecho con Colombia, los negociadores estadounidenses entraron arrasando e imponiendo a Australia cl\u00e1usulas leoninas sobre propiedad intelectual. Seg\u00fan lo han mostrado estudios de la ONU y la Organizaci\u00f3n Panamericana de la Salud, dichas cl\u00e1usulas extienden la protecci\u00f3n de las patentes sobre medicamentos m\u00e1s all\u00e1 de lo que exigen las normas internacionales de la Organizaci\u00f3n Mundial del Comercio, e impiden el acceso de la mayor parte de la poblaci\u00f3n a medicamentos y tratamientos m\u00e9dicos vitales. Al prohibir el control de precios, aumentar desmedidamente la duraci\u00f3n de las patentes y prohibir la producci\u00f3n e importaci\u00f3n de medicamentos gen\u00e9ricos, el TLC implicaba transformar Australia -donde el Estado garantiza el acceso universal a la salud desde hace d\u00e9cadas- a imagen y semejanza de Estados Unidos, donde m\u00e1s de 40 millones de personas sin seguro de salud tienen que rebuscarse para cubrir los costos exorbitantes de los medicamentos, o irse de turismo obligado a Canad\u00e1 a comprar las mismas drogas a precios m\u00e1s bajos. <\/p>\n
Contra la voluntad ciudadana, el gobierno australiano firm\u00f3 el TLC con estas cl\u00e1usulas, que daban al traste con el sistema p\u00fablico de salud. Cuando el TLC lleg\u00f3 al Congreso australiano para ser aprobado, congresistas y analistas se hicieron la pregunta obligada: \u00bfpueden los acuerdos de comercio pasar por encima de las leyes que encarnan el contrato social de un pa\u00eds? \u00bfPod\u00eda el gobierno obligarse a violar el derecho a la salud garantizado por la Constituci\u00f3n? Con buen juicio, el parlamento australiano decidi\u00f3 que no, y condicion\u00f3 su aprobaci\u00f3n a la renegociaci\u00f3n de las cl\u00e1usulas sobre propiedad intelectual. El gobierno tuvo que convocar a nuevas negociaciones para solucionar el incidente, y las farmac\u00e9uticas estadounidenses -y el gobierno que las representa- tuvieron que moderar sus pretensiones para que el acuerdo finalmente entrara en vigencia el pasado 1 de enero. <\/p>\n
Estas razones y ejemplos deber\u00edan ser suficientes para que nuestros negociadores se tomaran en serio la Constituci\u00f3n antes de hacer cuentas alegres sobre los beneficios del TLC. Pero hay m\u00e1s. Porque, si sigue como va, el TLC violar\u00eda no s\u00f3lo el derecho constitucional a la salud, sino otras reglas de juego elementales de la vida pol\u00edtica y econ\u00f3mica del pa\u00eds. Basta mencionar otra perla de la propuesta estadounidense: cualquier reforma tributaria o regulaci\u00f3n que afecte a los inversionistas de ese pa\u00eds equivaldr\u00eda a una expropiaci\u00f3n y, por tanto, dar\u00eda lugar a una indemnizaci\u00f3n por el Estado colombiano. La cl\u00e1usula es copiada del tristemente famoso Cap\u00edtulo 11 del Nafta, con el que las compa\u00f1\u00edas canadienses, mexicanas y estadounidenses les han ganado pleitos a los gobiernos de los tres pa\u00edses, alegando que las normas de protecci\u00f3n al medio ambiente les generan costos que implican ‘expropiaciones’ indemnizables. Si se aprueba una cl\u00e1usula similar en el TLC, \u00bfen qu\u00e9 quedar\u00eda la capacidad del Estado de crear impuestos y regular la econom\u00eda? \u00bfY en qu\u00e9 quedar\u00eda el mandato constitucional seg\u00fan el cual “la producci\u00f3n de alimentos gozar\u00e1 de la especial protecci\u00f3n del Estado” si el TLC abre incondicionalmente el sector agr\u00edcola a la competencia desleal de los productos estadounidenses subsidiados? <\/p>\n
En vista de lo que est\u00e1 en juego, no les vendr\u00eda mal a los negociadores del gobierno desempolvar el librito de la Constituci\u00f3n al regresar de Cartagena.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
What happens if the United States-Colombia Free Trade Agreement is a violation of the Colombian Constitution? C\u00e9sar Rodr\u00edguez addresses this possibility and the consequences it would have on the trade agreement.<\/p>\n","protected":false},"author":7,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25328","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n