La inhibici\u00f3n de la Corte frente a la demanda que solicitaba la despenalizaci\u00f3n parcial del aborto dej\u00f3 en el limbo ese debate constitucional. La Corte revivi\u00f3 entonces esa figura teol\u00f3gica que la Iglesia cat\u00f3lica justo acababa de abandonar.
\nNo soy te\u00f3logo y no s\u00e9 muy bien si las razones dadas por la Iglesia para desechar el limbo fueron o no s\u00f3lidas; pero, en cambio, como abogado, me parecieron poco convincentes los argumentos de la Corte para dejar en el limbo, al menos por unos meses, esta trascendental discusi\u00f3n constitucional.
\nLa demanda ped\u00eda dos cosas: que la Corte declarara inconstitucional el art\u00edculo 122 del C\u00f3digo penal, que penaliza el aborto. O en subsidio, que la Corte expidiera una sentencia de “constitucionalidad condicionada”, en donde dijera que la penalizaci\u00f3n del aborto se tornaba ileg\u00edtima en tres hip\u00f3tesis: violaci\u00f3n, peligro a la vida o salud de la mujer, o graves malformaciones del feto. La ciudadana M\u00f3nica Roa daba muchas razones jur\u00eddicas y emp\u00edricas para sustentar sus peticiones.
\nLa tesis de la Corte, seg\u00fan el comunicado de prensa, es que la demanda era inepta o defectuosa, y por ello no permit\u00eda un pronunciamiento de fondo, b\u00e1sicamente por dos motivos: (i) que una demanda de “constitucionalidad condicionada” es siempre inepta, pues los ciudadanos tienen derecho a demandar la inconstitucionalidad de las leyes, pero no su constitucionalidad; y (ii) que no se acusaron todas las normas que ten\u00edan que ser demandadas, por lo cual la Corte no puede decidir el asunto. Sin embargo, esas consideraciones no son jur\u00eddicamente s\u00f3lidas, como paso a explicarlo.
\nPara analizar la validez del primer argumento, conviene recordar que una sentencia condicionada es aquella en donde la Corte declara constitucional la norma acusada, pero siempre y cuando se la interprete de determinada forma. Por ejemplo, la sentencia C-542 de 1993 declar\u00f3 constitucional el art\u00edculo 12 de la Ley 40 de 1993, que penaliza a quienes intermedien secuestros, pero precis\u00f3 que no se pod\u00eda aplicar a aquellos que intermediaban, no por negocio, sino para salvar las vidas de los secuestrados,
\nEl argumento para la inhibici\u00f3n es entonces que un ciudadano no puede pedir una constitucionalidad condicionada, pues no habr\u00eda realmente demanda de inconstitucionalidad, sino de constitucionalidad. Y el comunicado cit\u00f3 algunos precedentes que mostrar\u00edan que es una jurisprudencia consolidada.
\nA primera vista, ese argumento, por formalista que sea, suena, pues es cierto que la facultad que el art\u00edculo 241 de la Constituci\u00f3n confiere a los ciudadanos es la de presentar “demandas de inconstitucionalidad”. Pero un examen m\u00e1s atento muestra que se trata de una tesis insostenible.
\nEn primer t\u00e9rmino, es un argumento il\u00f3gico, pues si la Corte tiene la facultad de emitir constitucionalidades condicionadas, \u00bfpor qu\u00e9 no pueden los ciudadanos solicitarle que lo haga?
\nEn segundo t\u00e9rmino, es una doctrina conceptualmente err\u00f3nea, pues olvida que declarar constitucional una norma, pero si se la entiende de cierta forma, equivale a declarar que otras interpretaciones de esa norma son inconstitucionales. Una solicitud de constitucionalidad condicionada es entonces, en el fondo, una petici\u00f3n de inconstitucionalidad de ciertos entendimientos de la norma, como lo ha reconocido la propia Corte (ver sentencia C-362 de 2001). Es pues materialmente una demanda de inexequibilidad, aunque formalmente el ciudadano hable de constitucionalidad condicionada.
\nEn tercer t\u00e9rmino, esta tesis obliga a los ciudadanos a ser inconsistentes, y en cierta medida hip\u00f3critas, pues \u00bfqu\u00e9 puede hacer aquel ciudadano que considera que una norma es constitucional, pero que en ciertos eventos se torna inconstitucional? Tendr\u00eda que demandar la inconstitucionalidad de la norma y entre l\u00edneas sugerirle a la Corte que lo que realmente quiere es una constitucionalidad condicionada. Pues si osa ser franco y pide la constitucionalidad condicionada, su demanda ser\u00eda inepta.
\nPor \u00faltimo, no es claro que esta tesis exprese una l\u00ednea jurisprudencial consolidada. Es cierto que en algunos casos aislados, como la sentencia C-508 de 2004, la Corte ha desechado las solicitudes de constitucionalidad condicionada. Pero tambi\u00e9n en otros casos, ese tribunal ha decidido de fondo demandas en donde la \u00fanica petici\u00f3n ciudadana era precisamente una constitucionalidad condicionada. Basta citar como ejemplos las sentencias C-426 de 2002 y C-569 de 2004, que no tuvieron salvamentos de voto.
\nEl segundo argumento para la inhibici\u00f3n fue que la demandante no hab\u00eda acusado otras disposiciones que eran relevantes, como el art\u00edculo 124 que penaliza el aborto de mujer violada, pero con una sanci\u00f3n menor que la prevista para el aborto en general, en el art\u00edculo 122.
\nLa Corte consider\u00f3 que deb\u00eda inhibirse, pues no pod\u00eda declarar inconstitucional el delito de aborto, o condicionar su alcance, pues se crear\u00edan contradicciones insalvables en el C\u00f3digo Penal, que seguir\u00eda penalizando los abortos de las mujeres violadas, pero no los de las mujeres que no hab\u00edan sido violadas, lo cual ser\u00eda absurdo.
\nNuevamente aqu\u00ed la tesis de la Corte a primera vista parece s\u00f3lida. Y ser\u00eda un argumento convincente si ese tribunal nunca pudiera pronunciarse sobre normas no demandadas, pues, de ser as\u00ed, la Corte efectivamente no podr\u00eda decidir de fondo el presente asunto, ya que una decisi\u00f3n de inconstitucionalidad del art\u00edculo 122 llevar\u00eda realmente a contradicciones valorativas insostenibles. Por eso, durante la vigencia de la anterior Constituci\u00f3n, cuando la Corte Suprema ten\u00eda esa limitaci\u00f3n normativa, ese tribunal desarroll\u00f3 la tesis de la llamada “proposici\u00f3n jur\u00eddica completa”, seg\u00fan la cual, si el ciudadano no demandaba todas las normas relevantes, entonces la Corte Suprema ten\u00eda que inhibirse.
\nPero eso no sucede con la Constituci\u00f3n de 1991 pues, precisamente para evitar esas inhibiciones y esos tecnicismos legales, la Corte Constitucional fue facultada para realizar la llamada “unidad normativa”, en virtud de la cual puede, en ciertos casos, pronunciarse sobre normas que no han sido demandadas, precisamente para evitar que haya sentencias inhibitorias.
\nEs cierto que esa facultad es excepcional y tiene l\u00edmites. Y el comunicado de prensa arguye que esas condiciones no se reun\u00edan en la presente oportunidad. Pero no lo creo as\u00ed, pues toda la jurisprudencia de la Corte sobre el tema indica lo contrario. En efecto, y por s\u00f3lo citar un caso reciente, la Corte ha dicho que la unidad normativa procede, entre otras cosas, cuando el contenido declarado inconstitucional se encuentra reproducido “en otro u otros textos legales no demandados, de manera tal que la declaraci\u00f3n de la Corte -especialmente la declaraci\u00f3n de inconstitucionalidad- puede resultar inocua si no se refiere a todas las disposiciones” (Sentencia C-349 de 2004). Era obvio entonces que si la Corte conclu\u00eda que deb\u00eda condicionar el art\u00edculo 122, en el entendido de que no se pod\u00eda penalizar el aborto de mujer violada, entonces deb\u00eda hacer unidad normativa y declarar inconstitucional tambi\u00e9n el art\u00edculo 124.
\nLos dos argumentos dados por la Corte para la inhibici\u00f3n, tomados cada uno separadamente, son entonces poco convincentes. Pero tomados en conjunto, la situaci\u00f3n es aun peor, pues su fuerza, en vez de aumentar, se reduce m\u00e1s, ya que se contradicen entre s\u00ed, porque presuponen rasgos opuestos del ciudadano y de la justicia constitucional.
\nEl primer argumento postula un ciudadano poco t\u00e9cnico jur\u00eddicamente y una Corte con enorme libertad procesal, pues el demandante no puede precisar que su pretensi\u00f3n es realmente una “constitucionalidad condicionada”, aunque la Corte tiene la facultad de decretarla sin que alguien se la pida.
\nEn cambio, el segundo argumento exige todo lo contrario: demandantes avezados jur\u00eddicamente y una Corte con las manos atadas procesalmente; el ciudadano debe enumerar con exactitud todas las normas relevantes, ya que la Corte no puede realizar aut\u00f3nomamente las unidades normativas m\u00e1s naturales.
\nLa Corte debi\u00f3 entonces pronunciarse de fondo, pues los argumentos invocados para inhibirse son insostenibles. Pero, adem\u00e1s, y \u00e9se es tal vez su defecto fundamental, la nueva tesis privilegia totalmente la forma sobre la sustancia, porque establece requisitos formales a las demandas de inconstitucionalidad, que es una acci\u00f3n p\u00fablica ciudadana, que parecen m\u00e1s propios del recurso de casaci\u00f3n en sus \u00e9pocas m\u00e1s formalistas.
\nEsta evoluci\u00f3n es en s\u00ed misma cuestionable, pero lo es aun m\u00e1s su aplicaci\u00f3n en este caso, por la importancia del tema planteado en la demanda. Ojal\u00e1 entonces que esas doctrinas jur\u00eddicas restrictivas no se consoliden.
\nUna \u00faltima reflexi\u00f3n: algunos podr\u00edan argumentar que este ejercicio cr\u00edtico no tiene mucho sentido pues, como lo dije al inicio, la Corte no abort\u00f3 esta discusi\u00f3n constitucional, sino que simplemente la dej\u00f3 en el limbo por unas semanas, dado que ya fueron presentadas numerosas nuevas demandas sobre el tema, en donde se siguen las instrucciones de la Corte. Eso es cierto y es probable que en pocos meses la Corte tenga que decidir el asunto.
\nPero no comparto esa banalizaci\u00f3n del error de la Corte en esta sentencia, pues es importante que quienes hemos defendido y defendemos la labor y los fallos de la Corte en favor de la democracia y de los derechos fundamentales, seamos igualmente cr\u00edticos con sus fallas, cuando \u00e9stas ocurren. En una democracia, la solidez de las instituciones depende, en gran medida, de la vigilancia cr\u00edtica de la opini\u00f3n p\u00fablica. <\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"
Rodrigo Uprimny, Director of DJS, criticizes the legal reasons given by the Court to be refrained from deciding the demand of the legalization of abortion.<\/p>\n","protected":false},"author":17,"featured_media":0,"comment_status":"closed","ping_status":"closed","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"_acf_changed":false,"footnotes":""},"categories":[1022],"tags":[],"class_list":["post-25473","post","type-post","status-publish","format-standard","hentry","category-uncategorized","medium-semana-en","post-scope-aaa-not-blog"],"acf":[],"yoast_head":"\n