Es imposible discutir en pocas l\u00edneas todos los interrogantes que suscita la reci\u00e9n sancionada Ley 975 de 2005 o de justicia y paz. Por ello me concentro en un s\u00f3lo tema: \u00bfhasta qu\u00e9 punto esa ley establece mecanismos procesales que permitan realmente conocer los cr\u00edmenes cometidos por los grupos armados al margen de la ley que se beneficien de ella y poder as\u00ed esclarecer la verdad? <\/p>\n
El motivo de mi escogencia es el siguiente: la verdad es el presupuesto b\u00e1sico de cualquier proceso de paz respetuoso de los derechos de las v\u00edctimas. Y es que si no hay verdad, dif\u00edcilmente puede existir reparaci\u00f3n o castigo, pues no se sabr\u00eda a qui\u00e9n castigar ni a qui\u00e9n reparar. Igualmente, si la sociedad no comprende lo que pas\u00f3, dif\u00edcilmente puede poner en marcha mecanismos que impidan la recurrencia de esas conductas atroces. No habr\u00eda entonces ninguna garant\u00eda de no repetici\u00f3n. <\/p>\n
Las exigencias de la paz pueden entonces flexibilizar el deber de castigo de las atrocidades cometidas en el pasado. Se admite incluso que la escasez de recursos pueda limitar, en la pr\u00e1ctica, los alcances de las reparaciones. <\/p>\n
Sin embargo, un punto en donde no parece haber raz\u00f3n alguna para hacer concesiones es en el derecho a la verdad, que implica el deber estatal de esclarecer y recordar lo que ha pasado. Hay dos razones de peso que justifican la obligaci\u00f3n. Primera, para garantizar a la sociedad la no repetici\u00f3n de hechos violentos de este tipo, a trav\u00e9s de la divulgaci\u00f3n, asimilaci\u00f3n y discusi\u00f3n de lo ocurrido y de la adopci\u00f3n de medidas de prevenci\u00f3n contra la criminalidad. Y segunda, para dar a conocer a las v\u00edctimas y a sus familiares la verdad de lo que ha sucedido. <\/p>\n
La presente ley le apuesta esencialmente a una verdad judicial, pues no prev\u00e9 -aunque no excluye- otras formas de reconstrucci\u00f3n de lo sucedido, que hacen parte ya de las “recetas” de la justicia transicional, como las comisiones de verdad. Esa opci\u00f3n es discutible pero explicable. <\/p>\n
Es discutible, porque la verdad obtenida judicialmente, por importante que sea, tiende a ser fragmentaria y no siempre permite tener un panorama de conjunto de la situaci\u00f3n de violencia y de atropellos a la dignidad humana. Cada caso tiende a ser decidido individualmente, aunque no tiene que ser obligatoriamente as\u00ed. Por ello las comisiones de verdad han resultado ineludibles en las transiciones contempor\u00e1neas para lograr realmente un esclarecimiento de lo sucedido. <\/p>\n
Pero la opci\u00f3n por la verdad judicial en la actual coyuntura es explicable, pues puede ser dif\u00edcil y riesgoso poner en marcha una comisi\u00f3n de verdad en medio del conflicto y frente a uno de los actores de la violencia \u00fanicamente. Con ello no estoy cerrando la discusi\u00f3n sobre la conveniencia o no de la existencia de una comisi\u00f3n de verdad sobre el paramilitarismo. Estoy simplemente tratando de tomar en serio las razones de la ley por preferir en este momento la verdad judicial. <\/p>\n
En esas condiciones, si la verdad es el presupuesto de toda transici\u00f3n democr\u00e1ticamente exitosa, y si la Ley de justicia y paz le apuesta a una verdad esencialmente judicial, entonces la ley deber\u00eda garantizar que los procesos judiciales permitan esclarecer la realidad del paramilitarismo. La gran pregunta es si la ley de justicia y paz permite alcanzar -o satisfacer- el derecho a la verdad de las v\u00edctimas, conocer c\u00f3mo operaban los grupos que se acojan a ella para evitar que contin\u00faen operando y proveer a la sociedad de un relato hist\u00f3rico colectivo y fidedigno sobre esa realidad oculta y fragmentada. <\/p>\n
Frente a los procesos de paz del pasado, que tendieron a fundarse en el perd\u00f3n y el olvido, la presente ley es un avance, pues reconoce el deber de las autoridades de esclarecer los cr\u00edmenes atroces. Ese planteamiento de principio es positivo, pues parecer\u00eda significar que Colombia estar\u00eda saliendo de los perdones amn\u00e9sicos, que tanto da\u00f1o nos hicieron en el pasado. El problema es que esa declaraci\u00f3n no se acompa\u00f1a de los mecanismos procesales apropiados para realmente lograr la verdad, como lo muestra una breve descripci\u00f3n del procedimiento previsto. <\/p>\n
El desmovilizado debe rendir una versi\u00f3n libre ante las autoridades, en la cual no est\u00e1 obligado a decir la verdad. En los siguientes 60 d\u00edas, la Fiscal\u00eda investiga su participaci\u00f3n en los hechos atroces que hubiera podido cometer, para luego formularle unos cargos, que la persona puede o no aceptar. Si los admite, entonces recibe los beneficios de la ley, que significan que no recibe la pena ordinaria del c\u00f3digo penal (por ejemplo, 60 a\u00f1os por masacres y secuestros) sino una “pena alternativa”, que no podr\u00e1 ser en ning\u00fan caso superior a ocho a\u00f1os, sin importar en cu\u00e1ntos actos atroces haya participado, siempre y cuando haya aceptado haberlos cometido. <\/p>\n
Aquellos hechos que el desmovilizado no confiese podr\u00e1n, en principio, ser investigados y sancionados posteriormente con todo el peso de la ley. Pero el desmovilizado tiene la posibilidad de aceptar los nuevos cargos por esos delitos que no confes\u00f3, y entonces ya no recibir\u00e1 todo el peso de la ley; podr\u00e1 obtener los beneficios de la pena alternativa tambi\u00e9n para esos cr\u00edmenes. Los nuevos beneficios se acumulan con los anteriores, de manera que si en un primer momento pag\u00f3 una pena de prisi\u00f3n, \u00e9sta ser\u00e1 contabilizada para decidir cu\u00e1nto le queda por cumplir, sin que nunca la privaci\u00f3n de libertad sea superior a ocho a\u00f1os. El desmovilizado s\u00f3lo tendr\u00eda una agravante del 20% de la pena alternativa si los nuevos hechos son muy graves; y s\u00f3lo perder\u00eda la posibilidad de obtener esos nuevos beneficios si la Fiscal\u00eda comprueba que la omisi\u00f3n de la confesi\u00f3n fue intencional, lo cual es dif\u00edcil. <\/p>\n
La ley no exige entonces la confesi\u00f3n plena de todos los delitos atroces como requisito para que las personas accedan a los beneficios de reducci\u00f3n generosa de la pena. <\/p>\n
El argumento jur\u00eddico invocado por el Gobierno fue que la exigencia de la confesi\u00f3n plena violaba el derecho fundamental de toda persona a no declarar contra s\u00ed misma. Pero esa tesis es equivocada y contradictoria. <\/p>\n
Es equivocada porque el derecho a la no autoincriminaci\u00f3n no excluye que el Estado conceda beneficios punitivos a aquella persona que confiese un delito, siempre y cuando esa confesi\u00f3n sea libre. La jurisprudencia constitucional nacional y comparada sobre el tema es abundante. Y eso es aun m\u00e1s claro en las condiciones excepcionales de la justicia transicional, pues en esos casos la sociedad otorga beneficios punitivos generosos a los desmovilizados responsables de delitos atroces. Pero, a cambio, bien puede la sociedad imponerles el deber de revelar su participaci\u00f3n en esos hechos, tal y como se hizo en el proceso de paz surafricano. <\/p>\n
La tesis gubernamental es adem\u00e1s contradictoria. No es posible atacar la exigencia de una confesi\u00f3n plena y fidedigna de todos los delitos cometidos por el miembro de una organizaci\u00f3n criminal para la obtenci\u00f3n de ciertos beneficios punitivos, con el argumento de que la misma viola el derecho a la no autoincriminaci\u00f3n, mientras que al mismo tiempo se defiende la existencia de un proceso de paz negociado y de una ley que ofrece beneficios penales a quienes se desmovilicen. Esto es, a quienes confiesen que son miembros de grupos armados al margen de la ley. <\/p>\n
Le ley no establece entonces, pudiendo haberlo hecho, un verdadero incentivo para que el desmovilizado suministre informaci\u00f3n nueva al Estado. Muy posiblemente el desmovilizado se limitar\u00e1 a informar acerca de los delitos que teme que el Estado ya conoce. <\/p>\n
Ahora bien, hasta la fecha no es mucho lo que la Fiscal\u00eda sabe de los cr\u00edmenes cometidos por los grupos armados al margen de la ley, a quienes se podr\u00eda aplicar esta ley. En efecto, dadas las dificultades de la investigaci\u00f3n en estos temas y las graves deficiencias t\u00e9cnicas e institucionales con las que contamos, es muy poco lo que la Fiscal\u00eda sabe sobre los verdaderos responsables de los delitos, sobre las tierras forzosamente expropiadas, sobre el destino de los secuestrados y de los cuerpos de personas asesinadas o desaparecidas y sobre el funcionamiento interno y los patrones que han seguido en la comisi\u00f3n de cr\u00edmenes de guerra o lesa humanidad. <\/p>\n
Las herramientas con que cuenta actualmente la Fiscal\u00eda para investigar sistem\u00e1tica y exhaustivamente delitos, como los de lesa humanidad, que son por definici\u00f3n complejos, no son las m\u00e1s id\u00f3neas. La creaci\u00f3n de una unidad espec\u00edfica para investigar esos cr\u00edmenes, como la prevista por la ley, puede ser importante. Sin embargo, en la medida en que la ley no incentiva vigorosamente el suministro de informaci\u00f3n por los desmovilizados, y contempla un procedimiento oral y expedito, en el que existe un per\u00edodo de tiempo muy corto para que la Fiscal\u00eda investigue los delitos no confesados, los resultados de esta unidad no parecen prometedores. <\/p>\n
Esas dos caracter\u00edsticas -no exigencia de confesi\u00f3n y plazo muy corto de investigaci\u00f3n- restringen en gran medida la posibilidad de que la Fiscal\u00eda logre cumplir con la exigencia de verdad, en reemplazo de la muy probablemente inexistente confesi\u00f3n de los desmovilizados. <\/p>\n
La presente ley, a pesar de su importante declaraci\u00f3n de principio en favor del derecho a la verdad, no establece entonces las herramientas suficientes para que el Estado logre la reconstrucci\u00f3n, siquiera fragmentaria, de la verdad del fen\u00f3meno paramilitar, que se pretende superar. Se perdi\u00f3 entonces una oportunidad para hacer un procedimiento de verdad para la verdad. <\/p>\n
Pero hay otras opiniones. El reci\u00e9n electo Fiscal General defendi\u00f3, como viceministro, las bondades de esta ley. En su nuevo cargo debe demostrar que es posible alcanzar la verdad con esa ley. Ojal\u00e1 tenga raz\u00f3n. Pero, en todo caso, la vigilancia cr\u00edtica de la opini\u00f3n p\u00fablica y el ojo atento de la comunidad internacional ser\u00e1n decisivos para que se logren esas promesas. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny thinks that it is unfortunate that the law of justice and peace does not establish appropriate legal media to reach the truth.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25366","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n