En 1979, con ocasi\u00f3n del primer Foro de Derechos Humanos en Colombia, Alfonso Reyes Echand\u00eda -quien a\u00fan no era magistrado de la Corte Suprema- present\u00f3 una notable ponencia sobre el abuso del estado de sitio en nuestro pa\u00eds. Conclu\u00eda que los riesgos de dicho abuso eran que “la democracia puede ser desvirtuada en nombre de la democracia”.<\/p>\n
Dolorosamente, sus palabras fueron prof\u00e9ticas. La doble toma del Palacio de Justicia sintetiza tr\u00e1gicamente ese riesgo, pues la democracia colombiana pr\u00e1cticamente fue destruida, pero en nombre de la defensa de la democracia. <\/p>\n
La primera toma de ese fat\u00eddico 6 de noviembre de 1985 fue hecha en nombre de la democracia, pues el ataque del M-19 se llamaba “Operaci\u00f3n Antonio Nari\u00f1o por los Derechos del Hombre”. Esa agrupaci\u00f3n planteaba presentar una “demanda armada” para que la Corte Suprema juzgara al presidente Betancur por el incumplimiento de los acuerdos de paz que el Gobierno y el grupo guerrillero hab\u00edan firmado en agosto de 1984. <\/p>\n
Mucho se podr\u00eda discutir sobre esa curiosa combinaci\u00f3n de legalismo y violencia que nos caracteriza a los colombianos y que se encuentra resumida en la expresi\u00f3n “demanda armada”, usada por el M-19 en ese operativo. No parece muy coherente aprisionar violentamente a unos magistrados para presentarles una demanda judicial, que luego deber\u00edan analizar imparcialmente mientras est\u00e1n en manos de sus captores. <\/p>\n
Pero, m\u00e1s contradictorio a\u00fan es que esa toma violenta se haya hecho en nombre de los derechos humanos y de la democracia. Es cierto que el pensamiento democr\u00e1tico admite en situaciones extremas el derecho de rebeli\u00f3n frente a reg\u00edmenes tir\u00e1nicos. Pero tambi\u00e9n es claro que los derechos humanos y la democracia tienen en su coraz\u00f3n una \u00e9tica de la moderaci\u00f3n en el uso de los medios para alcanzar ciertos fines. Y es que as\u00ed como hay fines que por su perversidad no justifican el uso de ning\u00fan medio, existen medios que por su desmesura no pueden ser justificados ni siquiera por los fines m\u00e1s nobles. Por ello, si bien la democracia y los derechos humanos son valores dignos de ser defendidos, existen medios injustificables para su defensa.<\/p>\n
Resultaba entonces inaceptable tomar como rehenes a los magistrados y ponerlos en grave peligro para imponer “democr\u00e1ticamente” una “demanda armada”.<\/p>\n
Pero a la injustificable toma del Palacio por el M-19 respondieron el gobierno y la Fuerza P\u00fablica con un operativo igualmente injustificable, pues en ning\u00fan momento tomaron las medidas b\u00e1sicas para proteger la vida de los rehenes. Los angustiosos llamados del Presidente de la Corte para que se suspendiera temporalmente el operativo militar para proteger la vida de los rehenes no fueron escuchados por el presidente Betancur. Los principios elementales del derecho internacional humanitario fueron irrespetados abiertamente en esa operaci\u00f3n de guerra. Los ataques de la Fuerza P\u00fablica fueron desproporcionados y no tomaron las m\u00ednimas precauciones para proteger a la poblaci\u00f3n civil. <\/p>\n
Todo esto condujo a la muerte de m\u00e1s de un centenar de personas, entre ellos 11 magistrados de la Corte Suprema. Adem\u00e1s, numerosas personas se encuentran a\u00fan desaparecidas.<\/p>\n
No estoy entonces argumentando que el Gobierno debi\u00f3 haber cedido ante la violencia del M-19, sino que la situaci\u00f3n no pod\u00eda ser enfrentada con ese desprecio que se mostr\u00f3 por la vida de los rehenes y la integridad de la c\u00fapula judicial. Otros manejos eran posibles.<\/p>\n
La paradoja es que esa violenta contratoma fue hecha tambi\u00e9n en nombre de la defensa de la democracia. Todos recordamos las palabras del coronel Alfonso Plazas cuando respondi\u00f3 a un periodista que le preguntaba sobre lo que estaba haciendo al atacar con tanques y morteros un edificio lleno de rehenes. Su respuesta fue: “\u00a1Defendiendo la democracia, maestro!” Por su parte, pocos d\u00edas despu\u00e9s, el entonces comandante del Ej\u00e9rcito, general Samudio, justificaba esa contratoma como un ejemplo ante el mundo de c\u00f3mo se deb\u00eda conducir la lucha contra el terrorismo. <\/p>\n
Esta “ejemplar” defensa de la democracia tuvo, empero, grav\u00edsimos costos humanos y democr\u00e1ticos. A\u00fan 20 a\u00f1os despu\u00e9s, el sufrimiento ocasionado por las muertes y las desapariciones sigue siendo enorme para los familiares y amigos de las v\u00edctimas. Pero, adem\u00e1s, el holocausto tuvo consecuencias institucionales y sociales muy graves. Los operativos militares dejaron un terrible mensaje: en Colombia la vida de los funcionarios y la rama judicial pod\u00edan ser sacrificadas en nombre del \u00e9xito militar, y eso en forma impune. <\/p>\n
Ese desprecio impune por la vida de los rehenes en el centro de Bogot\u00e1 indudablemente estimul\u00f3 adicionalmente un desprecio por la vida semejante en todo el pa\u00eds.\u00bfPodemos entonces extra\u00f1arnos de que la guerra sucia y la violencia homicida se hayan disparado a partir de esos hechos?<\/p>\n
Los hechos del Palacio pusieron adem\u00e1s en evidencia que la rama judicial era doblemente vulnerable: mostraron que incluso su c\u00fapula -la Corte Suprema y el Consejo de Estado- estaba pr\u00e1cticamente indefensa frente a ataques violentos de actores ilegales como la guerrilla. Pero tambi\u00e9n que estaba indefensa frente a las reacciones igualmente violentas del poder ejecutivo y de la Fuerza P\u00fablica. Como lo dijera recientemente en la revista Alma Mater de la Universidad de Antioquia el entonces Presidente del Consejo de Estado, Carlos Betancur, el mayor error del M-19 al planear la toma fue su “torpe convicci\u00f3n de que el poder judicial era importante en Colombia y que con esa toma se paralizar\u00eda el pa\u00eds”.<\/p>\n
Si la existencia de un poder judicial independiente es un elemento esencial de la democracia, entonces una primera ense\u00f1anza del Palacio de Justicia es que es necesario superar esa doble vulnerabilidad del sistema judicial, protegiendo a los jueces frente a los actores privados pero, as\u00ed mismo, asegurando su respeto por parte de los otros poderes del Estado. A partir de la Constituci\u00f3n de 1991 ha habido algunos avances en ambos aspectos, pero todav\u00eda falta mucho en este aspecto.<\/p>\n
El holocausto deja otra dura e importante ense\u00f1anza. Muestra que no todo vale en la defensa de la democracia. Para la preservaci\u00f3n de los valores democr\u00e1ticos pueden ser tan peligrosos los actos terroristas como la respuesta desmesurada del propio Estado frente a esos actos. <\/p>\n
Por ello es tambi\u00e9n importante que los colombianos esclarezcamos qu\u00e9 fue lo que realmente ocurri\u00f3. No s\u00f3lo los familiares de los muertos y desaparecidos tienen derecho a saber que pas\u00f3 con sus seres queridos, sino que, adem\u00e1s, la sociedad tiene el deber de recordar esas atrocidades, para preservar la memoria de esas v\u00edctimas y evitar que hechos de esa naturaleza puedan repetirse. Ojal\u00e1 la comisi\u00f3n que recientemente fue integrada por la Corte Suprema de Justicia, con personas decentes y serias, pueda ayudarnos, de una vez por todas, a superar las verdades a medias y reconstruir un relato colectivo e integral de lo que sucedi\u00f3 en esos terribles d\u00edas.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny states that the double take on the Law Court, with its enormous suffering, should teach us the danger of supporting an unlimited defense of institutions.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25449","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n