En agosto, la Divisi\u00f3n de Asistencia Electoral de la secretar\u00eda general de las Naciones Unidas (DAE), el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), la Agencia Colombiana de Cooperaci\u00f3n Internacional (ACCI) y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil presentaron el informe “Proyecto Integral para la Modernizaci\u00f3n del Sistema Electoral Colombiano”, en el cual se propone una serie de reformas en materia electoral. <\/p>\n
El informe se concentr\u00f3 en distintos temas. Dentro de los m\u00e1s importantes se encuentra el de las carencias de la organizaci\u00f3n electoral colombiana en materia de autonom\u00eda. All\u00ed se resalta la necesidad de que el Consejo Nacional Electoral no sea un \u00f3rgano de representaci\u00f3n partidista. Propone evaluar la necesidad de dotar de facultades judiciales y de autonom\u00eda presupuestal y administrativa al Consejo. Los hallazgos del estudio exigen repensar el modelo de organizaci\u00f3n electoral en el pa\u00eds y, particularmente, los desaciertos introducidos en este campo mediante la reforma pol\u00edtica de 2003. <\/p>\n
Con el fin de ponerle punto final a las tradicionales pr\u00e1cticas de manipulaci\u00f3n de los procesos electorales, desde mediados del siglo pasado, distintos pa\u00edses latinoamericanos comenzaron a confiar la organizaci\u00f3n y el juicio de las elecciones a organismos que gozan de autonom\u00eda con relaci\u00f3n a los poderes Ejecutivo y Legislativo. <\/p>\n
Con el tiempo, se han venido confiando cada vez m\u00e1s atribuciones a los organismos electorales, raz\u00f3n por la cual se han convertido en instituciones decisivas para la legitimidad de los procesos electorales y del sistema democr\u00e1tico. As\u00ed, aun cuando con diferencias entre los pa\u00edses, por lo general ellos est\u00e1n encargados de todas las tareas de preparaci\u00f3n y administraci\u00f3n de las elecciones; de formar el registro civil, el registro de ciudadanos y el censo electoral; de juzgar definitivamente sobre las elecciones; de reglamentar la ley electoral y de partidos pol\u00edticos; de otorgar y extinguir la personer\u00eda de los partidos y los movimientos pol\u00edticos, de decidir sobre sus conflictos internos, y de controlar o participar en el control de sus finanzas, etc. Igualmente, para garantizar su independencia, en algunos pa\u00edses se les ha concedido un tratamiento especial en materia presupuestal. <\/p>\n
Tambi\u00e9n Colombia se sum\u00f3 a la tendencia de independizar la organizaci\u00f3n electoral y asignarle m\u00faltiples facultades. En 1948 se cre\u00f3 el modelo de organizaci\u00f3n electoral actualmente existente en el pa\u00eds, con la Corte Electoral -hoy Consejo Nacional Electoral- encargada de la direcci\u00f3n y la vigilancia general de las elecciones, y la Registradur\u00eda Nacional del Estado Civil, a cargo de la organizaci\u00f3n y la administraci\u00f3n de las elecciones. Desde aquella oportunidad se decidi\u00f3 que los cargos directivos de la organizaci\u00f3n electoral fueran entregados a los partidos liberal y conservador, para que se controlaran mutuamente en el desarrollo de los procesos electorales. <\/p>\n
De manera general, el control de los dos partidos tradicionales sobre la organizaci\u00f3n electoral les otorg\u00f3 legitimidad a los procesos electorales. Por eso, en la Constituci\u00f3n de 1991 se decidi\u00f3 que la organizaci\u00f3n electoral continuara bajo el control de los partidos. Sin embargo, se decidi\u00f3 modificar la forma de integraci\u00f3n del Consejo Nacional Electoral para cumplir con el prop\u00f3sito de abrir el espacio pol\u00edtico a otros partidos y movimientos. De esta forma, se dispuso que el Consejo deb\u00eda reflejar la composici\u00f3n pol\u00edtica del Congreso de la Rep\u00fablica y que sus magistrados ser\u00edan designados por el Consejo de Estado sobre ternas presentadas por los partidos pol\u00edticos. Luego, la Ley de Partidos agreg\u00f3 que en el Consejo habr\u00eda dos puestos para los partidos de oposici\u00f3n m\u00e1s votados que no hubieran alcanzado a tener representaci\u00f3n en el Consejo y no estuvieran participando en el gobierno. <\/p>\n
Las normas indicadas fueron modificadas mediante la reforma pol\u00edtica aprobada mediante el Acto Legislativo 01 de 2003. En ella se decidi\u00f3 que los miembros del Consejo Nacional Electoral ser\u00e1n elegidos por el Congreso de la Rep\u00fablica en pleno, sobre listas de candidatos presentadas por los partidos y los movimientos pol\u00edticos con personer\u00eda jur\u00eddica. Adem\u00e1s, en la reforma se determin\u00f3 que el Registrador Nacional del Estado Civil ya no ser\u00e1 nombrado por el Consejo Nacional Electoral, sino por los presidentes de la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia y el Consejo de Estado, mediante un concurso de m\u00e9ritos. <\/p>\n
Los mecanismos de integraci\u00f3n del Consejo Nacional Electoral dispuestos en la Constituci\u00f3n de 1991 y en la reforma pol\u00edtica de 2003 son inadecuados. El simple hecho de que los miembros del Consejo sean nombrados con base en las propuestas presentadas por los grupos pol\u00edticos implica que estos delegados adquieran compromisos con sus partidos, lo cual, por lo menos, dificulta que ejerzan sus funciones de manera absolutamente imparcial. Adem\u00e1s, las dos f\u00f3rmulas permiten que un partido o una coalici\u00f3n controle la mayor\u00eda de los asientos del Consejo. Si bien ello no le permite autom\u00e1ticamente imponer sus intereses, dado que el C\u00f3digo Electoral establece -todav\u00eda- que para las decisiones se requiere una mayor\u00eda de las dos terceras partes de los integrantes del organismo, s\u00ed le posibilita impedir resoluciones en contra de ellos. <\/p>\n
Pero el mecanismo dispuesto por la reforma pol\u00edtica es peor, pues elimina el papel moderador que pod\u00eda desempe\u00f1ar el Consejo de Estado en los nombramientos y suprime el derecho de los partidos minoritarios de contar con puestos en el Consejo Nacional Electoral. De esta forma, el Consejo pasa a ser manejado por la voluntad de las mayor\u00edas pol\u00edticas en el Congreso, lo cual constituye un contrasentido para su misi\u00f3n de garantizarles a todos los partidos la honestidad y la equidad en los procesos electorales. De otra parte, dado que en adelante el Registrador no va a ser nombrado o removido por el Consejo, se puede prever que en el futuro se presentar\u00e1n conflictos entre estas dos instancias, tal como el que se dio recientemente alrededor de la implantaci\u00f3n del voto electr\u00f3nico, que condujo al hundimiento del proyecto de reforma electoral que cursaba en el Congreso de la Rep\u00fablica. <\/p>\n
La \u00faltima reforma de la organizaci\u00f3n electoral ha pasado casi inadvertida, a pesar de los serios problemas que alberga. Por eso es muy importante que el estudio de la ONU haya destacado la necesidad de debatir sobre ella y sobre el control de la organizaci\u00f3n electoral por parte de los partidos pol\u00edticos, con todos los peligros que ello genera para la garant\u00eda de unas elecciones confiables. <\/p>\n
El informe de la ONU propone -con muy buen juicio- darle un revolc\u00f3n a la organizaci\u00f3n electoral colombiana, con el objeto de otorgarle independencia respecto de los intereses pol\u00edticos y de dotarla de funciones judiciales y de autonom\u00eda presupuestal. En realidad, lo ideal ser\u00eda crear un verdadero poder electoral, independiente de los partidos pol\u00edticos y con facultades judiciales, que garantice la transparencia de las elecciones para todos los partidos. Para ello ser\u00eda conveniente que sus magistrados fueran elegidos a la manera de los miembros de la Corte Constitucional, mediante un procedimiento en el que intervengan organismos pol\u00edticos y judiciales, con el objeto de morigerar la influencia pol\u00edtica en los nombramientos. <\/p>\n
El informe de la ONU sent\u00f3 las bases para el debate. Solamente queda esperar que las instancias pol\u00edticas adviertan tambi\u00e9n los riesgos existentes e introduzcan las reformas necesarias para garantizar la credibilidad y la legitimidad de los procesos electorales.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Juan Fernando Jaramillo, investigator of Dejusticia, invites the re-evaluation of the electoral organization model in Colombia, based on the latest report of the UN. <\/p>\n","protected":false},"author":21,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25384","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n