Finalmente, el Presidente de la Rep\u00fablica envi\u00f3 a la Corte Suprema de Justicia su terna de candidatos al cargo de Fiscal General de la Naci\u00f3n, para que la Corte lo designe. <\/p>\n
La persona que sea elegida tendr\u00e1 que afrontar distintos y complicados desaf\u00edos. Entre los retos conocidos por la opini\u00f3n p\u00fablica se encuentran los de continuar con el proceso de implementaci\u00f3n gradual del nuevo sistema penal acusatorio en el pa\u00eds y responder por las investigaciones penales que se inicien a partir de la denominada ley de justicia y paz. <\/p>\n
Y entre los retos desconocidos est\u00e1 el de implementar el r\u00e9gimen de carrera en la entidad, luego de transcurridos 14 a\u00f1os sin haberse cumplido lo establecido sobre este punto por la Constituci\u00f3n de 1991. Este \u00faltimo compromiso se deriva de un fallo recientemente expedido por la Corte Constitucional, la sentencia T-131 de 2005. <\/p>\n
Desde hace muchas d\u00e9cadas se sabe que la modernizaci\u00f3n de la administraci\u00f3n p\u00fablica exige profesionalizar el servicio p\u00fablico. De tal manera que el acceso y la permanencia en los cargos del Estado no dependa de las influencias pol\u00edticas, sino de los m\u00e9ritos de los candidatos. As\u00ed, por ejemplo, lo hab\u00edan recomendado los informes sobre Colombia de la misi\u00f3n Currie y del Padre Lebret, elaborados en la d\u00e9cada del 50 del siglo pasado. <\/p>\n
Tambi\u00e9n desde esa \u00e9poca es evidente que la pr\u00e1ctica consistente en que el partido pol\u00edtico vencedor en las elecciones se apoderaba de todos los cargos p\u00fablicos – yb desalojaba a todos los funcionarios que pertenec\u00edan al partido contrario- hab\u00eda contribuido en buena medida al estallido de la violencia partidaria. Por eso, en el Acuerdo de Sitges se propuso crear la carrera del servicio civil para asegurar la paz nacional y en el texto del plebiscito de 1957 se introdujeron distintos art\u00edculos que establec\u00edan el sistema de carrera administrativa <\/p>\n
A pesar de lo anterior, las normas dictadas antes y despu\u00e9s del plebiscito de 1957 para intentar hacer efectiva la carrera administrativa no tuvieron mayor \u00e9xito. <\/p>\n
En la Constituci\u00f3n de 1991 se determin\u00f3 que, por regla general, los empleos en los \u00f3rganos y las entidades del Estado son de carrera. Lo que significa que el acceso a ellos se logra a trav\u00e9s de concursos de m\u00e9rito, aplicados con criterios objetivos. Pues bien, en el campo que interesa a este escrito -el de la administraci\u00f3n de justicia-, esa decisi\u00f3n ha generado un cambio sustancial en lo que tiene que ver con los nombramientos o desvinculaciones en el poder judicial. <\/p>\n
Antes de 1991, los jueces eran nombrados por los magistrados de los tribunales. Estos, a su vez, eran designados por la Corte Suprema de Justicia. Y, si bien la misma Constituci\u00f3n se\u00f1alaba que se establecer\u00eda un sistema de carrera judicial, \u00e9sta nunca se logr\u00f3 imponer. En la pr\u00e1ctica lo que ocurr\u00eda era que los cargos judiciales del pa\u00eds eran distribuidos entre los magistrados de la Corte, para que ellos decidieran sobre los nombramientos. <\/p>\n
La situaci\u00f3n cambi\u00f3 radicalmente con la nueva Constituci\u00f3n, pues se ha logrado que el sistema de carrera se aplique ampliamente para el ingreso y la permanencia de los funcionarios judiciales. En su informe al Congreso de la Rep\u00fablica para el per\u00edodo 2003-2004, el Consejo Superior de la Judicatura afirma al respecto que “el nivel porcentual de funcionarios y empleados que se encuentran nombrados en provisionalidad en cargos de carrera es el 22,64%, de tal forma que del 100% de cargos que pertenecen al r\u00e9gimen de carrera, el 77,36% se encuentran provistos por sistema de m\u00e9ritos.” Precisamente, la garant\u00eda de estabilidad en el empleo es una de las condiciones fundamentales para asegurar la independencia y la imparcialidad de los funcionarios judiciales. <\/p>\n
La Constituci\u00f3n de 1991 cre\u00f3 la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n y dispuso que el ingreso y el retiro de sus servidores se gobernar\u00eda por el r\u00e9gimen de carrera. Posteriormente, la Ley Estatutaria de la Administraci\u00f3n de Justicia y los decretos dictados para regular la estructura de esta entidad (el 2699 de 1991 y el 261 de 2000) confirmar\u00edan esa decisi\u00f3n. Sin embargo, el sistema de carrera ha tenido un desarrollo m\u00ednimo en la Fiscal\u00eda. A pesar de que la mayor parte de sus cargos es de carrera, la inmensa mayor\u00eda de sus funcionarios se encuentra nombrada en provisionalidad, dado que la Fiscal\u00eda no ha convocado los concursos para proveerlos en propiedad. <\/p>\n
Pues bien, en vista de lo anterior, un ciudadano present\u00f3 una acci\u00f3n de cumplimiento para obtener que se aplicara el r\u00e9gimen de carrera para los funcionarios y empleados de la Fiscal\u00eda. En el a\u00f1o 2001, el Consejo de Estado le dio la raz\u00f3n y orden\u00f3 que se implementara este sistema de administraci\u00f3n de personal, en un t\u00e9rmino m\u00e1ximo de un a\u00f1o. La Fiscal\u00eda realiz\u00f3 distintas actividades dirigidas a ese objetivo, pero finalmente manifest\u00f3 que no pod\u00eda lograrlo por causas ajenas a ella. Ello condujo a que se presentara una tutela para lograr que se cumpliera con la aplicaci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera en la Fiscal\u00eda. <\/p>\n
Precisamente, en la sentencia T-131 de 2005, la Corte Constitucional concluy\u00f3 que, si bien comprend\u00eda los obst\u00e1culos que hab\u00eda tenido que afrontar la Fiscal\u00eda, era inaceptable que, despu\u00e9s de tantos a\u00f1os de expedida la Constituci\u00f3n de 1991, todav\u00eda no funcionara el r\u00e9gimen de carrera en esa entidad. Por eso, le orden\u00f3 al Fiscal General de la Naci\u00f3n que, en los tres meses siguientes, le enviara un plan de implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera en la entidad, el cual habr\u00eda de incluir un cronograma e indicadores de medici\u00f3n de resultados y cuya ejecuci\u00f3n deber\u00eda estar concluida para el 1\u00ba de julio de 2006. <\/p>\n
La decisi\u00f3n de la Corte es de gran importancia. De acuerdo con la Ley 938 de 2004, el nuevo Estatuto Org\u00e1nico de la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n, a partir del 1\u00ba de enero de 2005 la planta de personal de la Fiscal\u00eda asciende a 18.500 servidores. Este n\u00famero de empleados se ir\u00e1 reduciendo paulatinamente, hasta llegar a 15.109 servidores, el 1\u00ba de enero de 2009. Como se ve, con todo y que se prev\u00e9 la reducci\u00f3n de su personal, la Fiscal\u00eda cuenta con un verdadero ej\u00e9rcito de servidores. <\/p>\n
Como ya se indic\u00f3, la inmensa mayor\u00eda de esos cargos es de carrera. La orden de que se implemente pronto el sistema de carrera en la entidad habr\u00e1 de impedir que esos empleos sean provistos atendiendo a razones distintas al m\u00e9rito. Por otra parte, la convocatoria de los concursos permitir\u00e1 que los funcionarios que se posesionen en propiedad act\u00faen en forma independiente e imparcial, sin temor de ser expulsados de la entidad por el resultado de sus investigaciones. <\/p>\n
La Fiscal\u00eda posee un extenso poder que le posibilita afectar los derechos fundamentales de los ciudadanos. Adem\u00e1s, la definici\u00f3n contenida en la reforma constitucional de 2002 acerca de que la Fiscal\u00eda tendr\u00e1 una estructura jerarquizada podr\u00eda conducir a otorgarle aun m\u00e1s facultades al Fiscal General. La profesionalizaci\u00f3n del servicio en la Fiscal\u00eda, a trav\u00e9s de la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera en la entidad, constituir\u00e1 un mecanismo muy \u00fatil para evitar el desbordamiento y el abuso de esos poderes. <\/p>\n
Evidentemente, la implementaci\u00f3n del r\u00e9gimen de carrera en la Fiscal\u00eda General de la Naci\u00f3n ser\u00e1 una misi\u00f3n muy exigente. Por eso, es importante que el nuevo Fiscal comprenda que ella constituir\u00e1 uno de los grandes retos de su administraci\u00f3n y que su labor al frente de la entidad ser\u00e1 medida tambi\u00e9n a partir del cumplimiento de lo ordenado en la sentencia T-131 de 2005 de la Corte Constitucional. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Be who it may, the new public prosecutor will have to watch out because the permanency in positions of the State does not depend on political influences. Juan Fernando Jaramillo, of Dejusticia, explains why.<\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25362","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n